Julio apenas cursó el segundo de primaria, casi no lee y tampoco escribe, mucho menos en castellano. Mira fijamente a las personas como si así entendiera lo que le hablan. Una que otra palabra asiente con la cabeza. Casi siempre dice “sí”, el sí y una sonrisa son las expresiones por las que lo etiquetaron como el principal autor del asesinato de Francisco Marupa.
Fuente: ANF
Por Nancy Vacaflor Gonzales / La Paz, Bolivia
Julio Lero tiene la mirada perdida y retiene las lágrimas, pero sus ojos pequeños se aguan. Hace casi siete meses que está detenido en el penal de San Pedro por asesinato. Ningún abogado lo ha visitado para hablar de su caso. De la noche a la mañana pasó de los 35 °C de calor en Rurrenabaque al penetrante frío de La Paz, donde llegó a las 8:00 de la mañana del 18 de febrero de este año, con un pantalón corto y una polera.
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El joven indígena escuchó asustado y sin entender el español cuando el juez y el fiscal decidieron, en una audiencia de medidas cautelares, encerrarlo por cinco largos meses en la cárcel de La Paz, a más de 238 kilómetros de su comunidad Torewa campesina, por el presunto asesinato de Francisco Marupa, otro indígena de la nación leco.
“Me enviaron a matarlo”, fue la frase que presumiblemente declaró Julio cuando fue aprehendido. No hay evidencia que lo hubiera dicho, no hay audio ni video ni fuente, pero la contundencia se regó como un polvorín por redes sociales y algunos medios de comunicación. La expresión se ha convertido casi en su “sentencia”.
El indígena de solo 20 años que nació y vivió en medio del bosque fue descrito como un criminal. “Sin mostrar remordimiento y con una sonrisa despiadada en su rostro, llegó detenido el principal sospechoso del macabro hecho…”, decían varios textos. Testimonio que supuestamente fue proporcionado a los reporteros de San Buenaventura.
El “homicida”, el “asesino”, se lee en algunos titulares. No se presumió su inocencia, sino su culpabilidad. Aunque la Constitución Política del Estado es clara cuando se trata de precautelar los derechos y garantías, uno de esos es que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Del bosque a la cárcel
La sección Cancha donde se encuentra su celda no es el campo donde está su comunidad al aire libre rodeada de árboles y de las humildes viviendas de los tsimanes. El monte fue reemplazado por un reducido espacio donde hay mucha gente y todos son extraños. Ya no escucha el canto de los pájaros, el ruido del río ni de la maleza cuando sopla un viento tibio, sino el bullicio de gente que habla, grita y la música que retumba a todo volumen.
Su comunidad Torewa campesina está ubicada en la provincia Franz Tamayo del Departamento de La Paz, es una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo. El 80% de la población de esa comunidad es indígena tsimane, una nación y lengua reconocidas por la Constitución Política del Estado.
Julio es delgado, debe medir un metro y 55 centímetros, más o menos; cabello corto un tanto desordenado, su piel es morena. Tiene puesta una chompa de algodón ploma jaspeada de azul, un chaleco que le regaló un dirigente en marzo y que le ayuda a enfrentar el frío y humedad de la ciudad, un buzo deportivo y unas chanclas.
Había pasado unos dos meses desde que estaba encerrado en el penal de San Pedro cuando lo visitamos en el mes de abril. Para hablar con él solo es posible a través de un traductor quien fue ubicado a través de Facebook, se trata del tsimane José Saravia, un joven sensible a la situación y problemática que enfrentan los pueblos indígenas.
Una sonrisa se dibuja en el rostro de Julio Lero que denota sorpresa al ver a desconocidos que lo visitan, pero no es cualquier visita, José es su “hermano”no de sangre, pero sí del mismo pueblo, aunque de lugares geográficamente diferentes. José Saravia le entiende, lo escucha hasta las lágrimas.
