El Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, revela un panorama crítico sobre las condiciones de salud de los jóvenes recluidos en las cárceles del país. Más de mil internos entre 18 y 28 años presentan enfermedades graves, adicciones y otras vulnerabilidades que agravan su situación dentro del sistema penitenciario.
Fuente: ANF
De los 13.429 jóvenes privados de libertad registrados en 2024, un total de 1.094 enfrenta problemas de salud y discapacidad. La investigación identifica a 504 jóvenes con consumo problemático de alcohol y drogas, cifra que representa el grupo más numeroso entre los casos detectados.
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El informe advierte que la drogodependencia es un problema extendido y desatendido en las cárceles, donde la falta de programas efectivos de atención y rehabilitación contribuye a la cronificación de las adicciones. Esta situación contrasta con el mandato constitucional y legal que obliga al Estado a garantizar el derecho a la salud y a promover la rehabilitación progresiva de los jóvenes afectados.
En segundo lugar, destacan los 206 casos de enfermedades crónicas, que incluyen padecimientos de larga duración que requieren tratamientos constantes y especializados. Sin embargo, la precariedad de los servicios médicos dentro de las cárceles impide una atención oportuna y diferenciada.
A ello se suman 134 jóvenes diagnosticados con VIH y 54 con infecciones de transmisión sexual (ITS). La falta de acceso a medicamentos, controles médicos regulares y programas de prevención incrementa el riesgo de complicaciones de salud y de contagios dentro de los recintos penitenciarios.
Los casos más extremos corresponden a cuatro jóvenes identificados con enfermedades terminales. El diagnóstico señala que esta situación refleja una grave omisión estatal, ya que la normativa nacional e internacional recomienda medidas alternativas al encarcelamiento para personas en condiciones críticas de salud.
La Defensoría del Pueblo advierte que el sistema penitenciario no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar un tratamiento adecuado a estas poblaciones. La ausencia de políticas públicas específicas y la falta de coordinación entre el sistema de salud y el penitenciario perpetúan una forma de violencia estructural contra los internos más vulnerables.
El documento también resalta la existencia de 76 jóvenes con discapacidad psicosocial (trastornos mentales), 22 con discapacidad física y 14 con discapacidad sensorial. Estos grupos requieren medidas especiales de atención, adaptación de espacios y acompañamiento psicológico, elementos que no están garantizados en los recintos.
Más de la mitad de la población juvenil privada de libertad en Bolivia pertenece, además, a otros grupos en situación de vulnerabilidad, como indígenas, mujeres embarazadas, madres con hijos o población LGBTIQ+. Esta superposición de factores incrementa la discriminación y la exclusión institucional que enfrentan.
El estudio enfatiza que la permanencia de jóvenes con enfermedades graves o adicciones sin atención especializada constituye una violación directa de los derechos humanos. Asimismo, exige la implementación de políticas con enfoque interseccional que reconozcan las múltiples formas de exclusión que viven los jóvenes en las cárceles.
La Defensoría del Pueblo recomienda que los internos con enfermedades terminales, VIH o discapacidades graves sean trasladados a centros especializados y que se fortalezcan los programas de rehabilitación de adicciones. Además, insta a garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos adecuados.
El informe concluye que la privación de libertad, en lugar de contribuir a la reinserción social, profundiza los patrones de exclusión histórica y vulnerabilidad que padecen los jóvenes. El diagnóstico advierte que la falta de acciones concretas para garantizar estos derechos, implica no solo un incumplimiento legal, sino también una forma de violencia estructural.
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