Un enfoque económico sobre un proceso electoral nacional 2025 para elegir al presidente de Bolivia se divide en tres fases: la primera es la campaña electoral (simulador de vuelo); la segunda la transición (carretear) y la tercera el candidato presidencial que gana el balotaje asume la gestión gubernamental (pilotear un avión).
La campaña electoral (simulador de vuelo) que se refiere a la fase de difusión de la propaganda en medios de comunicación masivos comenzó a partir del viernes 18 de julio y concluía el miércoles 13 de agosto del 2025, con una duración de 27 días, que los candidatos a la presidencia de Bolivia en esta actividad movilizaron a su militancia y adherentes para divulgar su programa económico.
En la jornada electoral del 17 de agosto del 2025 no se logró elegir a las nuevas autoridades nacionales para el período 2025-2030 según los porcentajes requeridos de acuerdo a la normativa vigente y por ello se convocó a una segunda vuelta entre las dos opciones más votadas, y el Supremo Tribunal Electoral determino que a partir del domingo 31 de agosto al miércoles 15 de octubre del 2025 se reinicia la difusión de la propaganda electoral en actos públicos de campaña y en medios de comunicación (segunda vuelta) con una duración de 46 días, para que nuevamente sus seguidores intensifiquen su trabajo de campaña con el objetivo de mantener a los que mostraron su simpatía en la primera vuelta y conseguir a nuevos para ganar el balotaje.
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La segunda fase electoral, que es la transición o carretear del presidente elegido, se refiere a las actividades de recibir toda la información económica, social, política y otros sobre la situación del país, por parte de las actuales autoridades que culminan sus funciones el 8 de noviembre del 2025.
El balotaje realizado el 19 de octubre del 2025, fue elegido presidente de Bolivia, el señor Rodrigo Paz Pereira, con 54,5 por ciento de votación con 9 por ciento de diferencia respecto al Señor Jorge Quiroga.
Este evento fue realizado por primera vez después de una elección nacional y el resultado significa que el Señor Paz aprobó la prueba del simulador de vuelo y será el piloto de la nave de la economía boliviana, para la transición o carretear, despegar, volar, realizar un aterrizaje suave o brusco dependiendo de la pericia, conocimiento, credibilidad y experiencia de su liderazgo y equipo de colaboradores que resuelva la actual crisis económica que atraviesa el país.
Tienen un plazo límite para demostrar su conocimiento, experiencia, credibilidad y experticia que comienza a partir de la publicación de los resultados brindados por el Tribunal Supremo Electoral por el SIREPRE el 9 de octubre hasta el 8 de noviembre del 2025 de lograr acuerdos políticos a nivel nacional e institucional para alcanzar una gobernanza y gobernabilidad requisitos políticos fundamentales para ejecutar su programa, modelo y política económica destinado a la estabilización de la economía lo más rápido posible que demanda los 7.937.138 electores que son los jefes quienes los eligieron como sus servidores públicos de presidente y vicepresidente que administren el país durante los próximos cinco años, es decir, sin premisas falsa y sofismas que además se haga conocer los efectos de las medidas de ajuste económica inmediatos, lo que sucedería más allá, es decir los efectos indirectos y más lejanas de impacto a todos los bolivianos.
El presidente elegido y sus futuros colaboradores en las distintas carteras del Estado inmediatamente tiene que trabajar en concretar su oferta electoral que fue aceptada por sus demandantes de que solucionen los problemas económicos que afectan sus bolsillos.
