La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) exigió la libertad inmediata de Julio Lero Sánchez, porque a ocho meses de su encarcelamiento no existen pruebas contundentes en su contra, constituyéndose en una “violación flagrante” de su derecho a un debido proceso.
Fuente: ANF
“Pedimos la liberación inmediata del hermano Julio Lero Sánchez y si debe seguir defendiéndose, lo haga en libertad. Ello corresponde, dadas las evidencias de un indebido proceso y acciones investigativas sin la calidad pericial”, señala un pronunciamiento de la Contiocap y de la comunidad Toreya Campesina.
Julio Lero está detenido en el penal de San Pedro, La Paz, desde el mes de febrero. Durante estos ocho meses, cambiaron “cinco investigadores y fiscales y no han encontrado un solo indicio de que el hermano Julio Lero Sánchez haya cometido el delito por el que se lo tiene preso”, denuncia la organización.
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El indígena de la comunidad Torewa Campesina ha sido imputado y es investigado por el presunto delito de homicidio de Francisco Marupa, de la comunidad Torewa Indígena, un hecho que hasta la fecha no ha ofrecido mayores elementos para establecer la autoría del delito.
Contiocap y la comunidad Torewa Campesina demandan a las autoridades el esclarecimiento del caso y la identificación real del autor o autores, sin embargo, advierten que la detención y encarcelamiento sin suficientes indicios contra Julio Lero “se constituye en una violación flagrante de las garantías y el debido proceso para el hermano indígena como único acusado”.
Sostienen que su encarcelamiento fue “irregular vulnerando las garantías del debido proceso, sin tener ninguna prueba que lo vincule como autor del delito”. Mencionan algunas de estas irregularidades, por ejemplo, que el primer interrogatorio fue realizado por civiles sin facultades legales, pero además bajo “coacción”, es decir presión para que Julio Lero se “autoincrimine” y se “inculpe”, situación que fue aprovechada por su poco conocimiento del idioma español.
“Recordemos que el derecho a la no autoincriminación es un derecho fundamental del acusado, a no declarar contra sí mismo y a no ser obligado a declararse culpable, y en un estado de derecho no es suficiente la auto criminación para establecer la responsabilidad por un delito”, dice el pronunciamiento.
La Fiscalía en su imputación menciona que existen suficientes indicios para sostener la probable autoría de Julio Lero Sánchez, incluso señala que “él mismo habría manifestado que ha matado a la víctima” por encargo del Sr. Domingo Ocampo, lo que sería corroborado por el informe del investigador y videos que circulan en las redes sociales, aunque no describe qué es lo de muestran esas imágenes.
Cuestionan que ni la Policía ni la Fiscalía identificaron correctamente a Julio Lero Sánchez a quien presentaron como Julio Lero Tayo, “evidenciando graves fallas en todo el proceso (…). La ANF informó sobre este hecho que está registrado en el cuaderno de investigaciones. Fue imputado y se dictó su detención bajo el supuesto de riesgos procesales en relación a una persona que no era Julio Lero Sánchez.
Repudian que durante su detención haya sido amarrado y golpeado públicamente en presencia de policías, asimismo sostienen que Julio Lero no huyó, fue encontrado en su comunidad.
También cuestionan que organismos nacionales e internacionales, medios de comunicación y creadores de contenido digital “coadyuvaron en crear un escenario superficial y hasta irreal sobre el caso, donde incluso construyeron la imagen de un defensor ambiental asesinado, plagiando la voz y declaraciones contra la minería de un defensor ecuatoriano para atribuírselas al Sr. Francisco Marupa. ¿Cuál era el fin de tergiversar la realidad con esta acción?”.
/NVG/