Fuente: Visión 360
Según el “Índice de Burocracia 2025”, publicado por la Universidad Internacional de Florida (FIU), se requieren en promedio 1.850 horas pare realizar este tipo de trámites en la región, pero en Bolivia, se precisa 2.060; Chile es, al respecto, el más burocrático con 5.227 horas y Brasil, apenas 284 horas.
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El dato refleja un entramado burocrático que desalienta la formalización, fomenta la informalidad y resta competitividad frente a otros países de la región.
Donde más se tarda para abrir una empresa mediana y en condiciones de operar formalmente es Chile, le sigue Argentina con 4.496 horas, Panamá con 3.392 y Perú con 3.332 horas.
El estudio arroja un promedio de 1.850 horas, lo que equivale a 231 jornadas laborales de 8 horas, o aproximadamente 8 meses laborales, con un mínimo de 35 jornadas laborales en Brasil y un máximo alrededor de 2 años, en Chile.
El Índice de Burocracia 2025 ofrece resultados para 21 países: 16 de latinoamericanos, 2 de la Commonwealth del Caribe y tres europeos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay que, de forma conjunta, representan más del 9 % de la población mundial y casi el 10 % del producto global.
El informe también advierte que, en algunos países, la informalidad supera el 70% del empleo total (Bolivia, Honduras, Guatemala), mientras que en otros (Uruguay y Chile) se mantiene por debajo del 40%.
Los sectores más afectados son la industria, donde se asienta la mayor carga burocrática, seguido por el terciario (servicios) y el primario (agropecuario). El costo de oportunidad es de 110,5 mil millones de dólares anuales en los países estudiados, equivalente al 13 % del PIB conjunto.
Según la investigación, este exceso de regulaciones no solo encarece los costos de operación, sino que también desalienta la formalización y alimenta la informalidad, que en Bolivia supera el 70% del empleo total.
Desde sectores productivos hasta analistas y expertos han advertido que el país enfrenta uno de sus retos más urgentes en materia económica: simplificar y agilizar la apertura de empresas.
La flexibilidad en las normas impositivas y laborales, digitalización de los trámites y requisitos menos ampulosos son parte de algunas mejoras necesarias, consideró Santiago Laserna, director de proyectos del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).
“Lo que ayuda a promover las empresas en general, ayuda también a promover a las empresas creativas. Eso es dar un poco más de flexibilidad a los emprendedores, no pagar impuestos pesados de entrada, sino darles la oportunidad de ir creciendo antes de caerles con impuestos”, dijo Laserna, citado en un estudio que publica Unifranz.
La reflexión de Laserna coincide con la realidad de miles de pequeños negocios que deben asumir obligaciones tributarias incluso antes de generar utilidades. Este esquema golpea especialmente a los emprendimientos emergentes, que suelen operar con recursos limitados y necesitan tiempo para consolidarse.
Los requisitos actuales para abrir un negocio en Bolivia incluyen múltiples trámites municipales, inspecciones, permisos, pagos de patentes, licencias de funcionamiento, licencias de publicidad y registros tributarios. Cada instancia exige documentos, presencias físicas y tiempos de espera.
El Índice Global de Complejidad Corporativa (GCBI) ubica a Bolivia entre los países más difíciles para hacer negocios en el mundo, debido a factores como un sistema tributario anticuado, procedimientos poco claros y la falta de un marco regulatorio uniforme en todos los municipios. A esto se suma la rigidez laboral, que incrementa los costos de contratar formalmente.
Para muchos empresarios y emprendedores, el exceso de trámites y la falta de incentivos son los principales enemigos del crecimiento.