Por: Jaime Navarro Tardío*
Tenemos el mayor grado de descomposición institucional observado en los 200 años de vida independiente. Los gobiernos del MAS, durante los últimos 20 años, se dedicaron a prostituir la función pública: el Estado es hoy sinónimo de ineficiencia y corrupción. Ofrecieron un “proceso de cambio” que, como resultado de la desinstitucionalización, terminó ahogado en un mar de corrupción. Cuando el político se dedica a robar, olvida la gestión; se concentraron en hacer negocios y preservar el poder a toda costa, perpetuarse para mantener la mamadera y nunca rendir cuentas. Nos dejan un país quebrado, confrontado y sin solvencia institucional.
Veamos realidades que sustentan estas aseveraciones:
EL PRESIDENTE Y SU FAMILIA
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A Luis Arce le quedan apenas seis semanas como presidente de Bolivia, y navega en un mar de denuncias que afectan tanto a él como a sus hijos. El presidente resultó ser un picaflor, con denuncias por abandono de hijo y asistencia familiar. Demostró ser irresponsable en la conducción del Estado y también en su vida personal. Son asuntos privados, pero todo lo que involucra al presidente termina afectando la imagen de su gobierno y del Estado mismo. Tendrá que enfrentar esas denuncias desde la casa grande o desde la casa pequeña; no hay manera de escapar.
Dos de sus hijos cargan con denuncias de grueso calibre. El mayor, Marcelo, fue denunciado por una comisión parlamentaria por vínculos con Botrading, subsidiaria de YPFB creada en Paraguay, sobre la que pesan acusaciones de sobreprecios millonarios y contratos opacos en el suministro de diésel y gasolina. En el estratégico proyecto del litio boliviano, diputados oficialistas denunciaron su participación en negociaciones con empresas extranjeras para la explotación del recurso. Lo más reciente: tiene orden de aprehensión por violencia contra una ex Miss Tarija y alerta migratoria por los negociados millonarios en que se lo vincula.
El hijo menor saltó a la noticia por la adquisición de la hacienda Adán y Eva en Santa Cruz, de algo más de 2.000 hectáreas, comprada en 3,3 millones de dólares mediante un crédito bancario exprés. Con apenas 24 años, sin antecedentes empresariales ni patrimonio, logró acceder a ese crédito millonario. La investigación parlamentaria reveló que el banco que lo otorgó tiene inversiones con recursos de la Gestora Pública. Se presume tráfico de influencias para la adjudicación del crédito y para obtener permisos ambientales, cambios de uso de suelos, etc., trámites que en Bolivia suelen demorar años y que en su caso se resolvieron en tiempos récord. Como consecuencia, el hijo menor también tiene activa una alerta migratoria.
El presidente se lavó las manos diciendo que sus hijos son mayores y deben responder por sus actos. Qué simpleza. El mandatario debe garantizar que asuman responsabilidad y enfrenten la justicia; de lo contrario, siembra dudas de encubrimiento, delito tipificado en la normativa vigente y en la Constitución. Un presidente respetuoso de su investidura no se hace el desentendido: da la cara ante un asunto tan delicado.
YPFB, EN EL OJO DE LA TORMENTA
Los administradores de YPFB deben rendir cuentas al país. Entre 2005 y 2024 exportaron gas por más de 38.000 millones de dólares. No hicieron exploración; se dedicaron a la corrupción. Hoy la producción de gas está en niveles críticos y las exportaciones de este año serán similares a las de 2007. Como diría mi abuelita: “como el cangrejo, para atrás”.
Nos dejan un país con colas interminables para cargar diésel, con reservas de gas en franco agotamiento que ponen en riesgo, a mediano plazo, la generación de energía eléctrica. El consumo diario de diésel es de 7 millones de litros; el 85% se importa y solo producimos el 15%. Se denuncia que el 30% del diésel importado vuelve a salir ilegalmente, generando millonarias ganancias y con YPFB señalada como operador principal del contrabando. En escenarios de desabastecimiento, como el actual, la dinámica del negocio clandestino se expande sin control. Entre transportistas circula la versión de que la escasez ha creado un mercado negro paralelo: agricultores y mineros, antes que paralizar siembras, cosechas o explotaciones auríferas, pagan sobreprecios tres y hasta cinco veces superiores a los de surtidores. Así se entiende que un sector tan combativo y poderoso como el transporte no haya puesto de cabeza al gobierno.
PENETRACIÓN NARCO
A Felipe Cáceres, “zar” antidrogas de Evo durante 15 años, lo sorprendieron con las manos en la masa. Debieron enviarlo a prisión preventiva, pero, como suele ocurrir con los allegados al poder, logró detención domiciliaria. Otros dos jefes antidrogas, Maximiliano Dávila y René Zanabria, están presos por delitos de narcotráfico. Santa Cruz se ha convertido en refugio de narcos; jefes de cárteles brasileños y uruguayos viven como reyes, con la ostentación que los caracteriza.
Ajustes de cuentas, balaceras en calles y muertes horrendas se han vuelto frecuentes, poniendo en vilo a la sociedad.
La situación descrita refleja el grado de descomposición que enfrentamos. El próximo presidente tendrá la difícil tarea de institucionalizar un Estado prisionero de las peores prácticas: sometido a familias, corporaciones corruptas y redes de narcotraficantes. El Estado solo podrá cumplir con sus roles constitucionales cuando logre desarrollar instituciones fuertes e independientes del poder político. Sin institucionalidad no habrá estabilidad.
*Político y ex Diputado Nacional.