El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, sostuvo que se trata de un primer triunfo en defensa de un espacio cargado de simbolismo
Fuente: correodelsur.com
En Santa Cruz, el debate sobre el futuro del predio donde funcionaba la Fiscalía Departamental y que actualmente está deshabitada, a pasos del Cristo Redentor, dio un primer giro a favor de quienes defienden que el lugar debe convertirse en una plaza cívica.
Durante una audiencia pública en el Concejo Municipal, instituciones cruceñas lograron frenar el intento de cambio de uso de suelo que habilitaría la construcción de un edificio de seis pisos en la zona.
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El encuentro, solicitado por el Comité Pro Santa Cruz, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Santa Cruz y el Colegio de Arquitectos, derivó en la conformación de una mesa técnica para revisar la planificación urbana.
El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, sostuvo que se trata de un primer triunfo en defensa de un espacio cargado de simbolismo. Aseguró que el Cristo Redentor “es libertad, un espacio donde se han librado batallas cívicas y que debe consolidarse como una plaza para el encuentro social, cultural y ciudadano”.
Desde el sector profesional se recordó que la vocación del área no es nueva. Rolando Mancilla, presidente de la SIB Santa Cruz, señaló que desde la década de 1950, con el Plan Techint, se proyectó el lugar como plaza cívica. Advirtió que la construcción de un edificio de gran tamaño alteraría la movilidad urbana y limitaría las concentraciones ciudadanas que caracterizan al Cristo Redentor.
La postura fue respaldada por el Colegio de Arquitectos. Percy Vargas remarcó que se trata de un espacio que refleja la cruceñidad y que debe preservarse para las próximas generaciones.
En su criterio, las manifestaciones de identidad y las celebraciones colectivas que allí se realizan son parte de la memoria viva de Santa Cruz y no deberían ser reemplazadas por un bloque de cemento.
Con más de 70 años de diseños urbanos y al menos ocho normativas municipales que respaldan la idea de una plaza, las instituciones consideran que se dio un paso clave. “Hemos ganado el primer round”, sintetizó Zambrana, al subrayar que la vigilancia ciudadana será determinante para que este espacio se mantenga como un símbolo de la libertad no solo regional, sino nacional.
En paralelo, el propio Ministerio Público había defendido la legalidad del predio, aduciendo que está inscrito en Derechos Reales a nombre del Ministerio Público y que la construcción era una obra planificada –valorada en unos 30 millones de bolivianos–, con la que se pretendía mejorar la atención de las fiscalías especializadas.