El idioma ha sido una barrera infranqueable para hacer amistades y eludir la abrumadora soledad del penal, en especial las primeras semanas. Hasta que encontró a otro tsimane con el que puede conversar y sentirse algo acompañado.
Julio apenas cursó el segundo de primaria, casi no lee y tampoco escribe, mucho menos en castellano. Mira fijamente a las personas como si así entendiera lo que le hablan. Una que otra palabra asiente con la cabeza. Casi siempre dice “sí”, el sí y una sonrisa son las expresiones por las que lo etiquetaron como el principal autor del asesinato de Francisco Marupa.
Su conversación, en su lengua madre es fluida cuando habla con José Saravia, quien traduce la conversación, “dice: ‘Extraño a su familia, es numerosa. Tengo siete hermanos, cinco varones y dos mujeres: Marco, Juan, Rolando, Gabriel, Ignacio, Asunta y Lorena. Su madre Ignacia Sánchez y su padre Oscar Lero’”. Cuando habla de ellos vuelve la tristeza, por unos instantes su mirada se pierde como si así volviera al bosque y a su comunidad.
José relata que Julio piensa mucho en su mamá, porque ella se quedó llorando cuando lo aprehendieron. Julio era el proveedor de los víveres que compraba en Rurrenabaque donde vendía lo que pescaba o cazaba. Ahora no sabe quién está haciendo ese trabajo para su familia, en especial para Ignacia, su madre.
Janeth Torrez, coordinadora de la Pastoral Carcelaria de La Paz, en abril dijo que no entiende por qué tuvo que ser trasladado a La Paz y ser “sacado totalmente de su ambiente natural donde él vivía”. Lamentó que su dialecto sea un “obstáculo” para entender sus pensamientos y sentimientos.
“No entiende lo que le está pasando, de qué lo están acusando”, comenta.
Desde que lo detuvieron no volvió a ver a un abogado tampoco entiende sobre sus derechos. La ANF se comunicó con la oficina de Defensa Pública para intentar conocer si estaba atendiendo su caso, sin embargo, Julio Lero no aparece en su sistema porque no es “usuario” de ese servicio jurídico del Estado. La Defensoría del Pueblo a fines de mayo dijo que gestionaba que sea atendido por esta institución.
Julio Lero siempre ha vivido en medio del bosque, ese es su mundo. Desconoce las leyes mucho menos aquellas que lo protegen. No sabe que la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución protegen sus derechos y que el Estado, además plurinacional, debe facilitarle las condiciones para su defensa justa. Cosa que no ha sucedido.
Han pasado casi siete meses, pero Julio Lero sigue detenido en el penal de San Pedro, pese a que se cumplió su detención preventiva de cinco meses. Su situación es complicada porque en La Paz no tiene a nadie quien lo visite, su familia es pobre. A modo de comentario un interno dijo a esta agencia que “si no tiene plata cómo estará sobreviviendo”.
El exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo compartió esta foto en sus redes del hallazgo del cadáver
“Yo no fui”
Una sonrisa y un sí, sin entender la dimensión de lo que decía, fueron la “sentencia” del joven indígena. “Dice: ‘Yo no fui’”, traduce José; comenta que repite esa frase una y otra vez, en relación a las acusaciones de asesinato de Francisco Marupa, quien murió por el 11 de febrero en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
José Saravia masculla la injusticia mientras escucha y sigue traduciendo el relato de Julio Lero, quien lanza frases y oraciones cortas, pero suficiente para que su paisano concluya que no es culpable del crimen que lo acusan.
El día que fue asesinado Francisco, Julio dijo que estuvo en su comunidad, que descansó en su casa, en la noche fue a la iglesia y al promediar las 22.00 retornó a su hogar, donde estuvo con su familia, relató Ponciano Candari, indígena del mismo pueblo de Lero, a quien le contó su día a día desde el 11 de febrero, según una declaración a Ecuanasha Televisión Indígena.
