Surgen cuestionamientos respecto a las medidas sustitutivas otorgadas a Felipe Cáceres, exzar antidrogas del expresidente Evo Morales. Desde la oposición, consideran que el exfuncionario debió ser enviado con detención preventiva a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro; mientras que el ala oficialista afín al presidente Arce expresa preocupación por los hechos de narcotráfico en el trópico de Cochabamba, actualmente “cercado”. El Ministerio Público rechazó la detención domiciliaria y anunció que apelará la resolución.
Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Beto Astorga, la detención domiciliaria de Cáceres resulta “insuficiente” y afirma que la exautoridad debió haber sido enviada a Chonchocoro.
“Creemos que esto deja un sabor a poco. Él (Cáceres) debió haber sido enviado a la cárcel de Chonchocoro para sentar un precedente en nuestro país, porque ser cómplice del narcotráfico o tener nexos con narcotraficantes, sin duda, daña la imagen de Bolivia a nivel internacional”, declaró Astorga.
Desde el arcismo, la diputada Rosario García expresó su preocupación por los hechos relacionados con el tráfico de sustancias controladas y destacó la “lucha frontal” que el Ministerio de Gobierno lleva adelante contra este ilícito.
“A nosotros nos preocupa porque, en este momento, el trópico cochabambino, el Chapare, está prácticamente cercado. Se ha ido cercando. Sin embargo, ellos mismos (algunos sectores) defienden, no sé si por intereses personales o políticos, a una exautoridad. Aun así, vemos que en el tema del narcotráfico hay una lucha frontal, especialmente por parte del Ministerio de Gobierno”, aseguró.
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Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció la apelación a la resolución emitida por el juzgado de Ivirgarzama, al considerar que no está de acuerdo con dicha decisión. La apelación fue remitida a la sala de turno del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba.
«Apelamos porque no estamos de acuerdo con la resolución determinada por el juez, y, en respeto a los recursos legales, hemos recurrido en apelación para que la sala de turno del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba pueda considerar la apelación presentada por el Ministerio Público», afirmó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Por su parte, la asambleísta departamental de Santa Cruz por Creemos, Paola Aguirre, lamentó la decisión judicial y sostuvo que el narcotráfico ha encontrado en Bolivia «un paraíso de impunidad», a diferencia de otras personas que, según señaló, son tratadas con “todo el rigor de la ley”.
“Lamento la decisión de la justicia, tomando en cuenta que el problema del narcotráfico no solo repercute en el orden interno del país, sino también a nivel internacional. Bolivia se ha caracterizado, lamentablemente, por ser un lugar donde muchos narcotraficantes han descubierto un paraíso de impunidad”, aseveró la legisladora.