Según el abogado Álvaro Latorre, la trama para la toma de la propiedad Patujú se origina en filtraciones del INRA; siete personas fueron detenidas y la defensa pide detención preventiva y la investigación de los cabecillas.
Por Freddy Lacio Fernández
Fuente: El Deber
La ocupación irregular de la propiedad Patujú, perteneciente a la familia Vaca Díez, derivó en la detención de siete presuntos avasalladores y el secuestro de abundante documentación que, según la defensa, prueba la existencia de una trama organizada, por lo que ahora se buscará la identificación y detención de los principales cabecillas.
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“Vamos a realizar el análisis de toda la documentación que se ha secuestrado. Para que estos hechos no se repitan, se tienen que “cortar la cabeza a la víbora”. Es decir, que los cabecillas caigan”, afirmó el abogado de las víctimas, Álvaro Latorre, quien en contacto con EL DEBER Radio detalló que los ocupantes llegaron exigiendo papeles y sosteniendo que el predio era irregular, lo que es falso completamente.
Latorre explicó que, a su juicio, alguien dentro o con acceso a la información del INRA la habría malinterpretado, comprado y comercializado. En el caso de predios rurales, dijo, la práctica es fragmentar grandes extensiones en chacos de 50 hectáreas para su venta; en este expediente, que tenía destino urbano, los ocupantes ya habían iniciado el fraccionamiento en lotes y su oferta al mercado.
Las fuerzas de orden público detuvieron a siete personas y se aguarda la audiencia cautelar en la que la Fiscalía pedirá la medida de detención preventiva. En paralelo, agentes y peritos analizan cuadernos anillados, sellos y otros documentos incautados que, según Latorre, contienen indicios sobre quiénes operaron y cómo se difundió la información.
“La existencia de los cuadernos y de sellos con nombres permite identificar materialmente a los autores”, sostuvo el abogado, que adelantó la intención de coadyuvar con la investigación. Además de las responsabilidades penales por usurpación y asociación delictuosa, la defensa buscará que se investigue la posible legitimación de ganancias ilícitas o enriquecimiento ilícito y que se proceda al comiso de lo mal habido.
Desde el punto de vista jurídico-procesal, la causa continuará con el análisis forense de la documentación secuestrada, la eventual imputación de los presuntos cabecillas y las medidas cautelares sobre los bienes. Para la familia Vaca Díez, dijo Latorre, la prioridad es que estos hechos “no se repitan” y que caigan los responsables de la cadena que, según la acusación, parte en el INRA y termina en la venta irregular de lotes en las cercanías de Montero.
Fuente: El Deber