Fuente: Visión 360
La lucha por territorios y poder entre organizaciones criminales llegó a niveles pocas veces vistos en Bolivia, porque en agosto al menos siete personas perdieron la vida, acribilladas en espacios públicos de las ciudades de El Alto (La Paz), Guayaramerín (Beni) y Santa Cruz, y otras dos resultaron heridas en un ataque en el Trópico de Cochabamba. Sin embargo, especialistas consultados por Visión 360 consideran que son modalidades criminales “importadas”.
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“Este tipo de violencia no es típico de los criminales nacionales. Es una modalidad importada por los grupos extranjeros que están operando en el país y es muy similar a lo que ocurre en Brasil y Ecuador”, explicó la criminalista Gabriela Reyes.
Por su parte, el coronel de Policía Jorge Toro agregó que una muestra de lo foráneo de los ataques es el uso de armas de fuego de alta potencia y velocidad. “No son armas que se encuentren en nuestro mercado negro, las tienen que traer del exterior”.
Todo esto sucede en un escenario en el que presuntamente grupos criminales extranjeros –como la organización que es dirigida por el uruguayo Sebastián Marset o el brasileño Primer Comando de la Capital (PCC)- estarían operando en el país. Al respecto, el Gobierno sostuvo que no hay cárteles de narcotráfico ni mafias operando en Bolivia, sino que existen “emisarios”.
“Tenemos cinco fronteras por donde ingresan estos antisociales y sus armas. Hay un mayor movimiento, sin control adecuado de extranjeros que entran en contacto con los bolivianos. Puede que colaboren, eliminando a la competencia de los ‘socios’ o se enfrenten para ganar más territorio”, explicó Toro.
Reyes lamentó que las autoridades tiendan a echar la culpa a figuras como Marset o al capo del PCC, Marcos Roberto de Almeida, alias Tuta, capturado en Santa Cruz. Pero, a pesar de que el primero está prófugo y el segundo está detenido, sus organizaciones siguen con estructuras y operando.
Conflicto interno
En todos los casos registrados entre el 13 y 23 de agosto, lo común fue el uso de armas de fuego, además de que los crímenes ocurrieron en calles de las ciudades. No todos terminaron con muerte, en uno de los casos se registró un policía que terminó con una herida de bala en una de sus piernas; en otro, pese al acribillamiento, las dos víctimas sobrevivieron, pero en los demás casos los ataques se caracterizaron por la violencia extrema.
“Cuando disparas tantas balas contra un objetivo concreto, el atacante no está pensando solo en eliminar a su víctima. Lo que realmente busca es asegurarse al 100% de su muerte, haciendo la mayor cantidad de daño posible. Y con un centenar de impactos de bala, el blanco es destrozado”, advirtió Toro.
Y no solo se deduce eso por la cantidad de balas empleadas. Uno de los casos muestra un exceso de crueldad en la ejecución, porque también se observaron señales de tortura.
Se trata del primer crimen de esta naturaleza detectado en agosto. Ocurrió el 13 de este mes, cuando las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de tres varones, en una vivienda en Santa Cruz de la Sierra.
Según los reportes del Ministerio Público, aproximadamente a la una de la mañana de ese día la Policía recibió una denuncia sobre la existencia de los cadáveres. Cuando las autoridades entraron al domicilio, ubicado en el tercer anillo de la capital oriental, encontraron los cuerpos envueltos en bolsas negras.
Las investigaciones revelaron que dos de ellos presentaban múltiples golpes, aparentemente causados por un objeto contundente, y uno tenía una herida provocada por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Asimismo, por la manera en la que fueron encontrados, los investigadores presumen que los cuerpos estaban siendo preparados para ser trasladados. Una de las víctimas era de Macedonia del Norte y las otras dos, de Serbia.
“Esta es una señal que corresponde con la metodología de los grupos criminales balcánicos. Estos utilizan restos humanos, a veces de sus enemigos, para repatriarlos a Europa, enviando dentro de ellos los estupefacientes”, informó Reyes.
Hasta el momento, las autoridades detuvieron a tres personas con fines investigativos.
Este nivel de violencia se debe a que no son asesinatos al azar o relacionados con robos. No, son ajustes de cuentas entre criminales por alguna ofensa causada o movidos por una guerra por territorio entre diferentes grupos de crimen organizado, relacionada con el tráfico, producción y distribución de estupefacientes.
