Los privados de libertad del penal de Morros Blancos, en Tarija, denunciaron una serie de vulneraciones a sus derechos procesales y humanos, que van desde sentencias firmadas sin revisión hasta audiencias suspendidas indefinidamente.
Fuente: ANF
Las quejas fueron recogidas en un informe al que accedió la Agencia de Noticias Fides (ANF), que fue resultado de una reunión de coordinación entre delegados del recinto carcelario y autoridades judiciales.
Los internos expresaron que, pese a las visitas periódicas de autoridades judiciales y de otras instancias, estas no se traducen en beneficios tangibles. Señalaron que, en la práctica, sus reclamos suelen ser desviados a sus abogados o a los juzgados, sin que haya resultados efectivos. Recordaron que en ocasiones anteriores lograron avances gracias a la gestión de actores externos como el sacerdote conocido como Padre Miguel, pero que actualmente se sienten desamparados.
Uno de los puntos más críticos es el trabajo de los vocales de los tribunales. Según los privados de libertad, los expedientes no son revisados de manera exhaustiva y las sentencias llegan a ser firmadas sin atender los recursos de apelación. Esta situación, remarcan, incrementa la desconfianza en el sistema judicial y prolonga injustamente su permanencia en prisión.
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Los reclusos también denunciaron que las audiencias programadas con semanas o meses de anticipación suelen ser suspendidas sin explicación clara, lo que alarga los procesos judiciales de forma indefinida. “La justicia nos tiene olvidados”, expresaron en la reunión, al reclamar que estas prácticas les condenan a esperar indefinidamente en condiciones que calificaron de inhumanas.
El informe da cuenta de que dentro de Morros Blancos existen personas de entre 80 y 90 años que no pueden valerse por sí mismas y permanecen detenidas. Asimismo, se reportan contagios de enfermedades, falta de acceso a agua potable y la presencia de personas con discapacidad, retraso mental, adicciones severas y al menos 16 internos diagnosticados con esquizofrenia, que no reciben la atención adecuada.
Los internos subrayaron que “muchos inocentes” están encarcelados y denunciaron prácticas de mala praxis judicial. En algunos casos, aseguraron, las sentencias fueron producto de conflictos personales o de denuncias motivadas por celos o despecho, que posteriormente quedaron en duda cuando las supuestas víctimas retomaron vínculos con los acusados o incluso tuvieron hijos con ellos.
Otra de las demandas recurrentes está vinculada con la desigual aplicación de las leyes de redención de penas. Mientras en departamentos como La Paz o Potosí se aplica la modalidad de “dos por uno”, en Tarija, afirmaron, solo se descuentan cuatro meses por un año de trabajo. Además, denunciaron que en los estudios académicos se reducen apenas tres meses por dos años de formación, e incluso se convierten horas de estudio en horas laborales, afectando los beneficios de reducción.
Los delegados también expresaron temor a sufrir represalias por formular estas denuncias. Señalaron que las sanciones suelen consistir en traslados a otros penales, una medida que calificaron como “castigo encubierto” por atreverse a reclamar. Aun así, insistieron en la necesidad de un descongestionamiento carcelario, en especial para adultos mayores y mujeres privadas de libertad, así como en la aplicación de instructivas emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia para reducir la detención preventiva.
Ante la falta de respuestas concretas, algunos internos plantearon la posibilidad de iniciar una huelga de hambre como medida de presión. Según el informe, esta acción sería el último recurso para ser escuchados por las autoridades nacionales y lograr que sus reclamos tengan eco en instancias como la Defensoría del Pueblo, la Gobernación y la Alcaldía de Tarija.
La situación en Morros Blancos refleja un cuadro de crisis en el sistema penitenciario boliviano, donde se combinan la mora judicial, la precariedad en las condiciones de vida y la vulneración de derechos fundamentales. Los privados de libertad esperan que sus denuncias sean atendidas antes de que se concrete una medida de protesta extrema que podría agravar aún más el escenario.
/ANF/