En Bolivia esta práctica siempre ha existido, aunque hoy se ha sofisticado, «los grandes contrabandistas declaran solo un 60 o 70% de lo que realmente ingresa. El resto se arregla con acuerdos internos en la Aduana», dijo el abogado y especialista en seguridad Omar Durán
Fuente: ANF / La Paz
El contrabando técnico, una práctica que aprovecha las mismas vías legales de importación, se consolida como una de las principales amenazas para la economía boliviana. Exfiscales, especialistas en seguridad y gremios de pequeños empresarios coincidieron en que este mecanismo se sostiene gracias a la complicidad de funcionarios y a vacíos en los controles aduaneros.
El exfiscal de Oruro, Orlando Zapata, aseguró que este fenómeno opera “a plena luz del día” y con un blindaje legal que lo hace difícil de enfrentar. “El contrabando técnico es como si el ladrón entrara a tu casa, se llevara cosas y tú le dieras factura”, señaló en entrevista con ANF. Según su explicación, por ejemplo, basta con declarar 500 televisores y pagar impuestos por esa cantidad, mientras en realidad ingresan 1.000, con cifras ajustadas en peso y volumen.
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La exautoridad sostuvo que este sistema involucra a “los poderosos”, que cuentan con influencias para ajustar cifras, mientras otros contrabandistas recurren al ingreso ilegal por frontera.
Zapata recordó un caso de 2022, cuando un gerente aduanero de Pastos Grandes devolvió un camión incautado al contrabando sin autorización fiscal. Para él, ese hecho ejemplifica la red de poder que sostiene este negocio. “Evitan hablar del contrabando técnico porque hay complicidad de mucha gente ahí. Nadie quiere hacer los aforos fuera de recinto porque se destaparía la verdadera magnitud del problema”, añadió.
ANF pidió una entrevista a la Aduana para conversar sobre el contrabando técnico. La Unidad de Comunicación de la institución se comprometió a contactarse con este medio cuando la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) tenga disponibilidad. Hasta el momento de la publicación no lo hizo.
El coronel en servicio pasivo Eduardo Vidaurre Clavel, especialista en temas de contrabando, explicó que esta modalidad se basa en duplicar o incluso triplicar la carga con un mismo documento. “Se importa un contenedor de determinado producto, pero ingresan tres o cuatro con el mismo manifiesto. O se declara pañales y al final la carga es línea blanca o electrónica. Esto es imposible sin la complicidad de las autoridades de control”, advirtió a ANF.
En la misma línea, el abogado y especialista en seguridad Omar Durán señaló que esta práctica siempre ha existido, aunque hoy se ha sofisticado. “Los grandes contrabandistas declaran solo un 60 o 70% de lo que realmente ingresa. El resto se arregla con acuerdos internos en la Aduana. Esto sigue existiendo y con mayor actividad”, dijo a este medio.
Durán subrayó que no importa cómo se denomine la práctica —“contrabando técnico” o “de los muñecudos”—, lo cierto es que los cargamentos ilegales representan millones de dólares que golpean directamente a la producción nacional.
Desde el Gobierno, el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Amílcar Velásquez, admitió que esta modalidad también podría darse en pasos fronterizos legales como Tambo Quemado y Guaqui. Sin embargo, sostuvo que se han reforzado las acciones para reducir el impacto. “Estamos trabajando en mayores controles y en operativos conjuntos con la Aduana y las Fuerzas Armadas”, afirmó.
Pese a esos anuncios, los gremios productivos aseguran que la realidad en los mercados es distinta. Félix Huaycho, ejecutivo de la Federación de Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Santa Cruz, advirtió que gran parte de la ropa usada y nueva que satura el mercado ingresa por esta vía.
“Son cargamentos enteros que entran legalmente con facturas gracias a coimas. No estamos hablando de comerciantes minoristas, sino de grandes volúmenes que inundan ferias y mercados. Mientras tanto, los pequeños productores apenas logran colocar su mercadería”, denunció Huaycho.
“Si seguimos así, el sector productivo va a colapsar. No hay condiciones de competitividad frente a un contrabando que tiene respaldo en papeles y funcionarios”, cuestionó.
Zapata coincidió en que el daño se mide no solo en evasión tributaria, sino también en destrucción de empleo y pérdida de confianza en las instituciones. “El Estado sabe cuánto entra realmente y cuánto se declara, pero mirar a otro lado se volvió la regla. Mientras tanto, la gente que sí paga impuestos queda en desventaja absoluta”, afirmó.
Los especialistas remarcaron que la ley tampoco ayuda, ya que solo considera delito el contrabando cuando la mercancía supera las 200.000 UFV; en montos menores, basta con pagar una multa. “Ese vacío legal termina normalizando el contrabando técnico en montos intermedios, y al final, los grandes operadores se benefician de estas grietas jurídicas”, explicó Durán.
Zapata planteó que los controles se realicen fuera de los recintos aduaneros para constatar la carga real con respecto a lo declarado. “Mientras se revise dentro, siempre se va a cuadrar peso y volumen. El control debe ser sorpresivo y externo”, sugirió.