La presencia de vehículos indocumentados, conocidos popularmente como «autos chutos», se ha convertido en una herida abierta para la economía y la legalidad en Bolivia. El término «chuto» se refiere a un vehículo que ha ingresado al país de forma ilegal, evadiendo los controles aduaneros y los impuestos de importación. Estos autos, a menudo robados en países vecinos o con documentación fraudulenta, circulan sin un registro legal, sin seguro y, en muchos casos, sin las condiciones mecánicas adecuadas para garantizar la seguridad vial. Se estima que el número de estos vehículos supera hoy el millón, una cifra que evidencia la incapacidad del Estado para controlar su ingreso irregular y que perpetúa un estado de ilegalidad. Este fenómeno no solo afecta las finanzas públicas, sino que también crea un mercado paralelo de combustible y socava la moral de quienes sí cumplen con la ley y pagan sus impuestos.
El problema en profundidad: por qué los «autos chutos» son una amenaza
El fenómeno de los autos chutos es mucho más que una simple falta administrativa. Su existencia y proliferación generan un círculo vicioso de problemas económicos, sociales y de seguridad.
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Impacto Económico: La evasión de impuestos aduaneros por la importación ilegal de estos vehículos representa una pérdida millonaria para el Tesoro General de la Nación (TGN). Estos recursos, que podrían ser invertidos en infraestructura, salud o educación, se pierden en la informalidad. Además, la presencia de un parque automotor indocumentado distorsiona el mercado legal de vehículos, afectando a los importadores formales y a la industria nacional. Aquellos que cumplen con todos los requisitos legales y tributarios se ven en desventaja frente a quienes no lo hacen.
Seguridad Vial y Ambiental: Los autos chutos a menudo no cumplen con los estándares de seguridad mínimos. Carecen de mantenimiento adecuado y muchos de ellos son modelos antiguos que emiten altos niveles de gases contaminantes. Esto no solo contribuye a la contaminación del aire en las ciudades, sino que también aumenta el riesgo de accidentes de tránsito, ya que estos vehículos no están sujetos a la revisión técnica vehicular obligatoria. La falta de un seguro también deja a las víctimas de posibles accidentes en una situación de total desprotección.
Inseguridad y Criminalidad: El contrabando de vehículos está intrínsecamente ligado a redes criminales. Muchos de estos autos son robados en países vecinos como Chile, Brasil, Argentina y Paraguay. La ausencia de controles efectivos convierte a Bolivia en un destino seguro para el comercio ilícito de autos robados, lo que no solo deteriora las relaciones con los países vecinos, sino que también fomenta la actividad delictiva transfronteriza.
Tres caminos para una solución
Frente a la magnitud de este problema, se presentan tres posibles caminos para el Estado boliviano, cada uno con sus propios riesgos y consecuencias.
La Vía del «Dejar Hacer y Dejar Pasar»: Esta es la posición más cómoda pero también la más irresponsable. Se trata de una inacción que perpetúa el problema, permitiendo que la informalidad y la ilegalidad continúen creciendo. A corto plazo puede evitar conflictos sociales, pero a largo plazo, socava las finanzas públicas, desincentiva a quienes actúan dentro de la ley y mina la autoridad del Estado. Esta es la vía que ha predominado en mucho tiempo, y los resultados son evidentes en el actual caos vehicular.
El Uso de la Fuerza Pública: Una opción más radical sería utilizar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de control para ingresar a las zonas donde se encuentran estos autos y proceder a su decomiso. Sin embargo, dado que el fenómeno ha alcanzado una magnitud de más de un millón de vehículos y que la mayoría de los propietarios son familias de escasos recursos que los utilizan como herramienta de trabajo, el costo social y político sería altísimo. Un enfoque de confrontación podría derivar en graves conflictos, desprotegiendo a la población civil y creando un clima de inestabilidad y violencia.
La Solución Estructural (La vía propuesta): La tercera opción, y la más viable en mi criterio, es la que se plantea a través de un marco legal. Es hora de que las autoridades, el parlamento, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto agarren el toro por las astas y planteen una solución real. El diputado Miguel Roca ha impulsado un anteproyecto de ley del «Transporte Agro productivo» que busca precisamente esto. La propuesta tiene la virtud de no ser una medida de excepción o un «perdonazo», sino una solución estructural y atemporal. Al reducir la excesiva carga tributaria y eliminar las restricciones de importación basadas en la antigüedad, se busca hacer más rentable y accesible la vía legal para adquirir un vehículo. De esta manera, se desincentiva la importación ilegal de vehículos y se regulariza de forma transparente el parque automotor existente. Es un proyecto que tiene que debatirse.
