Organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones del país se reunieron en Cochabamba, convocadas por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), con el propósito de analizar las condiciones actuales legales, sociales y políticas que permiten o dificultan su operación en Bolivia. Entre las entidades participantes estuvo la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, junto a fundaciones, asociaciones y colectivos ciudadanos.
Fuente: Asociación de periodistas de Santa Cruz
Durante la jornada se debatieron seis ejes que configuran el denominado “ambiente habilitante” para la sociedad civil: el respeto y protección de las libertades fundamentales; la existencia de un marco jurídico favorable; el acceso a recursos sostenibles; la apertura del Estado hacia el accionar ciudadano; la generación de una cultura pública favorable al rol de la sociedad civil; y la garantía de un entorno digital seguro.
El diagnóstico colectivo fue crítico: en todos estos aspectos, el año 2024 registró un incremento de restricciones y un aumento preocupante de vulneraciones a la institucionalidad democrática, al derecho a defender derechos y a las libertades fundamentales, en comparación con la gestión anterior.
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Ante este panorama, las organizaciones participantes propusieron una serie de recomendaciones para prevenir y sancionar la criminalización de los defensores de derechos humanos y a actores de la sociedad civil; eliminar las trabas administrativas para que las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar su trabajo; acceso transparente equitativo y no condicionado a fuentes de financiamiento y a un sistema plural de cooperación; acceso a la información pública y fortalecimiento de espacios de participación plena de la población; el reconocimiento del aporte de las organizaciones de la sociedad civil al desarrollo integral y a la democracia; y garantizar un entorno digital libre, seguro y accesible que incluya la regulación de la vigilancia estatal y la prevención de los ciberataques.
Mila Reynolds, directora de UNITAS, admitió que la coyuntura para las asociaciones, fundaciones, ONG y demás instancias organizativas de la sociedad civil es poco favorable, pero, pese a ello, se continúa trabajando de manera creativa para hacer incidencia política y aportar con nuevas ideas para mirar hacia adelante con optimismo.
“Las instituciones no se rinden y quieren hacer escuchar su voz para conseguir la justicia social que el país anhela y se mejoren las condiciones de vida la población. Hay una fuerza que viene desde abajo, desde la misma sociedad civil y es muy comprometida; solo queda aunar esfuerzos, celebrar nuevas alianzas y dotarnos de objetivos comunes para avanzar en temas concretos. Seguiremos avanzando paso a paso y varios pasos hacen un andar”, remarcó la activista.
La reunión concluyó con el compromiso de continuar articulando esfuerzos y de incidir en la agenda pública para defender los derechos ciudadanos y fortalecer la democracia en Bolivia.
