La petrolera enfrenta investigaciones por presuntos sobrecostos en la importación de combustibles líquidos. Detenciones preventivas y allanamientos marcan el avance del caso, mientras el presidente de la empresa estatal evita dar declaraciones oficiales
Fuente: eldeber.com.bo
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está en el ojo del huracán. A los cuestionamientos por los problemas de abastecimiento de combustible, que agobian a la petrolera desde hace meses, se suman denuncias por presunta corrupción en su filial Botrading. En este contexto, el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizaron allanamientos en las subsidiarias Refinación y Logística.
La Fiscalía investiga un presunto sobreprecio en la compra de combustible. El proceso se desprende de un informe de una Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso y concluyó que la estatal realizó pagos en exceso por al menos $us 275,7 millones, además de desembolsos sin contrato por otros $us 18,1 millones, lo que suma un total de $us 293,8 millones, en operaciones con la empresa subsidiaria, constituida en Paraguay.
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Operativo
El fiscal Omar Yujra confirmó que durante el operativo se secuestró documentación vinculada a las compañías investigadas. “Se ha recabado documentación e incluso se ha presentado alguna que se encontraba en ambientes de estos lugares. Todo será remitido al departamento de La Paz para el análisis correspondiente de la comisión de fiscales”, señaló.
Asimismo, informó que ya se emitieron citaciones para testigos y que existen al menos diez personas investigadas dentro del proceso. “Solo falta un registro de lugar de hecho en la ciudad de La Paz, que se hará conocer en los próximos días”, precisó Yujra.
Sobre una posible nueva citación al presidente de YPFB, el fiscal evitó dar mayores detalles y se limitó a señalar que “ese tema ya se ha aclarado anteriormente”.
Con el secuestro de documentación y la revisión de contratos, las autoridades esperan determinar responsabilidades penales y administrativas en uno de los mayores escándalos recientes que involucran a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
En paralelo, el exgerente de YPFB Logística, Félix Abraham Cruz, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro, acusado de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
A la par, la Fiscalía declaró en reserva este caso. Esto genera desconfianza entre asambleístas que investigaron el caso y un dirigente del sector petrolero, que inició una querella penal.
Acción a destiempo
La diputada evista Gladys Quispe cuestionó con dureza el accionar del Ministerio Público en el caso Botrading, luego de que el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, anunciara el arraigo y el congelamiento de cuentas de al menos diez personas vinculadas.
Para la legisladora, estas medidas llegan “a destiempo” y no garantizan justicia frente a un caso de corrupción que —asegura— golpeó directamente a la economía de las familias bolivianas.
“Es lamentable lo que está pasando y que las autoridades actúen a destiempo. Este caso fue denunciado hace meses y, sin embargo, en la Fiscalía se desestimaron las denuncias”, manifestó Quispe, en referencia a la demora de las acciones judiciales.
La diputada recordó que, junto a su bancada, enviaron notas al fiscal general Róger Mariaca, al fiscal departamental y al contralor general del Estado exigiendo la aplicación de la Ley 1352, que establece la permanencia obligatoria en el territorio nacional de autoridades del nivel central y entidades descentralizadas.
Quispe denunció además que algunos exfuncionarios ya habrían salido del país y que otros, como el expresidente de YPFB Armin Dorgathen, se han negado a responder ante la prensa. “Al pueblo hay que hablarle con la verdad. El que no debe nada, no tiene por qué callar”, sostuvo.
La legisladora pidió la emisión de órdenes de aprehensión contra los involucrados. “No basta con el arraigo ni con el congelamiento de cuentas; el fiscal general debe ordenar la detención para evitar fugas. Se han hecho millonarios a costa del pueblo boliviano”, afirmó.
En la actualidad, el Ministerio Público señaló que investiga un posible esquema de corrupción que involucra uso indebido de influencias, falsedad ideológica, obstrucción a la justicia y sobreprecios en la importación de combustibles.
De acuerdo con el denunciante Ludwig Abrahán Sánchez, las operaciones de Botrading habrían provocado un daño millonario al Estado boliviano. “Se trata del sobrecosto más grande de la historia del país, con un perjuicio estimado en $us 3.000 millones anuales”, afirmó.
Titular de YPFB está en el país
Fuentes internas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguraron a EL DEBER que el presidente de la estatal, Armin Dorgathen, se encuentra en territorio nacional, luego de que circularan rumores sobre una supuesta salida del país en medio de las investigaciones.
Las mismas fuentes señalaron que Dorgathen sigue cumpliendo sus funciones y descartaron versiones que lo vinculaban con una eventual fuga. “El presidente está en Bolivia y desarrolla sus actividades con normalidad”, enfatizaron.
Recientemente, el titular de YPFB prestó su declaración en la ciudad de La Paz, pero, al ser abordado por la prensa, salió apresuradamente del recinto judicial para evitar referirse al caso.
Fuentes internas indicaron que, por el momento, la estatal no emitirá declaraciones sobre este proceso judicial.
Pero en marzo de este año, el titular de YPFB explicó que Botrading suministra entre el 10 % y el 15 % de los combustibles en el país, logrando un ahorro de 200 dólares por barril, lo que representa un beneficio de 20 millones de dólares para la empresa. Además, agregó que la subsidiaria actúa como un comprador en el mercado internacional, seleccionando la mejor oferta disponible.
El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, calificó de “vergonzosa” la manera en que Dorgathen abandonó el Ministerio Público, señalando que su apresurada salida podría interpretarse como evasión de la prensa y falta de transparencia.
Mientras la Fiscalía avanza con citaciones, secuestro de documentos y detenciones preventivas, YPFB mantiene el silencio.