Armando Alvarez Arnal*
En 20 años de gobierno es de esperar que autoridades y reguladores hubieran aprendido y entendido, al menos lo básico, sobre cómo funcionan ciertos procesos económicos. Pero, ante la evidencia y en resguardo de los ahorros del público y por el bienestar del sistema financiero, no queda otra que persistir en el intento.
A ver, para que los bancos puedan otorgar créditos, primero, tienen que captar ahorro del público mediante cajas de ahorro, cuentas corrientes o depósitos a plazo fijo. De cada 1.000 bolivianos que un banco presta a empresas o personas, 900 bolivianos (el 90%) provienen de los depósitos del público y 100 bolivianos (el 10%) de sus accionistas. Sólo para dejar más claro, si el préstamo fuera de 100.000 bolivianos, 90.000 bolivianos provendrían de los depósitos del público (90%) y 10.000 bolivianos (10%) de los accionistas (Se entiende, ¿no?). Si el público no ahorra en un banco, pues sencillamente no habría créditos, ergo tampoco bancos.
El público deposita sus ahorros en un banco por un período determinado de tiempo, no lo hace indefinidamente. Los que depositan en cajas de ahorro (usualmente personas) o cuentas corrientes (usualmente empresas) pueden retirar los mismos en cualquier momento. Los que lo hacen en depósitos a plazo fijo (tanto personas como empresas) no requieren sus ahorros inmediatamente, por lo que están dispuestos a dejarlos más tiempo (30, 90, 180, etc. días) a fin de ganar un mejor interés. Los bancos que reciben los depósitos del público deben poder devolverlos en el momento en que los depositantes, que son sus propietarios, los requieran (cualquier momento en el caso de depósitos en cajas de ahorro y cuentas corrientes) o cuando vence el plazo pactado por el depósito (caso de los depósitos a plazo fijo).
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Como se ha explicado, si los bancos, por cada crédito que otorgan, el 90% de los fondos provienen de los ahorros del público depositados en ellos, para devolver esos ahorros requieren pues recuperar los créditos otorgados. Si los bancos no recuperan los créditos otorgados pueden tener problemas para devolver los ahorros a los depositantes. Es por ello que los bancos, exigen garantías a quienes van a recibir los créditos (no porque sean unos desgraciados), ya que, en caso de incumplimiento de pago del crédito, pueden recurrir a liquidar la garantía otorgada para recuperar los fondos prestados y así devolver estos a los depositantes.
La captación de los ahorros del público, la adecuada colocación de esos ahorros en créditos (con garantías incluidas) y, fundamentalmente, la gestión de la recuperación de los créditos para devolver los ahorros depositados al público o para volver a otorgar nuevos créditos, son las principales funciones y responsabilidades de todo banco.
Ahora bien, resulta que autoridades de gobierno incomprensiblemente apoyadas por el regulador cuya principal responsabilidad debiera ser el resguardo de los ahorros del público por sobre los intereses de quienes se han prestado esos ahorros (recordar que sin ahorro no hay crédito), han presentado a la Asamblea un proyecto de Ley que, bajo el argumento de “proteger y defender los derechos de los prestatarios de créditos de vivienda de interés social y créditos para micro y pequeña empresa”, propone diferir automáticamente por 6 meses el pago de todos esos créditos y también suspender por similar plazo la ejecución de las garantías que los prestatarios hubieran otorgado para recibir esos créditos.
En sencillo, el mencionado proyecto de Ley propone que los bancos que otorgaron créditos de vivienda de interés social y créditos a micro y pequeñas empresas no los cobren por 6 meses, independientemente de que esos créditos se encuentren en mora (con retraso de pago) o vigentes (se vienen pagando regular y puntualmente), y que la ejecución de las garantías otorgadas por esos créditos que no han sido pagados, también se suspenda por 6 meses. Como se ha explicado, si un banco no cobra los créditos otorgados y no puede ejecutar garantías, tendrá dificultades para devolver los depósitos a los ahorristas y para otorgar nuevos créditos. ¿Los ahorristas no tienen derechos que deban ser protegidos y defendidos?. Reiterar que sin ahorro no hay crédito.
Es indudable que, por la crisis económica por la que atraviesa el país, personas que han adquirido créditos para vivienda de interés social al igual que micro y pequeñas empresas que se han prestado de los bancos pueden estar atravesando por dificultades para cumplir con el pago de los créditos obtenidos ante la caída de sus ingresos. En esos casos, corresponderá a cada banco evaluar cada caso en particular y acordar una reprogramación (cambiar las condiciones del crédito a fin de ajustar su pago a la nueva capacidad del deudor) o proceder a la ejecución de las garantías si el deudor ha perdido definitivamente su capacidad de pago. Recordar que es responsabilidad de los bancos gestionar los créditos otorgados sin descuidar las obligaciones que tienen con los depositantes (responsabilidad que las autoridades de gobierno y el regulador aún parecen desconocer).
Lo que resulta más sorprendente y preocupante es la propuesta de diferir la cobranza de los créditos de los que vienen cumpliendo puntualmente con su pago que son la mayoría de los prestatarios de los mencionados créditos, ya que además de generar innecesaria y deliberadamente problemas de liquidez a los bancos con posibles serias consecuencias sobre la confianza de los ahorristas en estos y el sistema financiero en general, destruye la moral de pago de los prestatarios, porque pagar los créditos a tiempo deja de ser un deber y obligación y, porque el deudor, como suele ocurrir en nuestro país, destina los fondos que debía destinar al pago del crédito para otros fines y cuando tiene que volver a pagar el crédito ya no dispone de los fondos e ingresa en incumplimiento.
Cerca de superar 20 años de medidas demagógicas y el mayor despilfarro de la historia del país, no se puede permitir que antes de que se vayan por decisión popular, además pongan en riesgo los ahorros del público y la confianza en el sistema financiero.
* Es analista económico y financiero