La importancia de la cooperación con países vecinos
La solución a este problema no puede ser solo interna. Es esencial fortalecer los lazos de cooperación con los países vecinos, que son la principal fuente de los vehículos robados. Bolivia ha firmado varios acuerdos bilaterales y regionales para enfrentar este problema:
Chile: Un acuerdo de cooperación firmado en agosto de 2023 permite el intercambio de información en línea sobre vehículos robados entre la policía de ambos países.
Perú: Desde 2001, Bolivia y Perú tienen un acuerdo para la «Restitución de Vehículos Automotores Robados o Hurtados».
Argentina: Ambos países firmaron un acuerdo marco de cooperación en mayo de 2022 para fortalecer las relaciones en defensa y seguridad.
Brasil: En julio de 2024, Bolivia y Brasil firmaron varios instrumentos de cooperación, que incluyen temas de seguridad y lucha contra el tráfico de personas y el narcotráfico.
Paraguay: Se han firmado acuerdos para la creación de comités de frontera y la cooperación en seguridad y defensa.
A nivel regional: Bolivia, junto con Chile y los países del MERCOSUR, es parte del Acuerdo de Asunción sobre Restitución de Vehículos Automotores y Embarcaciones, adoptado en 1999. Estos convenios son vitales para evitar que los vehículos robados en la región encuentren refugio en Bolivia.
El debate y la falta de alternativas
Para garantizar que esta ley sea un éxito y no un incentivo para el contrabando, es crucial que se incorporen mecanismos rigurosos de verificación. Se podría solicitar una certificación de los países de origen o, alternativamente, requerir información del VIN (Número de Identificación del Vehículo) al momento de la nacionalización para verificar su estatus legal. Esto es fundamental para evitar que Bolivia se convierta en un «basurero de carros» y para no legitimar la actividad criminal del robo de vehículos.
Aunque algunas personas critican la intención de nacionalizar, es importante señalar que muchas de estas críticas no vienen acompañadas de soluciones objetivas. Simplemente, se oponen a la medida sin proponer una alternativa viable, lo que permite que el problema siga creciendo día a día. A pesar de la controversia, como la observación de un parlamentario chileno a la propuesta de Rodrigo Paz Pereira, un candidato presidencial boliviano, es fundamental aclarar que esta es una cuestión de política interna de Bolivia. La solución definitiva debe venir de las autoridades y de la sociedad boliviana, sin injerencias externas, y debe dejar claro que en ningún caso se permitirá la nacionalización de vehículos que son fruto de actividades criminales. Un proyecto como este es un acto de fe en el país; es creer en la capacidad de Bolivia para superar los problemas que se arrastran por décadas y para construir un futuro más justo y ordenado.
Conclusiones y Sugerencias
La tendencia legal es buscar soluciones estructuradas a través de leyes que permitan la nacionalización con controles estrictos para evitar la legitimación de vehículos robados, con un enfoque en reducir la ilegalidad y preservar la seguridad vial y fiscal. Estas iniciativas se plantean sin que se haya aprobado aún una ley definitiva, y el debate sigue activo en el Congreso y la sociedad boliviana. El momento de actuar es ahora.
Implementación de un Plan Integral: La nacionalización debe ser parte de una estrategia más amplia que incluya el fortalecimiento de los controles fronterizos para prevenir el reingreso de autos chutos en el futuro.
Tecnología y Transparencia: Se debe usar la tecnología, como bases de datos compartidas con países vecinos, para la verificación de los vehículos y para garantizar que el proceso sea transparente y eficiente.
Promoción de la Formalidad: El gobierno debe lanzar campañas de concientización para promover la cultura tributaria y la importancia de la formalidad, demostrando que cumplir con la ley beneficia a todos.
Con estas medidas, se podrá no solo resolver el problema actual, sino también proyectar una solución a largo plazo para que la situación de los «autos chutos» no se repita en el futuro.