Introducción
El anteproyecto de ley que propone suspender embargos y diferir créditos por seis meses para vivienda social y micro y pequeñas empresas ha encendido la discusión nacional. El Gobierno asegura que el impacto es mínimo y focalizado; la banca privada alerta riesgos de liquidez; y los prestatarios, protagonistas directos, exigen su aprobación para sobrevivir a la coyuntura adversa. Por tanto, aunque algunos sectores lo consideran riesgoso, tanto la teoría económica como la evidencia empírica muestran que la medida es pertinente y necesaria.
Fundamentos desde la teoría económica
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Desde la perspectiva keynesiana, liberar liquidez mediante el diferimiento de créditos permite sostener el consumo y la inversión en un momento de desaceleración económica. En lugar de destinar recursos escasos al pago de cuotas, las familias y pequeños negocios pueden mantener empleos y dinamizar la actividad productiva. En un contexto de caída de la demanda agregada, la medida actúa como una política contracíclica indirecta y resulta fundamental para evitar una recesión más profunda.
La historia económica confirma que el crédito es procíclico: en épocas de bonanza fluye con abundancia, mientras que en períodos de crisis se restringe. Hyman Minsky explicó con claridad que las finanzas, lejos de estabilizar, tienden a amplificar los ciclos económicos. En ese sentido, el proyecto busca suavizar la fase contractiva del ciclo crediticio, reduciendo el riesgo de un credit crunch.
Incluso desde la perspectiva schumpeteriana, el crédito es el motor de la innovación y del dinamismo económico. Al evitar la quiebra de miles de pequeños negocios, la ley protege el tejido productivo y asegura que la creatividad y el emprendimiento continúen alimentando la economía boliviana.
Bienestar Social y estabilidad
La vivienda social no es únicamente un activo: constituye un pilar de la seguridad y dignidad familiar. De igual manera, el micro y pequeño empresariado concentra alrededor del 63% de los prestatarios, con fuerte presencia en comercio, agricultura, transporte y manufactura. Si estos sectores colapsan, los costos sociales serían enormes: desempleo, conflictividad y pérdida de confianza en el sistema financiero. Desde la economía del bienestar, la intervención temporal del Estado se justifica plenamente cuando se trata de proteger bienes esenciales y evitar externalidades negativas de gran magnitud.
Evidencia empírica y la voz de los prestatarios
Los datos oficiales muestran que el impacto financiero es manejable. En 2020, la cartera diferida alcanzó el 10,4% del total; hoy representa apenas el 1,5%. Es decir, el riesgo sistémico es limitado, mientras que el beneficio social es amplio: más de 1,4 millones de prestatarios —63% del total— se beneficiarían directamente con la medida.
La novedad en el debate es la voz organizada de los prestatarios. “Los bancos ya no tienen miedo, otra vez están atacando a las familias”, denunció Mariano Tito, representante de La Paz. Para ellos, la medida es urgente: no buscan condonación, sino un respiro que evite que la crisis se convierta en tragedia social. Como señaló Carlos Bautista, líder nacional del sector, la ley es esencial para “reactivar la economía de los deudores”. Estas voces complementan los argumentos técnicos y otorgan legitimidad social a la propuesta.
Utilidades bancarias y rol social del crédito
La banca registró utilidades históricas superiores a $us 389 millones en 2024. Sin embargo, gran parte de esas ganancias no provienen del crédito productivo, sino de colocaciones en instrumentos seguros del Banco Central. Esto refleja que el rol social del crédito se ha reducido en el sistema bancario tradicional. Mientras tanto, los depósitos en microfinancieras crecieron 20% en los últimos 30 meses, mostrando que los ciudadanos buscan alternativas más cercanas y flexibles. En este contexto, el proyecto de ley representa una vía para reequilibrar temporalmente la relación entre sistema financiero y sociedad.
Conclusión
El riesgo de liquidez existe, pero es manejable. El beneficio social y económico supera con creces el costo potencial. No se trata de condonar deudas ni de debilitar al sistema financiero, sino de ofrecer un respiro temporal que evite pérdidas irreversibles en vivienda, empleo y producción.
En conclusión, la medida no constituye un capricho político, sino una decisión respaldada por fundamentos teóricos sólidos y por la realidad social boliviana. En el corto plazo, contribuye a preservar activos esenciales de los hogares y la continuidad productiva de pequeños emprendimientos. En el mediano plazo, refuerza la estabilidad social y económica del país. Con esta iniciativa, gana Bolivia en su conjunto: las familias preservan su hogar, los pequeños productores continúan en pie y la economía se mantiene activa frente a la tormenta.
Por: Bismarck Javier Arevilca Vásquez, Ph.D.
Economista y exdirector del Banco Central de Bolivia.