Sólo para la producción de litio, cobre y cobalto, se estima una inversión de entre 350.000 millones de dólares a 450.000 millones hasta el 2030.
Fuente: El Diario
Mientras el mundo va en busca de nuevas formas de generar energía limpia, Bolivia tiene mucho camino para avanzar en la transición energética y el consultor del sector, Boris Gómez Úzqueda, sostiene que para ello hace falta nuevas leyes de hidrocarburos y electricidad.
Así como urge una nueva Ley de Hidrocarburos para reactivar la exploración y explotación de gas, urge una nueva Ley de Electricidad para modernizar el sector y generar inversiones privadas en generación eléctrica, indicó Gómez Úzqueda.
Pero Bolivia no sólo requiere leyes en esos sectores, sino también en otros, como la Ley del Litio, para que su explotación y comercialización beneficie al país y a las regiones productoras, cuya norma sigue durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea.
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Un informe de la gestión pasada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), indicó que el cambio de matriz energética para combatir las modificaciones climáticas que se vienen registrando a nivel internacional, trae oportunidades para los países poseedores de minerales “críticos”, también riesgos para las naciones en desarrollo debido a que tienen el desafío de no sólo proporcionar materia prima sino productos con valor agregado.
Anunció que las inversiones en minería deberán oscilar entre 350.000 millones de dólares a 450.000 millones hasta el 2030, para la producción de litio, cobre y cobalto, a lo que se puede sumar un cuarto, el níquel, se posee en muy poca cantidad.
Para el experto en el tema de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, la clasificación de los minerales es un tema interesante, porque se abre oportunidades para Bolivia y otros países que tienen materias primas para la transición energética.
Como se recordará, el país posee litio, cobre y cobalto, tres de los cuatro minerales denominados “críticos”, que pueden ser utilizados para posibilitar la transición energética, siempre y cuando se facilite la inversión externa.
Los cambios tecnológicos que se dan en el mundo alientan el uso de minerales específicos y por ello las distintas potencias han clasificado a los minerales estratégicos.
“Nosotros tenemos litio y de acuerdo a Naciones Unidas, la demanda se incrementará 1.500 veces hasta el 2050”, apuntó y dijo que a pesar de que hay una tendencia en sustituirlo, todavía el litio será determinante, así como están las cosas.
Leyes
Volviendo a las propuestas de nuevas leyes, Gómez Úzqueda explicó los aspectos relevantes que debe contener una nueva legislación eléctrica para permitir el ingreso de privados a la cadena operativa, son los relacionados a: “nuevos negocios de generación, transmisión, distribución: incorporar cláusulas de estabilidad regulatoria por 20-25 años en contratos de inversión, prohibiendo expropiaciones sin compensación justa y estableciendo arbitraje internacional para disputas”.
Señaló que ya no deben realizarse nacionalizaciones porque muestran una imagen de inseguridad jurídica y disuaden a inversionistas privados a llegar al país.
“La nueva ley tiene que establecer cero cargas impositivas para incentivar la industria de generación renovable: exención de IVA e impuestos para proyectos nuevos en renovables por al menos un período de 10 años para los inversionistas nacionales e internacionales, en una fórmula que debe ser discutida”, planteó.
El entrevistado insistió en un tercer punto de su propuesta a “introducir deducciones aceleradas de depreciación (2 años) y créditos fiscales por generación renovable”, adicionalmente “permitir APP (alianzas público privadas) en todos los nuevos proyectos de generación renovable y transmisión, en donde el Estado central y departamentales puedan asociarse a proyectos, siempre y cuando jueguen mismas reglas de competencia”.
La nueva ley eléctrica debe “implementar mecanismos subastas y Net Metering, una manera de incluir subastas anuales”, sostuvo. Además, citó como ejemplo la actividad empresarial que realiza la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (Augpee), que inyecta electricidad eficientemente a la red, evitando desperdicios y fomentando ventas o exportaciones. “Vale decir, los excedentes de electricidad son vendidos a UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas), recibiendo compensación al precio del mercado spot (calculado por la Administración del Mercado Eléctrico)”, detalló.
Úzqueda indicó que se debe incluir para nuevos parques solares, hidro o eólicos, modelos de contrato tipo PPA (Power Purchase Agreement) que es un acuerdo contractual a largo plazo entre un productor de energía (generalmente un generador privado de electricidad, como una planta solar, eólica o hidroeléctrica) y un comprador (que puede ser una utilidad eléctrica, un gran consumidor industrial o comercial, o incluso un gobierno). Su objetivo principal es garantizar la venta y compra de una cantidad fija de energía eléctrica a un precio preestablecido durante un período extendido, típicamente de 10 a 25 años. Esto es especialmente común en el sector de energías renovables.
Los PPA ayudan a mitigar riesgos financieros para los desarrolladores (al asegurar ingresos estables) y permiten a los compradores acceder a energía limpia a costos predecibles, independientemente de las fluctuaciones del mercado.
Finalmente, aseguró que se debe establecer una autoridad regulatoria robusta e independiente.
Actualmente el 70% de electricidad viene de las termoeléctricas, es decir a gas. En ese sentido, sugiere revisar la Constitución Política del Estado (CPE) para abrir el mercado a inversores privados.
El consultor es también autor de un libro sobre la industria energética denominado “Señor Chairman”, expresidente del comité boliviano de la Comisión de Integración Energética Regional de Latinoamérica (CIER) y co-documentalista de dos documentales sobre Paraguay la energía, el primero presentado en febrero 2025 y el segundo que será lanzado antes de fin de año.
Fuente: El Diario