La parlamentaria logró una curul en la representación nacional con poco más de ocho mil votos en las elecciones generales de 2021.
Por Carlos Oré Arroyo
Fuente: Infobae
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La difusión de una fotografía en la que se observa a Lucinda Vásquez, congresista peruana, recibiendo un corte de uñas en los pies de parte de uno de sus asesores dentro de su despacho, reavivó el debate público en torno a los múltiples episodios polémicos protagonizados por la parlamentaria. La imagen generó amplio interés social y evidenció las prácticas poco habituales en espacios de trabajo legislativo, mientras se profundizan las críticas hacia el comportamiento y las decisiones de figuras representativas del Congreso de la República.
El ascenso de Lucinda Vásquez al Parlamento se produjo gracias al respaldo del partido político Perú Libre, formación que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República. Con solo 8.778 votos a su favor, Vásquez obtuvo una curul representando a la región San Martín, lo cual refleja el margen reducido con el cual logró acceder al cargo. En la actualidad, forma parte del Bloque Magisterial, grupo conformado por legisladores con afinidades vinculadas al sector educativo nacional.
A inicios de 2025, el Ministerio Público notificó la presentación de una denuncia constitucional en contra de Vásquez debido a su presunta implicación en un caso de corrupción. Según la acusación, la congresista habría tenido participación en la filtración y posterior venta de un examen nacional docente, lo que derivaría en un posible delito de corrupción de funcionarios bajo la modalidad de tráfico de influencias.
Las investigaciones se concentran en la Prueba Única Nacional, utilizada en los procesos de ascenso de la Carrera Pública Magisterial, implementada el 13 de noviembre de 2021. El periodo observado abarca entre agosto y noviembre de ese año, etapa en la que la legisladora habría utilizado su cargo para intervenir y favorecer a docentes en la región que representa.
Todo queda en familia
Otro hecho de interés surgió en mayo de 2025, cuando se reveló la presencia de tres familiares de Lucinda Vásquez trabajando directamente en su despacho parlamentario. Se trata de Jimmy Pinchi Pezo, Edwar Rengifo Pezo y Kenyi Castro Rivas, identificados como sobrinos nietos. Los dos primeros perciben sueldos superiores a 3.000 soles cada uno, a pesar de no contar con un título universitario registrado en la Sunedu. El tercer familiar, Kenyi Castro Rivas, recibe una retribución mensual de 7.200 soles. Este tipo de contrataciones intensificó las críticas sobre el manejo de recursos públicos y los criterios de selección dentro de las oficinas legislativas.
Además, surgieron declaraciones de Walter Tello, exasesor principal del despacho de Vásquez, quien denunció públicamente haber entregado dinero a la congresista como parte de un presunto recorte de su remuneración laboral. Tello también manifestó que al menos dos trabajadores más presentaron su renuncia debido a distintas irregularidades, entre las que se encuentran recortes salariales bajo diferentes modalidades. “Entregué parte de mi sueldo a la congresista”, afirmó Tello, señalando presiones y situaciones que afectarían la transparencia en el entorno de trabajo legislativo.
La acumulación de estos hechos sitúa a Lucinda Vásquez bajo un continuo escrutinio político y legal, al tiempo que los procedimientos institucionales avanzan en el Congreso y el Ministerio Público para esclarecer las acusaciones relacionadas con corrupción, nombramientos familiares en cargos públicos y afectaciones a los derechos laborales de trabajadores de su despacho.