Después de una pausa en el lío por los predios del mercado, este martes se dio un giro que incluso amenaza al alcalde cruceño con la detención preventiva.
Por Lourdes Molina Rea

Fuente: eldeber.com.bo
La mañana de este pasado martes sorprendió al alcalde cruceño, Jhonny Fernández, una imputación contra él por el incumplimiento de una sentencia judicial que reconoce el derecho propietario de la familia Crapuzzi sobre el predio donde está el mercado Mutualista. El Ministerio Público pide, incluso, una detención preventiva de 90 días contra el burgomaestre. A partir de ahí se desataron las declaraciones a favor y en contra del rol de Fernández y de cómo se ha procedido en la defensa de esos predios.
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Para la concejal, Lola Terrazas, el alcalde Jhonny Fernández sí debería ir preso, pero no por no entregar la documentación del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi, sino por no defender de manera correcta estos predios.
«Yo creo que debe ir preso, pero no por no entregar los papeles a los Crapuzzi; sino por no defender estos terrenos de manera correcta«, disparó Terrazas en ED24.
Terrazas considera que el «alcalde es el único responsable de dejar que se dilate el caso Mutualista. Como legisladora vengo denunciando y defendiendo el derecho propietario del Mutualista», aseveró.
Asimismo, la legisladora sostuvo que no hay planos en archivo del Gobierno municipal que certifiquen que la familia Crapuzzi sea dueña de terrenos del Mutualista. «No hay documentos dentro del histórico del Gobierno municipal a nombre de los Crapuzzi». Según el mapa histórico y los documentos encontrados en el mismo Municipio, eran cinco los propietarios: Beatriz Bas, Rosa Grumon de Bas, General Jesús Vías Solís, Hermanos Dominguez Justiniano y la Distribuidora Toa Ltda.
Desde la defensa de los Crapuzzi
El abogado de la familia Crapuzzi, Waminqa Serrano, en declaraciones a ED24 aseguró que el alcalde Jhonny Fernández fue notificado y que la familia a la que él representa cumplió con los requisitos que la Alcaldía exigía. «Presentamos por plataforma, el 15 de enero, presentamos todas las exigencias, menos el plano«.
Justamente sobre el plano, el jurista relató que fue después que lo obtuvieron , luego de recurrir a archivos del Concejo Municipal, donde encontraron los planos en los que figura la familila como propietaria, y tienen fecha de 1969.
El abogado detalló que «la Alcaldía nunca tuvo propiedad sobre el terreno del Mutualista y toda esta información se hizo llegar al Tribunal Constitucional.
Sobre los procesos
Hace poco se conoció que la Fiscalía presentó una imputación formal contra el alcalde Jhonny Fernández por el presunto incumplimiento de una sentencia judicial que reconoce el derecho propietario de la familia Crapuzzi sobre el predio donde está el mercado Mutualista. El ‘ ahora denominado caso Mutualista’ continúa creciendo.
“Estamos en la imputación formal. Debe llevarse una audiencia para que se determine si el alcalde (Jhonny Fernández) se va a defender en libertad o en detención preventiva. La Fiscalía pide una detención de 90 días, esperemos que la jueza acepte esa pretensión de la Fiscalía, porque este señor, con el poder político y económico que tiene, va a lograr seguir postergando el cumplimiento de esta sentencia”, declaró Serrano en contacto con EL DEBER.
Asimismo, en ED24 afirmó que «yo he pedido que se lo procese al señor (Juan Carlos) Honor (director del área Jurídica de la comuna) por obstaculizar esta sentencia (la del mercado Mutualista)». Y aclaró que hay 33 expropiaciones, pendientes a que la Alcaldía les pague.
La postura de la Alcaldía
Este martes, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, y el director jurídico municipal, Juan Carlos Honor, denunciaron lo que calificaron como un “asalto al pueblo cruceño”, en referencia al conflicto judicial con la familia Crapuzzi por los predios del mercado Mutualista.
Juan Carlos Honor explicó que la justicia ordenó al Ejecutivo Municipal entregar un certificado catastral y un plano de uso de suelo al accionante Nelson Miguel Crapuzzi Dirienzo, en cumplimiento de la sentencia constitucional 531/24. Sin embargo, aseguró que Derechos Reales certificó que el mencionado ciudadano no figura como propietario del terreno en cuestión, lo que, según el funcionario, vuelve “imposible” cumplir la orden judicial.