Han pasado seis meses desde que la mazamorra causada por el colapso de un dique de residuos mineros en la zona de Kenko, Andavilque (Llallagua), arrasó con viviendas, chacras y pertenencias de las familias de la comunidad. A pesar del tiempo transcurrido, la ayuda prometida no se ha materializado y la incertidumbre pesa sobre los damnificados.
Fuente: ANF
El desastre no fue natural. Según los testimonios de los afectados, fue provocado por pasivos mineros de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). La mazamorra no solo sepultó casas, sino que también contaminó el suelo y el agua, dejando a Andavilque como un pueblo fantasma.
Manuel San Miguel, uno de los damnificados, recordó cómo su vivienda desapareció bajo el lodo y ahora vive en un pequeño cuarto brindado por su familia. “Yo tuve que ir a vivir en un cuartito que me prestó mi madre. No es lo mismo que tener tu casa”, lamentó en contacto con ANF.
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Agregó que, aunque la comunidad quedó vacía, muchos retornan a sus terrenos para ver cómo quedaron cubiertos por la lama.
Las ayudas iniciales que llegaron en los primeros meses se interrumpieron. El acompañamiento estatal y municipal parece haberse enfriado, mientras que los trámites se han convertido en un muro infranqueable para la reconstrucción de las viviendas.
El riesgo ahora es doble: la falta de techo y el inminente regreso de la época de lluvias. Si los trabajos de limpieza no se completan, nuevas mazamorras podrían arrasar con lo poco que queda.
Las promesas de reconstrucción de viviendas quedaron condicionadas. Comibol ofreció casas a la comunidad, pero a cambio de que los pobladores no iniciaran juicios. “No se ha cumplido con las casas, y tampoco hay responsables identificados”, apuntó San Miguel.
Lourdes Tapia, de la Sociedad Potosina de Ecología (Sope), advirtió que lo ocurrido en Andavilque fue “un tremendo evento” que dejó a toda la comunidad “en la calle”. Tapia recordó que el colapso del dique de pasivos mineros ocurrió el 16 de marzo y destruyó alrededor del 70% de las casas y chacras.
“A seis meses, la gente no tiene absolutamente nada”, subrayó.
La organización a la que pertenece realizó un monitoreo en el área un mes después del desastre. Los hallazgos fueron alarmantes: agua altamente ácida, contaminación por arsénico, cadmio, plomo, zinc y hierro, además de suelos que ya no permiten el crecimiento de cultivos. “La población está en riesgo de enfermedades graves”, alertó Tapia en contacto con ANF.
A pesar de esta evidencia científica, los resultados oficiales de los monitoreos estatales permanecen ocultos. Según denunció, las autoridades han retenido la información con el argumento de que podría usarse en procesos legales. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo.
El caso apenas tuvo cobertura mediática durante los días posteriores al derrame, pero después fue invisibilizado, dejando a Andavilque en el olvido, remarcó Tapia.
Mientras tanto, los trabajos de remediación avanzan a paso lento. Comibol retiró cerca del 40% del lodo acumulado, pero la maquinaria se paralizó la última semana por falta de diésel y gasolina. San Miguel denunció que la empresa se comprometió a habilitar caminos y construir un sistema de contención, pero hasta ahora solo se ha ejecutado el 30% del trabajo necesario.
La burocracia agrava la situación. Para acceder a la reconstrucción de las viviendas mediante AE Vivienda, se exige documentación que muchos afectados no tienen. “Nosotros solo pedimos que se nos devuelvan nuestras casas como estaban, con cimiento y techo, no más papeles”, dijo San Miguel.
Los damnificados han decidido iniciar procesos legales contra la Alcaldía de Llallagua, a la que acusan de permitir el desvío de aguas residuales hacia Andavilque. La Gobernación de Potosí, por su parte, ya abrió un primer proceso en curso contra los responsables.
A pesar de la presión constante de los comunarios, la respuesta institucional sigue marcada por demoras. La gente teme que las lluvias vuelvan a arrasar con los terrenos cubiertos de lama y que la tragedia se repita.
Andavilque no solo perdió casas y chacras. Según Manuel San Miguel, también se perdió parte de la memoria. “Este lugar es histórico, más antiguo que Llallagua. Tiene sitios arqueológicos que podrían servir para el turismo, pero nadie toma en cuenta eso”, lamentó.
El monitoreo de Sope confirmó esa preocupación. La contaminación no se limita al agua, sino que también afecta a los suelos productivos. Se identificó la presencia de metales pesados en los sedimentos que pueden bioacumularse en los cultivos, comprometiendo la alimentación futura de la población. “Esto pone en riesgo el sistema productivo y la salud de toda la región”, advierte el informe.
Los especialistas resaltan que el desastre de Andavilque no fue un accidente natural, sino consecuencia de un modelo extractivista que privilegia el beneficio económico por encima de la vida y el ambiente. Para la organización, se trata de un problema estructural que requiere una respuesta seria y sostenida.
Tapia recordó que el caso forma parte de una larga lista de pasivos mineros que nunca fueron tratados adecuadamente. “Lo lamentable es que ni siquiera se puede trabajar con la información oficial, porque nos la niegan. Sin datos transparentes, no se pueden diseñar soluciones”, señaló.
La falta de apoyo institucional no solo deja en la intemperie a los damnificados, sino que invisibiliza la magnitud de la contaminación. El agua del río Andavilque, según el monitoreo, es inhabitable para la vida acuática y constituye un riesgo sanitario para los humanos.
A seis meses de la tragedia, la comunidad sigue vacía, los cultivos cubiertos por lama y las familias dispersas.
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