El economista Dario Monasterio advierte que el Proyecto de Ley 547 provocará un corte en el flujo financiero, limitando el acceso a nuevos créditos y afectando la economía.
Stefany Beatriz Guzmán Nuñez
Fuente: Red Uno/Que no me pierda
El Proyecto de Ley No. 547/2024-2025, que propone un nuevo diferimiento en el pago de cuotas de capital e intereses de créditos bancarios para prestatarios de vivienda social y microempresas, será tratado en los próximos días. El economista Dario Monasterio advirtió en el Programa Que No Me Pierda, que esta medida no solo repite errores del pasado, sino que podría afectar gravemente la solvencia del sistema financiero.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Para Monasterio, esta propuesta replica la medida de diferimiento general aplicada durante la crisis sanitaria del COVID-19, la cual, según señaló, inmovilizó alrededor de 3.500 millones de dólares del sistema financiero durante diez meses.
El economista explicó que un diferimiento general, incluso si está limitado a sectores como el microcrédito o la vivienda social, genera un corte en el flujo financiero, afectando el acceso de otros posibles prestatarios y perjudicando a los mismos sectores que se busca beneficiar.
Diferimiento vs. Reprogramación
Monasterio diferenció claramente entre ambas medidas. Mientras el diferimiento implica dejar de pagar cuotas y trasladarlas al final del crédito, la reprogramación permite establecer períodos de gracia o congelamiento de intereses para que quienes lo necesiten puedan continuar pagando sin romper el flujo financiero.
“Un diferimiento de seis meses genera un corte en el circuito del dinero. En cambio, una reprogramación selectiva permite mantener el movimiento económico y atender a quienes realmente están en dificultades”, explicó.
En respuesta a los argumentos del Gobierno, que sostiene que esta medida afectaría solo el 3% de la cartera total y que los bancos han reportado utilidades elevadas, Monasterio fue tajante:
“Los sectores comprometidos representan el 50% de la cartera, hablamos de más de 2.000 millones de dólares. El hecho de que los bancos tengan utilidades no es negativo; es lo que garantiza la solvencia y permite que el sistema siga prestando dinero, generando inversión y empleo”, enfatizó.
También recordó que aún en 2025 persisten $784 millones congelados del diferimiento aprobado en 2020, lo que demuestra el impacto prolongado de estas decisiones.
El economista fue crítico con el momento en que se impulsa esta iniciativa, considerando que el actual gobierno está en sus últimas semanas de gestión. “Es totalmente irresponsable e institucionalmente cuestionable que un gobierno saliente tome este tipo de decisiones que comprometen la economía a futuro”, afirmó.
A su juicio, el objetivo detrás de la propuesta no es económico sino político: “Es un populismo de salida, una estrategia para intentar mejorar su imagen tras el mal manejo económico que ha tenido esta administración”.