Una nota de Brújula Digital sobre las ofertas electorales con relación al empleo, encuentra que el PDC ofrece apoyar la inversión pública y privada en infraestructura productiva, reducir burocracia, facilitar acceso a crédito, otorgar incentivos financieros y fiscales a PyMEs, luchar contra el contrabando, aumentar progresivamente el salario a trabajadores, y modernizar la normativa jurídica que regula las relaciones laborales.
En la oferta de Libre destaca que reconoce que se perderán fuentes de trabajo, por lo que repetirá experiencias del Plane y el PIE para refaccionar escuelas y hospitales, empedrar calles, etc.; apoyará el empleo en las empresas privadas, sea pagando un porcentaje de los salarios, o con un programa público de protección al desempleado para que reciban un apoyo “hasta que la economía se recupere”.
En síntesis, las propuestas de las dos candidaturas con relación al empleo, repiten temas del creciente listado de tareas pendientes que, las agendas políticas, vienen acumulando desde hace 40 años, bajo el supuesto que se puede “crear empleo por decreto”. Los “empleos” son, en realidad, “ocupaciones” remuneradas, que no necesariamente aportan a crear valor para la sociedad. El tema es uno más de muchos temas sectoriales; no es el medio para generar valor y que determina el ritmo del crecimiento económico y, como tal, no es un fin que la política económica busca como la condición para el crecimiento con desarrollo, equidad e inclusión.
Por eso, ninguna propuesta reflexiona en torno a la precariedad laboral y, menos, incluye alguna propuesta de solución al desempleo estructural, reflejado en que el 85% de la población ocupada está forzada al cuentapropismo, ante la incapacidad estructural de la economía para crear las oportunidades de empleo que el crecimiento de la sociedad demanda para superar la pobreza y la marginalidad.
Al respecto, hay que reconocer la “perversa genialidad” del FMI/BM al introducir, en los años 1980, la idea del “emprendedurismo” como eufemismo que oculta la dura realidad de la autoexplotación laboral bajo el capitalismo financiero. Con este concepto, convencieron a políticos y economistas para que lleven a la gente el mensaje que es mejor que cada uno fabrique sus propios alfileres en lugar de desarrollar y aprovechar las ventajas de la división del trabajo (el ejemplo de Adam Smith) que durante 250 años ha permitido alcanzar altos niveles de productividad en creación de valor, condición necesaria para reducir la pobreza.
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Para hacer la historia corta, el empleo digno y productivo incide directamente en el ritmo y en la tasa de crecimiento de la economía. Pero crear empleo de esas características requiere de un contexto institucional construido con esa meta: primero, una visión social del desarrollo que valore la equidad, la inclusión social y la sostenibilidad; segundo, un sólido marco institucional que garantice los derechos y las responsabilidades que contribuyan a la competitividad social; tercero, un aparato productivo que, amparado en el contexto social competitivo, mejore de forma continua la productividad de sus procesos buscando maximizar la creación de valor; y, finalmente, dado que el valor agregado sólo se materializa cuando los productos se venden, la condición determinante en el proceso de creación de valor (y empleo), es el acceso a mercados con capacidad de demanda.
En este último aspecto, los últimos 20 años han sido desastrosos al elevar el cuentapropismo del 60% al 85%. El tipo de cambio fijo, la tolerancia –colindante con incentivos, al contrabando y al comercio informal para fidelizar políticamente a sectores sociales, y la promoción del crédito para consumo, llevaron a que la relación entre las importaciones y el consumo de los hogares pasara de 35% en 2005 a casi 60% en 2022. En este mismo período, las recaudaciones de impuestos en el mercado interno prácticamente se duplicaron, pero como (casi) todos los impuestos se transfieren al precio de venta de los bienes y servicios (los paga el consumidor), el SIN quita anualmente 6.000 millones de dólares a la capacidad de consumo de los hogares.
Al mismo tiempo, la acelerada financiarización de la economía (¿socialista?), ha llevado a que el sistema financiero se lleve 4.000 millones de dólares por concepto de intereses y comisiones en cada gestión, monto que también resta capacidad de consumo. Por último, fuera del costo de la burocracia y la corrupción –que bien podría significar un gasto adicional de 1.000 millones de dólares, se estima que 4.000 millones de dólares anuales en contrabando, desplazan a la producción nacional del mercado interno.
En síntesis, cada año, por decisiones dirigidas estrictamente a generar beneficios políticos al permitir la acumulación de riqueza en sectores afines, se resta 15.000 millones de dólares a la capacidad de consumo de los hogares (demanda al aparato productivo). Es imposible generar empleo de calidad sin revertir esta realidad.
Como referencia indicativa, la productividad laboral en América Latina es de 25.000 dólares al año, y se requieren inversiones del mismo orden de magnitud para crear un puesto de trabajo productivo. Significa que Bolivia, reformulando de manera inteligente, la política tributaria, el spread financiero y el tipo de cambio, tiene, a corto plazo, la posibilidad de crear los 120.000 empleos dignos que requiere la juventud que ingresa al mercado laboral anualmente. Más aún, en 2026, solo con devolver a los hogares 4.000 millones de dólares de capacidad de consumo, amortiguaría el impacto de eliminar subsidios y subvenciones, además de reducir la demanda de dólares para consumir importaciones. ¿Aumentaría el déficit? Es posible, depende de qué medidas se tomen, pero en todo caso, no tendría por qué ser necesariamente inflacionario.
Las propuestas referidas al empleo de las dos candidaturas, son claramente insuficientes, pero tienen la gran oportunidad de poder revisarlas y, ojalá, coincidir en abordar seriamente –y de manera compartida, este tema con la fortaleza política que tendrán en la Asamblea Legislativa. Iniciar el cambio hacia el empleo digno y el crecimiento sostenido, está pues en sus voluntades.
Enrique Velazco Reckling, PhD, es investigador en desarrollo productivo.