Lo demuestra que ese mismo día, en la noche, se registró un ataque armado, en el que las víctimas acribilladas quedaron heridas. La diferencia es que esta vez el delito sucedió en otra región: el Trópico de Cochabamba.
Aproximadamente a las 19.00 dos personas viajaban por la comunidad de Entre Ríos en una vagoneta. Cuando llegaron al cruce Palmar fueron interceptadas por otro motorizado, del que descendió un número no especificado de personas que abrió fuego.
Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos comprobaron que el vehículo atacado presentaba múltiples impactos de bala en las puertas laterales y en los parabrisas delantero y trasero. Las víctimas fueron identificadas como Cristian M., de 26 años, y Ronaldo F., de 31.
Durante la inspección los agentes encontraron armas de fuego en el auto de las víctimas. Posteriormente se reveló que los atacados tenían antecedentes de narcotráfico, por lo que la hipótesis principal es que se trata de un ajuste de cuentas.
De vendedores a los jefes
Reyes y Toro advirtieron que no se debe considerar que las motivaciones de los autores intelectuales y materiales difieren según el lugar de los hechos.
“En el Trópico de Cochabamba rara vez se encuentran los peces gordos, por lo que este ataque corresponde más a una disputa entre distribuidores o responsables de las zonas de producción de cocaína”, sostuvo Reyes.
Lo mismo ocurrió con el asesinato de un joven de 29 años en El Alto, ocurrido el 21 de agosto. “Si bien en el departamento de La Paz hay producción de droga, la mayor parte de los conflictos se dan entre los vendedores, que se pelean por territorio”, expresó Toro.
La madrugada de ese día, Javier M.V. recibió un disparo en el rostro, en una avenida en la zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto. Las investigaciones dieron con el sospechoso, Mario M., un abogado de 36 años.
Las cámaras de seguridad de la zona mostraron que el vehículo que este manejaba se detuvo cuando Javier M.V. estaba caminando con un grupo de amigos. Se acercó e incluso se ve al conductor conversar con la víctima poco antes del disparo. Mario M. cumple detención preventiva por el lapso de tres meses.
Un crimen similar, pero con más balas involucradas, ocurrió dos días después, en Guayaramerín, Beni. La víctima fue una mujer, Elizabeth Ch. N., de 31 años, quien recibió al menos ocho impactos de bala en el cuerpo, tras ser interceptada en su automóvil por otro vehículo desde donde abrieron fuego.
Pero, pese a las similitudes, los asesinatos en Beni, en La Paz y el ataque en Cochabamba no tienen mayores elementos en común fuera de la modalidad.
La cosa cambia en Santa Cruz de la Sierra, donde los casos están, según los resultados de las investigaciones, conectados.
Por ejemplo, cuando Leonardo V.D.G. y Harold M.E., de 47 y 41 años de edad, fueron atacados la noche del 21 de agosto, el lujoso vehículo en el que viajaban y murieron, con placa 6414-KFD, fue usado para secuestrar al empresario Erick Roberto Baeza Achá, quien continúa desaparecido desde el 29 de julio. Huelga decir que las víctimas también tenían antecedentes penales.
Según el informe médico legal realizado a los cuerpos de las víctimas, ambas murieron con más de 100 disparos de armas de fuego. Los reportes de prensa dan cuenta de que los asesinos los citaron en ese punto específico, una calle ubicada a la altura del cuarto anillo de la avenida Banzer.
“Lo que sucede es que en Santa Cruz es donde operan los peces gordos. Eso, sumado a la cercanía a la frontera con Brasil hace que las disputas entre las organizaciones criminales aumenten en violencia, lo cual implica un gran riesgo para la población”, sostuvo Reyes.
La preocupación de los especialistas es que si la situación sigue de esta manera, los ataques pueden convertirse en un riesgo para el resto de la población. “Por el momento, los ataques se han centrado en bandas rivales, pero si sigue la escalada, las balas ya no serán suficientes y eso implica efectos colaterales”, lamentó Toro.
Reyes recordó que, en otras regiones, la escalada puede llegar a incluir ataques con explosivos, que no discriminan y no son tan exactos. Les siguen atentados contra autoridades, periodistas o activistas. De hecho, el 19 de agosto ya hubo un herido no criminal: un policía.
Asimismo, Toro recordó que las autoridades se ven sobrepasadas tecnológicamente. “Tenemos que crear más laboratorios de investigación, invertir en seguridad y vigilancia”, recomendó.