El déficit fiscal en 2023 y 2024 llegó a los picos más altos en 19 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo, con tasas de 10,9% y 10,1%; y este año, se proyecta 9,2% del PIB, producto del crecimiento de los gastos corrientes, salarios, servicio de la deuda externa y transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN) para pagar, por ejemplo, la Renta Dignidad en los últimos tres años.
Analistas advierten que la brecha fiscal este año estará encima de los dos dígitos.
La caída de ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) comenzó a mermar los aportes necesarios para financiar la Renta Dignidad.
Entre 2006 y 2013, Bolivia generó más ingresos que gastos (superávit) desde un 4,5% hasta 0,6%, pero en 2014 el déficit alcanzó a 3,4% del PIB y desde entonces se volvió crónico y los gastos superaron a los recursos obtenidos por el país, según revelan las cifras del Ministerio de Economía en el documento Informe Fiscal 2024, emitido este año (ver gráfica).
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Aunque el nivel es alto, esa cartera de Estado destaca la reducción del déficit fiscal global del Sector Público No Financiero (SPNF) a 10,1% del PIB, mejorando respecto al 10,9% observado en 2023.
Esta disminución de 0,8 puntos porcentuales (pp), asegura que fue posible gracias al desempeño de las empresas públicas no hidrocarburíferas, así como al fortalecimiento de los ingresos tributarios. Las estatales lograron aumentar de manera significativa sus ingresos, con un crecimiento cercano al 39% durante el año.
En el documento se sostiene que entre 2023 y 2024, los ingresos aumentaron en 5.855 millones de bolivianos (5,3%), hasta 115.942 millones de bolivianos, destacándose el desempeño positivo de las empresas públicas no hidrocarburíferas, que registraron un crecimiento de 4.280 millones de bolivianos (39,4%).
Por su parte, otros ingresos corrientes e ingresos tributarios ascendieron en 1.310 millones y 902 millones de bolivianos, respectivamente, específica el análisis.
Los gastos
Según el Ministerio de Economía, en 2024, el gasto total del SPNF ascendió a 148.872 millones de bolivianos, con un incremento del 3,2% en comparación con 2023.
Este crecimiento fue liderado por los gastos corrientes, que aumentaron en 5,7%, hasta 129.557 millones de bolivianos, en línea con las políticas gubernamentales destinadas a sostener los subsidios y mitigar los impactos económicos negativos en la población más afectada.
A modo de comparación, este gasto en 2006 apenas llegaba a 31.728 millones de bolivianos y en 2007, a 43.144 millones de bolivianos y luego ascendió a 84.702 millones en 2012 y hasta 124.947 millones de bolivianos en 2014.
El Ministerio de Economía sostiene que el servicio de la deuda fue un factor relevante en la expansión del gasto corriente en 2024. Este pago (deuda) aumentó en un año de 6.635 a 9.207 millones de bolivianos. En 2006, este servicio apenas era de 1.662 millones de bolivianos.
El pago de intereses de la deuda interna y externa explicó 1,8 puntos porcentuales del crecimiento total del gasto, como consecuencia del entorno financiero internacional adverso que elevó las tasas de interés.
Se añade que este comportamiento también evidenció la responsabilidad del Estado en el cumplimiento oportuno de sus compromisos con organismos internacionales y acreedores externos.
El gasto en servicios personales pasó de 8.715 millones de bolivianos en 2006 a 44.764 millones de bolivianos en 2024. De este monto, los sueldos y salarios representan el 99,2% (44.386 millones).
La política salarial del Gobierno en 2024 determinó el incremento al Salario Mínimo Nacional del 5,85% y al Haber Básico del 3%, el cual benefició al conjunto de sectores de la economía. Asimismo, durante la gestión se llegó a crear 1.059 ítems para el sector salud y 2.180 ítems para el sector educación.
Según nivel institucional, el TGN canceló sueldos por 29.102 millones de bolivianos: el magisterio explica el 49,7%, le siguen los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) con 15,8% y 9,3% la Policía.
En la gestión 2024, el gasto en bienes y servicios del SPNF ascendió a 55.449 millones de bolivianos. Este nivel de ejecución representa el 37,2% del gasto total del SPNF, principalmente por el gasto de operación de las empresas públicas, dada su participación activa en sectores clave de la economía.
“En un contexto de incertidumbre externa e interna, el gasto de capital alcanzó 19.315 millones de bolivianos, reflejando el compromiso del Gobierno con el desarrollo económico y la ejecución de proyectos importantes. Estas acciones evidencian una firme voluntad de priorizar el bienestar de los bolivianos y avanzar en iniciativas clave para el crecimiento del país”, precisa el Ministerio de Economía.
Los gastos de capital de las empresas públicas alcanzaron a 4.984 millones de bolivianos, de las cuales aproximadamente dos tercios (64,9%) fueron ejecutados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y la Empresa Siderúrgica el Mutún.
En relación con el resto de empresas públicas, si bien su nivel de ejecución fue menor al presentado en la gestión anterior, en su interior se destacaron algunas entidades como la Industria Boliviana Química (IBQ), que ejecutó 201 millones de bolivianos, encargada de producir y suministrar insumos para industrias y sectores estratégicos como la minería, agricultura, farmacia, cosmética, hidrocarburos, energía, construcción y manufactura, entre otros. Le siguieron Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con 165 millones de bolivianos; la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (Eba) con 128 millones de bolivianos, y la Empresa de Abonos y Fertilizantes (Eepaf) con 96 millones de bolivianos, indica el Ministerio de Economía.
