David Inca, activista de Derechos Humanos y representante de las víctimas de Senkata, advirtió que el incumplimiento de estas normas por parte del Estado boliviano será objeto de denuncias internacionales. “Incluso si el próximo gobierno es de oposición, tendrá que cumplir con estas obligaciones. De no hacerlo, activaremos mecanismos de denuncia internacional”, subrayó.
Fuente: ANF / La Paz
Tras dos años de espera y en medio de presiones de las víctimas, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar esta semana dos proyectos de ley clave: la Ley de Reparación Integral y el Proyecto de Ley contra la Tortura. Así lo informó David Inca, activista de Derechos Humanos y representante de las víctimas de Senkata, quien advirtió que los plazos son ajustados y que la demora obedeció a cálculos políticos.
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Inca explicó que la Ley de Reparación Integral ya fue agendada para su tratamiento en el plenario de Diputados. En caso de aprobación, deberá pasar al Senado y posteriormente a la Presidencia para su promulgación. Considera que el plazo límite para su promulgación, en la actual legislatura, debería ser el 9 de noviembre, lo que obliga al Legislativo a actuar con rapidez.
“El retraso de dos años en el tratamiento de la ley se debió a decisiones políticas. Nos dijeron que no se aprobó el año pasado ni a principios de este porque era un tema de cálculo político”, afirmó Inca a ANF. Según el activista, esta situación fue confirmada en reuniones con la mayoría de las bancadas, excepto con Creemos, que no los recibió.
Pese a los retrasos, Inca destacó que la presión de las víctimas fue determinante para que el proceso avance.
“Las víctimas hemos impulsado y presionado esta aprobación. Esa presión ha acelerado el tratamiento”, aseguró. Subrayó además que la ley responde al informe de la CIDH y a las recomendaciones del GIEI, por lo que será de cumplimiento obligatorio para cualquier gobierno.
Respecto al Proyecto de Ley contra la Tortura, el activista señaló que también está agendado para esta semana en la Cámara de Diputados. El proceso es similar, aunque al haber sido propuesta y ya aprobada en Senadores, tras ser aprobada en Diputados, pasará directo a la Presidencia para su promulgación.
Inca precisó que este proyecto también fue impulsado por las víctimas y que, gracias a esa presión, el procedimiento se aceleró de manera inusual. “En este caso se han omitido las consultas que normalmente tardarían seis meses, lo que ha permitido que se coloque en la agenda con mayor rapidez”, explicó.
El representante de las víctimas indicó que el proyecto contra la tortura ya fue aprobado en comisión, por lo que actualmente solo resta la discusión en el pleno. “Se encuentra programado para su tratamiento entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre”, añadió.
Inca advirtió que el incumplimiento de estas normas por parte del Estado será objeto de denuncias internacionales. “Incluso si el próximo gobierno es de oposición, tendrá que cumplir con estas obligaciones. De no hacerlo, activaremos mecanismos de denuncia internacional”, concluyó.