La elección de una nueva directiva fue suspendida tras una medida cautelar que impide, momentáneamente, continuar con el proceso.
Stefany Beatriz Guzmán Nuñez
Fuente: Red Uno
El Concejo Municipal de Santa Cruz no logró elegir a su nueva directiva durante la última sesión, debido a una medida cautelar emitida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, la cual ordenó frenar temporalmente el proceso mientras se resuelven recursos pendientes presentados por exconcejales de UCS (Unidad Cívica Solidaridad).
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El concejal José Alberti, presidente interino del ente legislativo, explicó que la medida responde a una posible vulneración de derechos políticos y civiles de algunos miembros del concejo vinculados a UCS.
“Lamentablemente no pudimos avanzar por una disposición judicial que debemos respetar. La justicia ha determinado que no se elija directiva hasta que se resuelvan esos recursos”, indicó en entrevista con El Mañanero.
Pese a esta restricción puntual, Alberti aclaró que el funcionamiento del Concejo Municipal no está paralizado. “La misma medida cautelar aclara que solo impide la elección de la directiva, pero no el tratamiento del resto de la agenda legislativa”, señaló, anunciando que este mismo martes a las 15:00 se reanuda la sesión plenaria.
Uno de los datos más relevantes que dejó la sesión fallida fue el reconocimiento por parte de los concejales de UCS de que la bancada Comunidad Autonómica es la primera mayoría, y que le corresponde la presidencia y secretaría del Concejo Municipal. Alberti remarcó que esa aceptación “llega después de cuatro años y medio de bloqueo político”.
Respecto a los nombres que podrían liderar la nueva directiva, Alberti no dio detalles, pero afirmó que la fórmula de Comunidad Autonómica ya tiene definida su propuesta. “Por respeto a mis compañeros, no lo revelaré aún, pero está todo listo para cuando la justicia lo permita”, concluyó.
Aunque se estima que la resolución judicial podría llegar este viernes, el presidente interino advirtió que los plazos dependen del órgano judicial y podrían extenderse. Mientras tanto, la agenda legislativa continuará su curso, pese a la incertidumbre institucional.