Según el asesor legal de los pacientes, el sector salud incumple un fallo constitucional. Por ello, se busca crear un Comité de Conflicto que evite los paros como medida de protesta, ya que interrumpen la atención en hospitales.
Fuente: eldeber.com.bo
Pacientes con cáncer y enfermedades renales, a través de su asesor legal, Licimaco Ramírez, anunciaron la presentación de una nueva acción judicial para exigir el cumplimiento de la resolución constitucional que garantiza la atención médica continua en los tres niveles de salud, incluso en medio de paros y conflictos sectoriales.
Ramírez recordó que la Sala Constitucional Cuarta concedió una tutela dentro de una Acción Popular presentada en favor de estos pacientes, ordenando la conformación de mesas de trabajo jurídicas y técnicas con la Gobernación, el Ministerio de Salud, la Alcaldía y la Federación Sindical de Trabajadores de Salud.
Sin embargo, denunció que el proceso careció de equilibrio: “Había una desproporción, ellos eran 40 y sólo era una persona del lado de los pacientes. Por lo tanto, cuando se hablaba del Comité de Conflicto o de aplicar las sanciones, no querían saber del tema. Si bien aquí está el protocolo, que ya está hecho, al protocolo le falta el cumplimiento, ese cumplimiento se está pidiendo a la Sala”, explicó.
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Los trabajadores de salud anunciaron un paro de 48 horas para los días 2 y 3 de octubre (jueves y viernes de esta semana). Por lo que, este lunes ya se movilizan los pacientes junto al asesor legal.
Según Ramírez, aunque el protocolo de atención fue aprobado, aún falta la parte sancionadora que asegure su cumplimiento. Con este motivo, los pacientes solicitaron a la Justicia que disponga la creación de un Comité de Conflicto, integrado en igualdad de condiciones por representantes del sector salud y de los pacientes.
«Que se forme un Comité de Conflicto con cuatro de los accionados (salud) y cuatro de los pacientes renales y con cáncer, para que exista la paridad. Entonces, cuando uno de los trabajadores de salud quiera seguir parando o quiera hacer huelgas, que las haga de otra forma: conciliación, cacerolazo, marcha, lo que quiera, pero no parando la salud», explicó Ramírez.
Además, el asesor legal señaló que la tutela obtenida no sólo ampara al Hospital Oncológico, sino a todos los centros de salud de Santa Cruz y obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno: Ministerio de Salud, Gobernación, Alcaldía y a la Federación Sindical de Trabajadores de Salud para garantizar la atención en los centros de salud.
Los pacientes esperan que el Tribunal Constitucional corrija los vacíos en la aplicación del fallo y ordene la conformación del Comité propuesto. La medida busca frenar los constantes paros en el sistema de salud que, según los afectados, continúan vulnerando sus derechos fundamentales.
Antecedentes
El último paro de los trabajadores de salud en Santa Cruz se realizó el 16 de septiembre y se extendió por 24 horas. Desde mayo, el sector mantiene medidas de presión en demanda del pago del bono viático de vacunación, que la Gobernación cruceña aún no ha cancelado en su totalidad. Aunque en julio se levantó un paro indefinido tras el compromiso de pago, los sindicatos aseguran que persiste un 18% pendiente, además de otras exigencias.
Estas protestas han generado perjuicios a pacientes, en especial a quienes padecen enfermedades crónicas. Para evitar la interrupción de tratamientos, la Sala Constitucional Cuarta ordenó el 10 de septiembre la conformación de una mesa técnica integrada por autoridades de los tres niveles de gobierno, sindicatos y pacientes, con el objetivo de establecer protocolos que garanticen la atención durante los paros.
El abogado Sebastián Bauer recordó que las autoridades deben responder al Tribunal en un plazo de 10 días sobre la aplicación de estos protocolos. “Cuando exista un paro médico, no se puede interrumpir la atención en centros donde se traten pacientes con cáncer, enfermedades renales o lupus”, sostuvo.
Hasta el cierre de esta nota, Lihetzer Zenteno, vocera de los pacientes oncológicos, informó que realizaba gestiones en el Palacio de Justicia para presentar esta nueva acción judicial. La Gobernación cruceña, por su parte, aún no emitió una respuesta.