Tuto Quiroga y Rodrigo Paz ya manifestaron su intención de aceptar el ingreso de transgénicos a Bolivia. Pero hay grandes debilidades institucionales y legales que deben ser enfrentadas y solucionadas para implementar esta iniciativa.
Fuente: La Nube
Entre 2006 y 2024, los gobiernos del MAS mantuvieron una postura restrictiva frente al uso de transgénicos con el argumento de proteger la soberanía alimentaria, la producción campesina y defender la biodiversidad; aunque mediante el contrabando igual ingresaron transgénicos a Bolivia. Quienes se enfrentarán en la segunda vuelta o balotaje del 19 de octubre de este año por la Presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira del PDC y Jorge Tuto Quiroga Ramírez de Libre, ya expresaron su deseo de una mayor apertura al uso de organismos vivos modificados genéticamente, lo que representará un viraje en la producción agrícola del país.
Ambos candidatos han brindado argumentos en esa línea en diferentes entrevistas, foros y actos públicos a los que fueron invitados. Por ejemplo, Rodrigo Paz defendió el 11 de julio en el evento Yo Elijo (Santa Cruz) el uso de biotecnología para ganar competitividad y producir más. “Aquí (en Bolivia) estamos en las cavernas. Hay que ser competitivos si nos queremos comparar con lo que hace Paraguay, con lo que hace Uruguay, que ya está empezando a ganarnos en la producción de soya”.
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El 25 de julio en el Foro Agropecuario de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Jorge Quiroga aseguró a su vez que “sin transgénicos no hay futuro para el agro boliviano” y prometió que “homologará todo desde el arranque” de su gobierno. Él considera que “el tema de transgénicos se inscribe en un sistema de demonización de cuestiones clichés que usan los mal llamados socialistoides, comunistoides, que por intereses de otros lugares nos vienen a querer aplicar acá esas recetas (…). Son consignas que importan desde fuera para restringir tu posibilidad de competir. ¿Por qué lo usan en China? ¿Por qué lo usan en India, ¿por qué usan en Estados Unidos? ¿Por qué usan los vecinos? Y nosotros no”.
Sin embargo, la introducción de estas nuevas tecnologías a Bolivia no será fácil, ya que requiere de un alto nivel de complejidad científica y de procesos regulatorios estrictos.
En Bolivia intervienen múltiples actores en esta cadena, pero los principales en el sector público son el Comité Nacional de Bioseguridad, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión de Desarrollo Forestal, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre otros.
El Comité Nacional de Bioseguridad asesora al Viceministerio de Bioseguridad. Está conformado por representantes de ministerios y universidades, además de especialistas en salud humana, vegetal y ambiental. Tras las respectivas evaluaciones, emite un informe técnico con recomendaciones (aprobación, condiciones, restricciones o rechazo).
El Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión de Desarrollo Forestal es la autoridad nacional competente en bioseguridad. Tiene entre sus funciones la autorización o rechazo de la internación, del uso experimental y de la liberación comercial. Es la institución que está a cargo del control y fiscalización, puntualizó Ramiro Figueredo, director Nacional de Semillas del INIAF.
El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, debe a su vez realizar el registro y certificación de variedades autorizadas, y realizar ensayos de adaptación agronómica.
El Senasag controla la importación legal, el registro sanitario de insumos agrícolas y la comercialización de semillas y alimentos. Supervisa, además, el cumplimiento del etiquetado del Organismo Genéticamente Modificado (OGM), coordina operativos en puntos de comercio y exige bioensayos.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua preside el Comité Nacional de Bioseguridad, participa en las evaluaciones de esa entidad para identificar si un producto presenta riesgo para la salud humana y realiza las evaluaciones toxicológicas.
La Aduana coopera con el INIAF y el Senasag para viabilizar en sus recintos fronterizos controles de semillas e insumos, además de proceder a la revisión documental, retención, decomiso o reexportación si no existe autorización.
En este entramado de normas y funciones existen debilidades que evitan el cabal cumplimiento del trabajo que debe realizar cada institución. Expertos entrevistados por Guardiana coinciden en que Bolivia no está preparada para regular el ingreso de nuevas tecnologías agrícolas y agroquímicos en el país.