La nueva administración gubernamental tiene que “poner orden en la casa”, es decir, iniciar a equilibrar todas las cuentas económicas: fiscal, monetaria, cambiaria, financiera y deuda pública. Una política fiscal que únicamente aprobara gasto público si cuenta con ingresos fiscales y sincronizada con la política monetaria que no otorgara crédito interno, excepto en dos situaciones: para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, conmoción interna o internacional, declaradas mediante Decreto Supremo y para atender necesidades transitorias de liquidez, dentro de los límites del programa monetario, para mantener la estabilidad de precios con la finalidad de contribuir a generar un nivel óptimo de producción de bienes y servicios y nivel de empleo, sincronizada con una política fiscal con reglas y principios fundamentales de evitar convertirse en una fuente de inestabilidad y de gastar únicamente con ingresos fiscales genuinos para conseguir un equilibrio fiscal, y un régimen cambiario único, real y flexible.
La solución a la crisis es un nuevo modelo y política económica con un enfoque integral y simultáneo que genere los incentivos para que el sector económico privado formal crezca, sea cada vez más eficiente, genere empleos y los actuales beneficiarios del sector público tengan incentivos para aprovechar las nuevas oportunidades en el sector privado. Una reforma superficial no sería suficiente y muchas reformas requerirán cambios constitucionales para asegurar su credibilidad. En este sentido, iniciar inmediatamente las conversaciones sobre el modelo económico y las medidas económicas que aprobaran, a los parlamentarios de otras bancadas para que las apoyen, es decir cuáles serían las políticas económicas de ajuste fundamentales y estructural al comienzo de su gestión señalando las consecuencias directas, indirectas y las más alejadas en el tiempo requeridas para que el país sea viable, tenga credibilidad, tenga soporte externo de dólares y apoyo parlamentario que si no se logra están destinadas al fracaso.
Es complicado, difícil y costoso resolver los actuales problemas económicos que afectan a todos los bolivianos de manera heterogénea y que individualmente les afectan de diversa forma, sin embargo, no es posible postergar la toma de decisiones porque se acelera el deterioro económico y tiene que ser resuelto por servidores públicos profesionales, expertos y con amplia experiencia en gestión por resultados y con credibilidad, ahora más que nunca que los recursos públicos no sólo son escasos sino que no hay, para cubrir los gastos necesarios para el funcionamiento del Estado y del sector privado.
Una reforma superficial de la economía boliviana no sería suficiente y muchas reformas requerirán cambios constitucionales para asegurar su credibilidad, que necesita contar con respaldo mayoritario de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional
Las familias y productores que son del sector privado en la asignación de sus recursos escasos para fines alternativos en un contexto interno de predominio de frenos es decir de control de la actividad económica por dos décadas de gestión gubernamental, mantuvieron sus decisiones según los mecanismos de mercado de demanda y oferta de bienes y servicios que no cambiaran.
La elección de la política gradualista o de shock y tengan éxito con los pocos datos económicos publicados está sujeta al factor de credibilidad del equipo económico, es decir si: dicen lo que es, piensan lo que es y hacen lo que es, es consistente, y si: dicen lo que es y con lo que dice que piensa y actúa de manera diferente no hace consistencia, entonces no tiene credibilidad para una política gradualista o de shock.
La economía interna es un “Campo minado y Bomba de tiempo” están diseminados en el país en: normas legales, aspectos económicos, convenios internos con diversos sectores de la economía, convenios internacionales, juicios internos e internacionales contra el Estado, etc. que tienen que considerarse cuidadosamente en un plan de ajuste y de reforma estructural considerando los efectos directos e indirectos no solo en el presente es decir de corto plazo, sino también de mediano y largo plazo en la economía y como afecta a los bolivianos.
Otros aspectos a resolver por la nueva gestión gubernamental son los juicios en contra del Estado en proceso a nivel internacional y nacional interpuestos por las empresas que vieron afectados sus actividades en el país, que significaría un costo elevado resolverlos.
Finalmente, durante dos décadas fueron aprobadas muchas normas: Constitución Política del Estado, leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Administrativas, Instructivos, etc. que deben ser analizados cuidadosamente y si corresponde ser modificados de acuerdo al programa, modelo y política económica a implementarse durante el período 8 de noviembre del 2025 al 8 de noviembre del 2030.
Germán Molina Diaz, Economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del IISEC.