Un día después, el miércoles 12 de febrero fue a pescar y cazar con su hermano menor de 13 años. Se desplazaron en un bote para internarse después en el monte donde pasaron la noche, con las estrellas y la luna como testigos silenciosos. El jueves, tuvieron una buena jornada de pesca y caza de pacú, sábalo, chancho y mono. Con un día bendecido como ese, Julio y su hermano decidieron retornar a su comunidad. Cuando vieron los “peques” (embarcaciones) llenos de gente se asustaron y se internaron en el bosque para caminar hasta su casa.
Cuando los policías llegaron a su comunidad para aprehenderlo, “no entendía lo que decían”, una que otra palabra resonaba con más fuerza. Le preguntaron si mató a Francisco Marupa y él dijo presuntamente “sí”, pero varias organizaciones cuestionan si se puede considerar sus palabras como una confesión ya que no tenía un abogado y tampoco un traductor oficial en ese momento.
Para Ruth Alipaz, de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), él no estaba en condiciones para hacer declaraciones porque no había garantía de que hubiera “una comprensión de lo que se le estaba preguntando”.
Cuando fue aprehendido y era conducido para ser trasladado a la ciudad de Rurrenabaque fue agredido por los familiares de Francisco Marupa. Una familia que también exige justicia y que hasta ahora no se conoce el avance de las investigaciones del caso, pese a que ya transcurrieron casi siete meses.
En la ciudad beniana se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares, el fiscal de turno pidió su detención preventiva, Julio no entendía nada, es más, en su vida había estado frente a un juez y de tantas personas que hablaban de él, sin que comprendiese nada.
“Dice que no había traductor en su audiencia”, comenta José Saravia. Su verdad no fue escuchada. Su “pecado” es hablar tsimane y no español, en un Estado que se precia de ser Plurinacional y que en 2009 reconoció, al margen del castellano, 36 “idiomas oficiales” de los pueblos indígena originario campesino en la carta magna. Entre ellos el “chimán”.
La Defensoría se percató de la dificultad de comunicación que tenía cuando lo vio en la cárcel el día que ingresó como detenido, por esa razón viabilizó que otro interno de la región coadyuve en la entrevista.
Extrañamente la Fiscalía Departamental de La Paz respondió a un Requerimiento de Informe Escrito (RIE) que le hizo la Defensoría del Pueblo, en el que sostiene que el imputado, es decir Julio Lero se “comunicó en el idioma castellano”.
Para quienes conocen a Julio, apenas si puede emitir un par de palabras en castellano, sin embargo, la Fiscalía señaló que de acuerdo a la investigación no se registró con alguna identificación con la cultura tsimane al momento de brindar sus generales de ley. ¿Cómo logró dar la información si prácticamente no habla castellano?
“Conforme las generales del SEGIP tampoco se consigna que el mismo como lugar de nacimiento la Cultura Tsimane, teniendo únicamente la información de que el mismo estaría viviendo en la Comunidad Campesina Torewa, quien BRINDO AL MOMENTO DE RECEPCION INFORMATIVA EN LA LENGUA OFICIAL (CASTELLANO), donde no manifestó que entendería otro idioma tampoco en una eventual lengua Chiman, desde la primera intervención el imputado se comunicó en el idioma “Castellano”, respondió la Fiscalía de La Paz.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que es derecho del inculpado “ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”. La Fiscalía y la Justicia estaban en la obligación de poner un traductor para garantizar la debida defensa.
José Saravia llegó desde Trinidad, con el apoyo del Centro de Estudios Jurídicos de Investigación Social (Cejis), para escuchar y comprender qué había sucedido esos días que marcaron y le cambiaron la vida de Julio Lero.
