Los acusados negaron cualquier vínculo con un intento de secuestro. A través de su defensa, aseguraron que viajaron desde Portachuelo con el único propósito de vender una motocicleta
Fuente: eldeber.com.bo
El juez penal de Buena Vista, Simón Alarcón, ordenó este lunes la detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Montero para Samir A., uno de los tres acusados por el presunto intento de secuestro de una joven de 20 años y una niña de 11, ocurrido en la comunidad de Santa Fe, provincia Ichilo.
En la audiencia de medidas cautelares, el juez dispuso que las otras dos implicadas, Nacira A. (hermana del principal acusado) y Milenka T. F. (su esposa), enfrenten el proceso en libertad bajo medidas de carácter personal.
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Según la denuncia de los familiares, las víctimas fueron interceptadas cuando caminaban por la zona. La joven mayor fue inmovilizada con un trapo en la boca, mientras que la niña logró forcejear con los presuntos agresores. “Aprovecharon la oscuridad y se movilizaban en dos motos. Fue una situación extremadamente traumática para ambas”, relató Egberto Ledezma, responsable de la Defensoría de la Niñez.
La aprehensión de los sospechosos provocó una violenta reacción vecinal. Samir A. fue golpeado hasta quedar inconsciente y debió ser trasladado de urgencia a un hospital. Las mujeres también fueron agredidas; una de ellas tuvo que ser retirada por la fuerza de las celdas policiales de Santa Fe y llevada a Buena Vista para proteger su integridad.
Durante los incidentes, un efectivo policial resultó herido en el ojo por una pedrada y corre el riesgo de perder la visión. Además, se registraron daños materiales en una patrulla policial.
Los acusados niegan cualquier vínculo con un intento de secuestro. A través de su defensa, aseguraron que viajaron desde Portachuelo con el único propósito de vender una motocicleta.
Sin embargo, la Defensoría de San Carlos expresó su rechazo a la decisión judicial de liberar a dos de los implicados y anunció que pedirá ampliar la denuncia por el delito de secuestro. “No estamos de acuerdo con las determinaciones. Las víctimas están afectadas psicológicamente y merecen justicia”, declaró su representante legal.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del caso.