En vista de que ambos candidatos a la presidencia ya manifestaron su intención de aceptar el ingreso de transgénicos a Bolivia, serán necesarios ajustes en todos los frentes, además de un cambio de estrategia para garantizar la salud de la población y del medio ambiente.
“Con seguridad, el nuevo gobierno (sea cual fuere) va a intentar reforzar el sector agropecuario para tener más dólares y va a meter más transgénicos. Entonces, la pregunta es: ¿Cómo funcionan nuestras instancias de control?”, preguntó Patricia Nogales, coordinadora general del Frente de Acción por la Salud, organización privada que vigila la inocuidad alimentaria en el país. Este proceso, claro, no será inmediato, pero se puede acelerar en función de aspectos técnicos, legales y políticos.
En otros países, según la FAO, el ingreso de un evento (modificación genética específica y única que implica la inserción particular de ADN y difiere de otros en los elementos insertados, su ubicación en el genoma, el número de copias introducidas y los patrones de expresión de las proteínas) puede tomar de cinco a 10 años, pero ese tiempo se puede acortar si se cuenta con marcos regulatorios flexibles y equipos técnicos especializados, o si se establecen mecanismos abreviados para la evaluación de esta tecnología.
En Bolivia, la evaluación de los últimos eventos en soya aprobados por el gobierno en 2024 (HB4 e Intacta) tomó dos años, tras los cuales fueron liberados para su uso en el mercado. La tecnología HB4 confiere tolerancia a la sequía y resistencia al herbicida glufosinato, mientras que la tecnología Intacta otorga resistencia a insectos-plaga.
Transgénicos: pasos para el ingreso al país
Todo evento transgénico que se quiera introducir al país debe pasar por un análisis multidisciplinario del Comité Nacional de Bioseguridad, en el que participan ministerios, universidades, productores y expertos en diversas áreas. El Comité evalúa si los beneficios son mayores a los riesgos en la salud, la agricultura y el medio ambiente, para dar una recomendación sobre la aprobación o no de ese evento. Si la recomendación es positiva, la autorización de internación es dada por el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal.
Una vez autorizado, se registra el producto, se controla su importación en recintos aduaneros y puntos fronterizos y se fiscaliza su comercialización. Si el producto no tiene autorización oficial se procede a la retención, decomiso o reexportación. El Estado, a través de sus instituciones, debería realizar también muestreo de semillas y cultivos para verificar que correspondan a variedades registradas. Al menos eso en los papeles.
Los expertos identificaron diversas limitaciones que afectan el control y fiscalización en el ingreso de este tipo de productos al mercado, desde la extensión de la frontera boliviana hasta una debilidad institucional que se refleja en, por ejemplo, la escasa cantidad de laboratorios oficiales para confirmar la presencia de transgénicos en cultivos autorizados y no autorizados.
“Hoy estamos inundados de variedades de maíz principalmente y de soja (ilegal)”, indicó Marín Condori, investigador de la Universidad Autonómica Gabriel René Moreno y exdirector del INIAF. “El control es prácticamente nulo”, aseguró.
“El gobierno quiere controlar, pero no puede porque es imposible. El contrabando es bien amplio. Entonces, entra cualquier clase de semilla, con toda clase de maleza que perjudica al agricultor”, expuso Juan Pablo Espinoza, presidente de la Filial Norte de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
Y este ingreso ilegal puede causar serias preocupaciones a Bolivia. “Una semilla de contrabando permanece en el país por muchos años y crea muchos problemas: la aparición de nuevas malezas, la propagación de nuevas enfermedades y plagas de insectos”, advirtió Condori.
“Las (semillas) que traen de contrabando no son de buena calidad y eso perjudica la producción de alimentos para Bolivia”, sostuvo Espinoza, quien como otros productores pide la aprobación de nuevos eventos transgénicos para tener mejor simiente.
Figueredo, director Nacional de Semillas del INIAF, está consciente de esta situación. “No controlamos, porque tampoco tenemos los kits ni la competencia para identificar si lo que está entrando en semilla corresponde a una variedad transgénica”.
