En Bolivia tenemos un Estadonarco, es decir, una estatalidad involucrada en el fomento a la actividad ilícita (desde el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral). El Servicio de Registro Cívico (SERECI) es una entidad pública dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y curiosamente se conoce de narcotraficantes con certificados de nacimiento falsos, lo mismo de cédulas de identidad otorgadas por el SEGIP. Jueces liberan a narcos con regularidad; el legislativo elabora leyes de fomento a los cultivos ilícitos (Ley Nº 906) y finamente un gobierno absolutamente inoperante en la lucha contra los productores y traficantes de drogas.
En Bolivia es pujante el narcotráfico que transforma hoja excedentaria de coca en estupefacientes en 17 provincias de cuatro Departamentos (https://erbol.com.bo/opinion/explosión-de-cultivos-de-hoja-de-coca-en-17-provincias-y-áreas-protegidas) incluidas áreas protegidas, parques nacionales y territorios indígenas; el país tiene “fronteras porosas” sin ningún tipo de control aéreo, los 13 radares ya comprados por el gobierno nunca fueron instalados y no funcionan.
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Por acción cómplice de las autoridades, el territorio patrio, desde hace muchos años, se ha convertido en santuario de narcotraficantes extranjeros.
Si bien, el breve diagnóstico expuesto refleja la gravedad de un problema de grandes magnitudes económicas, sociales, jurídicas e institucionales, ahora resulta que los dos candidatos a la Presidencia no presentan ningún plan de lucha antidrogas.
Tuto Quiroga sostiene una narrativa de “retorno de la DEA” y la apertura del país a la policía federal del Brasil, para encubrir la ausencia de un programa antinarcóticos. Esta alocución vulnera la soberanía nacional, es distraccionista y no es realizable.
La presencia de la DEA en Bolivia se dio en el contexto de la “falsa guerra contra las drogas” propiciada por Estados Unidos, así como el Plan Colombia y la iniciativa de “coca cero” en la década de los noventa del siglo anterior. Resulta que la DEA tenía el control absoluto de la fuerza antidrogas de Bolivia, no sólo era una tarea de asesoramiento o de brindar información de inteligencia, sino que durante esos años (1988-2008), la DEA pagaba un segundo salario o doble sueldo a todo el personal policial, militar y civil involucrado en las acciones contra los traficantes, garantizando el acceso prioritario a la información y fidelizando a los funcionarios a la entidad extranjera por encima de los mandos policiales antidrogas nacionales.
Según datos estadísticos, los cultivos de hoja de coca durante el “reinado de la DEA” fueron de los más altos (1995-1997), el año 1998 si hubo una reducción significativa:
| Año | Hectáreas cultivadas | Hectáreas erradicadas | Total hectáreas con hoja de coca |
| 1995 | 54.098 | 5.498 | 48.600 |
| 1996 | 55.612 | 7.512 | 48.100 |
| 1997 | 52.826 | 7.026 | 45.800 |
| 1998 | 15.421 | 11.621 | 3.800 |
| 1999 | 38.799 | 16.999 | 21.800 |
| 2000 | 22.553 | 7.953 | 14.600 |
| 2001 | 29.335 | 9.435 | 19.900 |
| 2002 | 36.253 | 11.853 | 24.400 |
| 2003 | 33.687 | 10.087 | 23.600 |
| 2004 | 36.137 | 8.437 | 27.700 |
| 2005 | 31.473 | 6.073 | 25.400 |
| 2006 | 32.570 | 5.070 | 27.500 |
| 2007 | 35.169 | 6.269 | 28.900 |
| 2008 | 35.983 | 5.483 | 30.500 |
| 2009 | 37.241 | 6.341 | 30.900 |
| 2010 | 39.200 | 8.200 | 31.000 |
| 2011 | 37.709 | 10.509 | 27.200 |
| 2012 | 36.344 | 11.044 | 25.300 |
| 2013 | 34.407 | 11.407 | 23.000 |
| 2014 | 31.544 | 11.144 | 20.400 |
| 2015 | 31.220 | 11.020 | 20.200 |
| 2016 | 29.677 | 6.577 | 23.100 |
| 2017 | 31.737 | 7.237 | 24.500 |
| 2018 | 34.274 | 11.174 | 23.100 |
| 2019 | 34.705 | 9.205 | 25.500 |
| 2020 | 31.577 | 2.177 | 29.400 |
| 2021 | 39.958 | 9.458 | 30.500 |
| 2022 | 40.160 | 10.260 | 29.900 |
| 2023 | 41.302 | 10.302 | 31.000 |
Fuente: propia en base a datos de la DEA y el Sistema de Monitoreo Nacional apoyado por UNODC.
La cocaína boliviana se destina al Brasil, que es el segundo consumidor mundial de este producto, también a Argentina, Chile y Paraguay; el mercado de Estados Unidos es demasiado lejano para la droga boliviana, pues la geografía hace que Colombia y Perú sean sus proveedores naturales. ¿Cuál el costo-beneficio para la DEA por operar en Bolivia si Estados Unidos no es afectado directamente por la droga hecha en Bolivia?
Merece especial atención la labor de Carabineros de Chile en el proceso de lucha contra el narcotráfico hormiga (burros o tragones) que va desde Cochabamba hasta ciudades del norte chileno. En el vecino país hay más de 1400 bolivianos detenidos por narcotráfico. De necesitarse una colaboración eficaz, esta policía debería ser parte de la propuesta de Tuto Quiroga, que no la menciona para nada, por poner un ejemplo.
En el Caso de Rodrigo Paz, su propuesta señala que la “DEA ya está aquí, nunca se fue”, un tema sobre el cual debería dar una explicación a la opinión pública y a las autoridades policiales. Sin embargo, el “núcleo” de su propuesta es nada menos que “legalizar la marihuana con fines medicinales”, para evitar la formación de un “segundo Chapare” sin control.
Lo único que ha generado el anuncio de Rodrigo Paz es una votación importante en las zonas de cultivos de Marihuana, denominado “México Chico” a favor de su candidatura. El presidenciable del PCD deberá explicar cómo la legalización de la marihuana se realizaría, en qué proporciones, para que fines, quienes procesarían la marihuana, qué mecanismos de control se desarrollarían, cual el impacto económico de su propuesta, como dejarían de ser ilegales estos cultivos que forman parte de las listas internacionales de sustancias controladas, como modificaría la Ley Nª 1008 para desalojar el delito de tráfico de marihuana del sistema penal boliviano.
Por lo expuesto, queda claro que los candidatos son demagógicos en este tema y que no cuentan con estrategia alguna para encarar este problema que es de dimensiones nacionales y de extrema urgencia su resolución.