TGN y la Renta Dignidad
De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, las transferencias corrientes aumentaron de 15.214 millones de bolivianos en 2022 a 18.831 millones de bolivianos en 2024. En 2012, solo eran de 6.123 millones de bolivianos.
Las cifras revelan además que las transferencias al sector privado pasaron de 6.313 millones de bolivianos en 2014 a 9.644 millones de bolivianos en 2024.
De este monto, resaltan las transferencias realizadas del TGN, destinadas principalmente al pago de la Renta Dignidad en 4.349 millones de bolivianos. Este desembolso comenzó en 2022 con 1.378 millones de bolivianos y en 2023 aumentó a 3.764 millones de bolivianos y mucho más el año pasado.
Al Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) que financia la Renta Dignidad se traspasaron 880 millones de bolivianos, un aporte que en los últimos años ha comenzado a declinar gradualmente. En comparación, en 2014 estas transferencias al FRUV alcanzaban a 4.001 millones de bolivianos, en 2015 descendieron a 2.846 millones de bolivianos y en los siguientes años esta tendencia se mantuvo a la baja al punto que en 2023 y 2024 se registraron los niveles mínimos, solo 1.091 millones de bolivianos y 880 millones de bolivianos.
Otras transferencias comprenden el pago de los aportes patronales en 2.476 millones de bolivianos, otras transferencias 1.305 millones de bolivianos y para el Bono Juancito Pinto 468 millones de bolivianos, entre los más significativos.
“El gasto público reflejó compromisos relevantes orientados a fortalecer la estabilidad social y económica. Las transferencias corrientes se incrementaron debido a desembolsos adicionales del TGN al FRUV, garantizando los pagos a la población mayor”, justifica el Ministerio de Economía. Recalca que se absorbieron costos asociados al incremento salarial del 3% al haber básico y del 5,85% al salario mínimo nacional, además de cumplir con obligaciones por intereses de la deuda interna y externa.
Estas acciones refuerzan, dice, la credibilidad del país ante los acreedores, consolidando la confianza en la gestión fiscal.
En 2024, el Gobierno canceló 4.705 millones de bolivianos por la Renta Dignidad.
De este importe, 3.829 millones de bolivianos correspondieron al pago de no rentistas y 876 millones de bolivianos a rentistas, lo que benefició a un total de 1.237.380 personas de la tercera edad.
Desde la creación de la renta, en febrero de 2008, hasta diciembre de 2024, se desembolsó un total de 55.251 millones de bolivianos a los adultos mayores.
Perspectiva
El economista Germán Molina opinó que durante el 2025 la administración gubernamental continuó con la expansión del gasto público hasta el extremo de utilizar las barras de oro para pagar el servicio de la deuda externa, que es gasto corriente.
“Por lo tanto, el déficit fiscal por la tendencia llegaría a dos dígitos hasta fin de año y la nueva administración tendría poca maniobra para revertir por la estacionalidad del gasto como el pago de aguinaldos, avance y conclusión de obras”, advirtió.
Otra característica durante el periodo 2021-2025 de las cifras de las variables macroeconómicas es que están por debajo del promedio esperado en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y difícil de revertir hasta noviembre 2025.
Según Molina, hay incertidumbre, desconfianza y disminución de la credibilidad sobre el estado de la economía por los agentes económicos consumidores y empresarios.
Además, el empleo en el sector formal de la economía representa al menos un quinto del total de la economía con tendencia declinante por varios factores adversos a la permanencia y proyectos nuevos de la empresa privada, como: pocos o casi nulos incentivos, controles (frenos), precios regulados, alta presión tributaria, cuotas de exportación, falta de dólares, escasez de gasolina y diésel, inflación galopante, mercado paralelo del dólar, brecha cambiaria, incremento del señoreaje y la inflación.
De todas maneras, dijo que la reducción del déficit fiscal el próximo año, como proponen los candidatos del Partido Demócrata Cristiano y de Libre, es factible y dependerá de cómo procederán a realizar y mediante qué instrumento, porque la situación fiscal es compleja.
Añadió que el gasto público financiado con recursos del TGN es inflexible a la baja en 90%, por el pago de sueldos y salarios, servicio de la deuda pública y otros.
“Además, la causa de los síntomas que vive la economía boliviana es el programa, modelo y política económica impuestos durante el periodo 2006-2025 a una realidad concreta conformada por 11 millones de personas o acción humana heterogénea, que cada uno tiene sus propios intereses inclinados a la libertad y propiedad privada muy distinto al colectivismo que viene imponiendo en el país”, agregó Molina.
El economista Omar Velasco advirtió que la meta de déficit fiscal de 9,2% será difícil de cumplir y esta brecha superará los dos dígitos, tomando en cuenta que los últimos meses el gasto aumenta por el pago de aguinaldos en el sector público y hay una mayor ejecución de inversión pública.
“En los últimos meses del año el déficit fiscal tiende a ser más alto, porque hay una estacionalidad de gastos de fin de año, y que se explica por mayor ejecución de la inversión pública y el pago de aguinaldos”, precisó.
Velasco considera que hay desconocimiento sobre cuál es la verdadera situación fiscal y la factibilidad de recortar el gasto público como proponen los candidatos a la Presidencia.
Recordó que más de 90% de los gastos del nivel central son inflexibles porque devienen de compromisos del Estado para honrar el servicio de la deuda, la importación de combustibles o pago de sueldos y bonos.
“Tuto Quiroga habla de bajar el déficit a 5% y Rodrigo Paz en un 60% el nivel actual. Yo veo con preocupación que la única variable de ajuste es la inversión pública, que este año tendrá una baja ejecución. El ajuste fiscal va a ser recesivo y eso afectará al crecimiento y la recaudación”, alertó Velasco.