Asoban expresó su “profunda preocupación” al señalar que, lejos de resolver los problemas económicos que atraviesa la población, una nueva postergación forzosa de pagos provocaría una “inevitable restricción del crédito”.
Fuente: eldeber.com.bo
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas negó enfáticamente que el anteproyecto de ley 547/2024-2025, que propone la suspensión temporal de la ejecución de embargos y sentencias judiciales para prestatarios de créditos de vivienda de interés social, comprometa la estabilidad y la solidez del sistema financiero.
El proyecto, que se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional y según esa cartera de Estado, no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras, sino una medida temporal, específica y focalizada.
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Por un lado, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) ha advertido que esta medida podría comprometer la estabilidad del sistema financiero y llevar a una restricción inevitable del crédito, especialmente para los sectores más vulnerables.
Por otro lado, el Ministerio de Economía argumentó que las entidades financieras deberían asumir un rol activo en la recuperación económica de sus prestatarios, basándose en la «utilidad histórica» superior a los $us 389 millones con la que cerraron la gestión 2024. El Ministerio considera que esta cifra, “la más alta hasta la fecha”, demuestra que el sector bancario cuenta con la solvencia necesaria para respaldar medidas de alivio temporal.
El anteproyecto propone una suspensión de seis meses para la ejecución de embargos y el diferimiento en el pago de deudas de prestatarios de vivienda social, así como de micro y pequeños prestatarios. La finalidad es que estos sectores puedan recuperar su actividad económica y restablecer sus flujos de caja.
Según el Gobierno, el diferimiento potencial no superaría el 3% de la cartera total. Para contextualizar, la cartera de Estado recordó que en 2020 el diferimiento de créditos representó el 10,4% del total de la cartera bruta, y al 31 de julio de 2025 este saldo se sitúa en el 1,4%, lo que, según el Ministerio, refleja una sólida cultura de pago.
La normativa —según el gobierno— responde a las solicitudes de sectores económicos afectados por bloqueos, fenómenos climatológicos y conflictos sociales. Además de proteger el derecho a la vivienda, el Ministerio aseguró que la ley también busca la continuidad de las micro y pequeñas unidades productivas, consideradas el motor de la economía nacional.
Posición de Asoban
Asoban expresó la semana pasada su “profunda preocupación” ante el proyecto de ley al señalar que, lejos de resolver los problemas económicos que atraviesa la población, una nueva postergación forzosa de pagos provocaría una “inevitable restricción del crédito”, especialmente hacia los sectores más vulnerables.
“En un momento de crítica situación económica, las empresas y familias requieren financiamiento para dar continuidad a sus actividades. Medidas como esta van en la dirección contraria”, advirtió la entidad.