Saravia, es estudiante de derecho, está en el último año de su carrera. Cuando concluya piensa trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y hacer frente a las injusticias que viven los tsimanes. Por su sensibilidad no dudó ni un minuto en mostrar su predisposición para llegar a La Paz solo con el objetivo de apoyar a Julio, a quien considera su hermano.
Conoció su caso a través de los medios de comunicación. “Los tsimanes no son malos. El hermano Julio no ha matado”, comenta al salir del penal. José no pudo contener las lágrimas cuando Julio contó cómo había llegado a La Paz, con la misma ropa con la que lo detuvieron, sin alimentarse bien y alejado de su familia.
¿Cuáles son las pruebas en su contra?
Inicialmente el asesinato de Francisco Marupa fue vinculado a la minería ilegal, sin embargo, tras la aprehensión de Julio Lero, el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, rápidamente descartó esa hipótesis y aseguró que se debía a “problemas personales con la víctima, por lo que, se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”, dijo en un intento por direccionar la investigación.
En la misma línea y usando la declaración del hermano de la víctima, el comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunther Agudo, dijo “conocemos que este tema nacería de una situación de altercados que habría tenido la víctima con el sindicado (…). No tenemos información oficial de que este tema sea relacionado con un tema de minería ilegal o avasallamiento”.
Las organizaciones defensoras de los territorios indígenas y del medioambiente aseguran que existen intereses de “mafias” en la explotación de oro. El Madidi es un área altamente deseada por las cooperativas mineras, los guardaparques denunciaron varias veces el amedrentamiento de los mineros. La incursión de la minería ilegal es cada ve mayor y en la impunidad.
Sin embargo, Julio Lero dice que es ajeno a esa realidad, asegura que no conoce a Marupa. En su descargo dice que el día de su asesinato estuvo en su comunidad, y que la zona donde fue a cazar con su hermano está distante a dos horas del lugar donde encontraron el cuerpo de la víctima. Asegura que tampoco conocía a la víctima.
“Los hechos cronológicos de su movimiento, de su pensamiento del hermano Julio tienen que ser expuestos y también tiene que ser expuesto cuál ha sido el movimiento, desplazamiento del hermano asesinado”, demandó Alex Villca vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap)
¿Cuáles son las evidencias contra Julio Lero? ¿Qué prueba existe de que hubiera estado en el lugar del asesinato? ¿Encontraron sus huellas en el cuerpo de la víctima? ¿O sangre de la víctima en la ropa del presunto autor del hecho? ¿Tenía Julio Lero el arma homicida, qué arma presuntamente utilizó? Son preguntas sin respuestas
Janeth Torrez pidió a las autoridades acelerar las pericias para esclarecer estas preguntas y si existe evidencia material en su contra, por ejemplo: huellas o establecer de quién era la sangre en el bote. Julio Lero contó que tenía un arma para cazar y un machete que se prestó de los pesqueros, pero que no tenía una flecha, explica José Saravia.
A Torrez de la Pastoral Carcelaria y a Villca de la Contiocap les preocupa que haya una “sentencia previa” sin las suficientes pruebas y que probablemente un inocente sea acusado. El caso se ha dado en un contexto de presión social a través de los medios de comunicación.
“Julio está en estado de indefensión. Cuando un abogado asume la defensa tiene que ver estos elementos mucho más cuando se trata de una persona que es de una comunidad indígena y tiene costumbres diferentes”, añade.
Es hora de la despedida. Julio se desespera, se agita, sabe que debe quedarse. Habla en tsimane. “Dice que lo único que quiere es su libertad. Que él no ha hecho daño”, traduce Saravia.
José se pone de pie, se saca los dos collares de sirari que lleva en su cuello y se los pone a Julio. Son artesanías típicamente trabajadas por los tsimanes, son “protectores del bosque” para que sienta que su comunidad está cerca de él. El joven indígena recibe agradecido, al final solo dice en su lengua: “Sáquenme de aquí”.
Julio Lero fue agredido por los familiares de la víctima. Foto: redes