Condori coincidió en que “el INIAF no tiene la facultad operacional ni las herramientas necesarias para identificar si un producto es ilegal”, para proceder después a quemarlo.
“El Viceministerio de Biodiversidad es el que autoriza, el que regula todo sobre el tema de OGM”, el que está a cargo del control y la fiscalización, puntualizó Figueredo.
Pero no sólo los transgénicos requieren una supervisión rigurosa, también los agroquímicos, observó Alfredo Laime, exresponsable del Programa Nacional en Salud Ambiental.
Agroquímicos: pasos para su ingreso al país
Todo plaguicida, fungicida, insecticida, herbicida, fertilizante o producto veterinario que igualmente se pretende introducir al país debe estar inscrito en el registro nacional de agroquímicos del Senasag que, antes de autorizar su importación y uso, realiza bioensayos para comprobar la eficiencia del producto en el control de malezas, plagas u otras enfermedades, así como su impacto ambiental.
“Si el producto aprueba ese ensayo, obtiene la autorización de importación. Su internación legal es controlada por el Senasag, que revisa que cumpla con todos los parámetros requeridos (…). Si no es bueno, no se puede lanzar”, precisó Condori.
El Senasag, asimismo, debe efectuar operativos en diferentes puntos de comercio para controlar que la venta sea sólo de productos registrados y que tenga el etiquetado correspondiente.
Laime reconoció que en este tema “hay un poco más de control”. El experto destacó que, desde 2018, los agroquímicos no sólo deben obtener el registro del Senasag y del Ministerio de Medio Ambiente, sino que deben pasar por una evaluación toxicológica a cargo del Ministerio de Salud. Sin embargo, agregó, aún hay agroquímicos de contrabando en el sector. Condori identificó la presencia de productos ilegales como el Dicamba o el glufosinato de amonio.
Para Espinoza, no hay control en el ingreso de agroquímicos. “No sabemos cómo los traen o si los adulteran. Hay muchos que no trabajan (no funcionan) y otros que sí”.
Nuevas tecnologías, menor certificación de semillas
La Constitución de 2009 no prohíbe de forma absoluta la producción, importación y comercialización de transgénicos; sí limita o veta su uso si afectan a la biodiversidad o la seguridad alimentaria. En ese marco, las leyes 300, 144 y 071 establecen más restricciones.
Ya en la práctica, el gobierno del MAS ha dado seguimiento a la autorización dada en 2005 para el ingreso al país de soya RR (Munasqa) resistente al glifosato, la cual llegó a estar presente en el 70 por ciento de esos cultivos en el país.
Hoy, ese panorama ha cambiado, apuntó el Director Nacional de Semillas del INIAF, instituto que, entre otras funciones, certifica la semilla transgénica legal desde 2005.
En soya, hace años, hasta el 90 por ciento de la semilla necesaria para el cultivo de 1,5 millones era certificada; hoy, con una superficie de 1,7 millones de hectáreas, “el uso de semilla certificada bajó a 25 por ciento”, reveló.
En maíz, igualmente, sólo está certificado el 35 por ciento de la semilla que se usa para las 300.000 hectáreas sembradas de ese cultivo. “El otro 65 por ciento es con semilla del propio productor o, en su mayoría, con semilla que entra de contrabando”, aseguró Figueredo.
El cuadro a continuación muestra en su línea verde qué porcentaje de la semilla que se usa para los diferentes cultivos a nivel nacional es certificada y cuánto proviene del propio productor o del contrabando.
Las variedades transgénicas en soya autorizadas en Bolivia son Munasqa, Intacta y HB4, pero se reportó la presencia de variedades ilegales en maíz, algodón, canola y hasta caña de azúcar, lo cual no debería ocurrir. Incluso se alertó de variedades ilegales que tienen no solo uno, sino dos o tres genes (“semillas apiladas”).
“La genética de una variedad que llega de otro país -recordó Condori- debe ser estudiada y ensayada, para ver si se adapta a las condiciones de Bolivia, para ver cuál es su comportamiento agronómico”.
