Bolivia registra cientos de predios avasallados este año, según gremios agropecuarios, con Santa Cruz como el centro de incidentes violentos y reclamos por justicia.
Fuente: Opinión
Bolivia vive un recrudecimiento de los avasallamientos de tierras; al menos 331 predios han sido tomados ilegalmente este año, de acuerdo con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). En el departamento de Santa Cruz, casos recientes —como los de Montero y Guarayos— han incluido enfrentamientos, detenciones y denuncias formales, lo que revela una crisis persistente de seguridad jurídica.
“Tenemos 331 predios avasallados en el país. Son datos oficiales”, sostuvo en los últimos días el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, citado por Canal Rural, empresario que pidió que los avasallamientos terminen.
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Frerking remarcó que la seguridad jurídica es una condición urgente para garantizar la producción agropecuaria y afirmó que el sector “genera 1.6 millones de empleos en el país y alimenta al 80% de la población boliviana desde Santa Cruz”.
A su turno, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Abraham Nogales, advirtió que el avasallamiento no solo afecta a los productores, sino al medioambiente.
“Los avasalladores chaquean, empiezan a hacer fuego, generan inundaciones, ahora están desviando el río Grande. Tenemos que sentar un precedente para que de aquí en adelante la gente que ingresa ilegalmente a los predios productivos tenga su castigo”, dijo Nogales.
HECHOS RECIENTES
Según reportes de El Deber, en el predio Patujú (Montero) más de 200 personas ocuparon el terreno, hubo amenazas, retenciones y enfrentamientos. Se registraron al menos siete aprehendidos y cinco heridos. Noticias Fides precisó que los delitos imputados incluyen avasallamiento, portación de armas y amenazas.
Sobre este tema, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Yamil Nacif, alertó, según Canal Rural, que en los últimos 20 años los productores han sido víctimas de al menos dos delitos en el marco de los avasallamientos: la toma ilegal de tierras y el secuestro con maltrato a personas.
Nacif advirtió que los daños a la economía son la reducción del área productiva en regiones como Cochabamba, donde el área cayó un 40% debido a la toma ilegal de tierras.
El dirigente denunció además que los avasallamientos no solo afectan a propiedades privadas, sino también a espacios públicos, reservas naturales y en tierras fiscales que son de todos los bolivianos, no de los avasalladores.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció el pasado jueves que los avasalladores de tierras aprovechan el foco del escenario electoral para infringir la ley, ingresar ilegalmente a predios, atentar contra la propiedad privada y la integridad física de las personas.
En menos de tres días, según un recuento de la Agencia Boliviana de Información, en el departamento de Santa Cruz se registraron dos tomas violentas e ilegales en tierras fiscales.
El primero se presentó en el municipio de Montero, en el predio Patujú, el 3 de octubre. Dos días después, en el municipio de Ascensión de Guarayos, en Río Negro (subdividido en zonas como El Cielo y JR), más de 150 personas armadas ingresaron a la fuerza, destruyeron un campamento y comenzaron a ocupar ilegalmente el lugar.
En el caso del avasallamiento en el predio Patujú, el ministro de Gobierno indicó que fueron aprehendidas 12 personas y que la justicia determinó detención preventiva de 180 días.
El avasallamiento y el tráfico de tierras son delitos penales tipificados en la Ley 477, que establece sanciones de tres a ocho años de prisión para quienes ocupen ilegalmente tierras privadas o fiscales.
Por su parte, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ratificó su compromiso con la “no tolerancia” a los avasallamientos y tráfico de tierras e instó a denunciar este ilícito de manera formal y con pruebas idóneas.
La institución aclaró que los avasallamientos y tráfico de tierras son delitos penales tipificados en la Ley 477, que todas las instituciones públicas competentes “están obligadas a cumplir y hacer cumplir”.
Asimismo, exhortó a los actores políticos y sociales que, en caso de contar con pruebas idóneas sobre supuestas irregularidades, a presentar denuncia formal ante las instancias competentes. Ello para que se realicen las investigaciones y, si corresponde, sancionar a los responsables.
PANORAMA NACIONAL
La CAO informó que los 331 predios avasallados se distribuyen en varios departamentos del país, con Santa Cruz siendo uno de los más afectados.
Según un informe de El Día, en Santa Cruz hay 70.000 hectáreas en disputa por avasalladores.
Klaus Frerking, presidente de la CAO, señaló que los avasallamientos no se limitan al oriente boliviano. “También en Tarija tenemos avasallamientos, en Cochabamba tenemos granjas avasalladas. Entonces, esto es un marco general en Bolivia”.
Datos del INRA, según Enfoque News, muestran que muchos casos denunciados no avanzan hacia desalojos efectivos. Solo una minoría de denuncias culmina en restituciones.
“El INRA reafirma su compromiso de seguir trabajando con transparencia y legalidad en todos los procesos agrarios”, remarcó la institución, mediante un comunicado.
Fuente: Opinión