La CEPB señaló en un comunicado que “el diferimiento de pago de cuotas, impuesto verticalmente y sin ningún consenso con los actores económicos directamente involucrados, es una de las formas más regresivas de intervención estatal”
[Foto: CEPB] / Una reunión de la CEPB
Fuente: Unitel
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha cuestionado el proyecto de Ley 547/2024- 2025, con el cual se pretende diferir una vez más el pago de cuotas de créditos para vivienda social y de micro y pequeñas empresas que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados el 12 de septiembre y está en el Senado.
En ese marco, los empresarios privados pidieron que “cualquier disposición que involucre la estabilidad del sistema financiero, debe ser discutida y definida por la siguiente gestión de Gobierno, sin la presión de normas contradictorias impuestas a último momento”.
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En el documento publicado este martes, los privados advirtieron que la medida “representa un riesgo para nuestra economía debido a que pone en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero nacional”, por ello, pidieron a la Cámara Baja asumir una decisión “prudente y correcto”.
La CEPB señaló que las más afectadas son “las entidades dedicadas al microcrédito que en muchos casos sufrirían el freno en el pago de cuotas de más del 80% de su cartera vigente, lo que las colocaría al borde la suspensión de sus actividades”.
La pasada semana, el director de Estudios y Publicaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Pedro Asturizaga, indicó que “el impacto alcanzaría al 3% de todo lo que es la cartera de créditos”.
Por su lado, la directora ejecutiva de la ASFI, Ivette Espinoza, explicó que este diferimiento es diferente al de la época de la pandemia del Covid-19, que abarcaba el 100% de la cartera de créditos.
En el punto dos del documento, el empresariado remarca que “el diferimiento de pago de cuotas, impuesto verticalmente y sin ningún consenso con los actores económicos directamente involucrados, es una de las formas más regresivas de intervención estatal en la economía, y una distorsión a la relación entre los ahorristas que colocan su dinero en el sistema, los ciudadanos que recurren al crédito, y las entidades de intermediación financiera que gestionan la operación en base a acuerdos y compromisos cuyo respeto garantiza el orden y la estabilidad del sistema”.
“Comprendemos la delicada situación por la que atraviesan muchas unidades económicas y familias en nuestro país, sin embargo, reiteramos que la crisis que soportamos todos debe enfrentarse con políticas estructurales y coherentes, y no con medidas dispersas, improvisadas e inconsistentes que solo profundizan la inestabilidad y la incertidumbre”, reseña el tercer punto del manifiesto.
Para la CEPB, la postergación de pagos no afecta únicamente a las entidades financieras, ya que compromete el ahorro de las personas naturales y jurídicas, al trabajo de los gestores de créditos, a las compañías de seguros y a quienes no podrán adquirir nuevos préstamos por la falta de liquidez de las entidades financieras afectadas.
En ese contexto, puso en mesa que las anteriores experiencias de suspensión de pago de créditos, aplicadas en los últimos años, “no solucionaron ninguno de los problemas que pretendían corregir; por el contrario, aportaron a incrementar la mora y a generar una peligrosa tendencia a evadir el cumplimiento de las obligaciones contraídas”.
Los empresarios consideraron que el proyecto de Ley 547, impulsado por el Órgano Ejecutivo, “cuestiona su compromiso de garantizar una transición responsable y de evitar medidas que debiliten aún más nuestra precaria economía”.
En ese marco, pidieron “a los miembros de la Cámara de Senadores que, atendiendo a la responsabilidad que aún tienen con el país, tomen una decisión prudente y correcta respecto a esta propuesta, y que impidan la aplicación de una medida que va a profundizar la grave crisis por la que atraviesan todos los bolivianos”, se lee en la última parte del documento.