Alertan que existe un rebrote de esta actividad ilegal en Bolivia porque se percibe un clima de impunidad. Los lugares donde se están registrando esos ilícitos son en Ixiamas, norte de La Paz; Porvenir, Pando; en los municipios en los alrededores de Urubamba, en el Beni; y en la Chiquitanía de Santa Cruz.
Fuente: ANF / La Paz
En las últimas semanas se conocieron varios casos de asesinato de jaguares en territorio boliviano. El director de la de la Asociación de Justicia Ambiental, Rodrigo Herrera, alertó que existe un rebrote de esa actividad ilegal porque se percibe un clima de impunidad.
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“Desde la pasada gestión, han rebrotado estos casos de tráfico y caza del jaguar, siendo alarmante lo que sucedió hace aproximadamente dos semanas en los que hemos conocido cuatro hechos de caza y tráfico de jaguar. A estos se suma anteayer una nueva denuncia sobre la caza de un puma, también en el oriente boliviano”, denunció Herrera en entrevista con la ANF.
Caso de cacería de un puma en el oriente boliviano
En los últimos 20 años, el desborde de casos de tráfico y caza del jaguar sucedió en el periodo 2014-2019, según los datos de Asociación de Justicia Ambiental. El delito comenzó a disminuir por las sentencias que se estaban ejecutando contra los acusados. Durante la pandemia la actividad ilegal bajó, pero desde el año pasado nuevamente comenzaron a existir ejemplares asesinados.
En la gestión pasada se conoció que un ciudadano argentino ofrecía, como parte de la actividad turística, la caza de jaguares en suelo boliviano. El caso desató indignación en el país, ya que las autoridades argentinas fueron las que descubrieron a toda esa organización.
Entre el 2024 y septiembre de este año, existen 12 casos conocidos que comprometen al menos a 20 ejemplares asesinados.
“Entonces, ya vamos hablando de una cifra de más de 20 individuos muertos en este periodo, pero sólo son de los casos que tenemos certeza, son cifras no oficiales. Es muy preocupante, no habíamos tenido este rebrote de casos hace mucho tiempo, hasta hace que hace cinco años”, alertó el activista.
El defensor de la fauna silvestre sostuvo que estos crímenes son consecuencia de la inacción del Estado para actuar de oficio y procesar a los responsables; además, también alertó de la oferta de caza silvestre que algunos operadores de turismo estarían promoviendo, similar al caso del argentino.
Los lugares donde principalmente se están registrando esos ilícitos son en Ixiamas, norte de La Paz; Porvenir, Pando; en los municipios en los alrededores de Urubamba, en el Beni; y en la Chiquitanía de Santa Cruz.
Por los últimos casos de este periodo, existen alrededor 13 personas que están siendo investigadas por la Fiscalía a denuncia de los activistas.
Según el histórico de la Asociación de Justicia Ambiental, desde el 2014 hasta la fecha, se registraron 47 casos relacionados con la caza y el tráfico de ilegal del jaguar. De esa cantidad, sólo cinco terminaron con sentencia, ninguno corresponde al último periodo.
Herrera indicó que la baja cantidad de sentencias se debe a que los fiscales del sector rural no están capacitados para realizar una investigación por ese delito. Además, a pesar de que el Estado debería actuar de oficio, los procesos son impulsados por activistas, pero la falta de recursos económicos para hacer el seguimiento hasta conseguir un fallo se convierte en otro obstáculo.
“De verdad, nadie nos paga por esto. Lo estamos haciendo por el compromiso que tenemos con el medioambiente, pero es triste que todos los días recibamos algún caso relacionado con la muerte de animales, con maltrato de animales, con el tráfico de animales. Principalmente, esto se ven en más de 20 casos (diarios)”, enfatizó el director de la Asociación de Justicia Ambiental.