Fuente: eldeber.com.bo
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
A cuatro años del secuestro y tortura de siete periodistas bolivianos en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos (Santa Cruz), las víctimas continúan sin justicia y los agresores permanecen en libertad. Los periodistas afiliados a la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), emitieron un pronunciamiento en el que denunciaron que los acusados intentan trasladar el caso a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC).
El pronunciamiento publicado la mañana de este martes y leído ante los medios de prensa en la Plaza 24 de Septiembre, hace un recuento de los hechos en los que los periodistas y otras 10 personas, entre propietarios del predio trabajadores, fueron interceptados por los llamados interculturales, sujetos fuertemente armados y con el rostro cubierto, arremetieron de forma violenta y exigieron que no se grabe nada, uno de los periodistas (Percy Suárez) siguió grabando y por represalias, balearon su cámara filmadora.
“No conforme con eso, los secuestraron por más de ocho horas, los pusieron boca abajo, los torturaron, caminaron sobre sus cuerpos e incluso vejaron a una dama y los amenazaron de muerte”, relata el documento.
Al mismo tiempo, los periodistas cruceños lamentaron que pasaron cuatro años y el caso ha enfrentado constantes postergaciones, “cambio arbitrario de fiscales, ausencia de recolección de pruebas clave y una evidente falta de coordinación institucional de las instancias responsables de garantizar justicia”.
Maro Antonio Curi, presidente de la APSC denunció que el juicio oral que se instaló en julio fue suspendido en agosto, por una “chicanería jurídica”, tras la presentación de un incidente de declinatoria de competencia. Los acusados solicitaron que el caso pase a la jurisdicción de la Justicia Originaria Campesina.
“Imagínense qué absurdo, Justicia Originaria Campesina, cuando son traficantes de tierras que estaban fuertemente armados al estilo zapatista y con el rostro cubierto. Exigimos al Ministerio Público, exigimos a las autoridades correspondientes como el Poder Judicial que se haga justicia, que metan presos a los responsables”, aseveró Curi.
El dirigente señaló que esta maniobra jurídica ha detenido el proceso y lo ha remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que podría paralizar el caso durante meses o incluso años.
Por su parte el asesor jurídico y expresidente de la APSC, Roberto Méndez, remarcó que “son cuatro años en que tenemos las heridas abiertas todavía. Existen colegas como Percy (Suárez) que además del recuerdo, tiene él hasta problemas psicológicos porque permanentemente se acuerda cómo los encapuchados armados los atacaron, los ataron, los colocaron boca abajo y le destruyeron los equipos a balazos”.
Consideró también que “lo absurdo” de todo esto es que el caso se ha paralizado porque los acusados piden que el caso sea remitido a la JIOC, cuando no corresponde. “Hemos presentado nosotros un memorial en el que hacemos notar que ni las personas son indígenas originarias campesinas, vale decir, ni los imputados ni nosotros. El lugar donde ocurrió el hecho tampoco es jurisdicción indígena. Y tercero, hay delitos de tentativa de asesinato clarísimos”, subrayó, a tiempo de hacer un llamado a la justicia y al gobierno para que el caso concluya.