En Bolivia no están permitidas las tecnologías que sí se usan en los países vecinos. Debido a esta situación, “la investigación en semilla de soya disminuyó en Santa Cruz” y se redujo el uso de semilla de calidad certificada. “Nos deben estar enchufando esas (otras) semillas desde todos lados”, expresó Figueredo.
Fragilidad institucional
Los entrevistados coincidieron en que los procesos de control y fiscalización tienen muchas debilidades. Ello se puede observar en el Senasag, que desde 2015 está a cargo de la inocuidad alimentaria del país, la cual debería ser una función esencial del Ministerio de Salud.
“No es un servicio para la población, es un servicio para la agroindustria”, sentenció Nogales.
El Senasag tiene como misión garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo y supervisar la salud de la producción agrícola. La institución cumple esta función con una oficina nacional, nueve jefaturas departamentales, dos laboratorios oficiales, 112 oficinas locales, 17 puestos de control internacional y 38 puestos de control interno.
En 2024, el Senasag contaba con 1.392 funcionarios, de los que el 64% (891) son eventuales, el 22% (306) consultores en línea, el 7% (97) personal de planta y el 6,8% (96) personal operativo.
Guardiana solicitó a esta institución información sobre el control que lleva a cabo en el país, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.
Nogales observó “una debilidad institucional terrible” en el Senasag y una “falta de cumplimiento a la norma”. La falta de control, subrayó, responde a esa insuficiencia institucional y a la “fortaleza de estos grupos que ahora van a entrar al poder (a la presidencia) por ambos lados”, agregó.
Otra debilidad se refleja en el cumplimiento del Decreto 2452 del 15 de julio de 2015, que reglamenta el etiquetado de productos destinados al consumo humano que contengan o deriven de organismos genéticamente modificados.
Laime puntualizó que el Senasag “sólo pide una declaración jurada” para determinar si un producto debe llevar o no la etiqueta de OGM. “La empresa puede decir que su producto no usa transgénicos”, pero el producto “no pasa por un laboratorio”, que sería lo ideal.
Fruto de este control, “uno puede salir al mercado y ver cuántos productos tienen esa etiqueta”, cuestionó.
En Bolivia se comercializan alimentos derivados de transgénicos como aceites, margarinas, panes, galletas, cereales, bebidas a base de soya, sopas instantáneas, chocolates, dulces y alimento para mascota. Pocos llevan la etiqueta amarilla.
“Productos como la leche de soya no tienen la etiqueta grande de OGM que deberían tener”, ejemplificó Nogales. “Entonces, hay un gran atentado a la salud pública en la alimentación”.
Actualización legal y especialización técnica
Otra necesidad identificada es la modernización del actual marco jurídico del sector, que tiene ya 28 años de antigüedad.
Condori subrayó que una norma tan importante como el Decreto 24676 de 1997, que reglamenta la bioseguridad en el país, no puede estar tan desactualizada, por lo que propone emular lo que hicieron países como Argentina, que tiene una ley moderna que permite su actualización no a través de leyes, sino por medio de resoluciones rápidas o decretos.
Ese modelo funciona porque “hay gente especializada que conoce el tema”, que puede identificar la transgénesis, la biotecnología y las técnicas de mejoramiento. Esto no ocurre en Bolivia.
“Nosotros estamos lejos porque cada mes o cada dos meses hay nuevos funcionarios” o porque colocan “funcionarios que no entienden de este tema (…), que no logran agarrar el hilo de trabajo en las reuniones con otros países”.
Marín Condori, investigador de la Universidad Autonómica Gabriel René Moreno y exdirector del INIAF
Otro punto necesario en el nuevo marco normativo es el sistema de regulación de derechos de obtentor, que hoy no existe en Bolivia. Sin este sistema, Bayern, Corteva Bioceres y otras empresas del sector no pueden recuperar la millonaria inversión que hicieron en el desarrollo de un evento transgénico.
Figueredo advirtió que, si el país usa formalmente las nuevas tecnologías sin pagar las licencias de explotación, las empresas propietarias le pueden iniciar arbitrajes internacionales.
“Por eso, las compañías grandes no quieren ingresar a Bolivia, porque no tienen esa certidumbre por parte del Estado”, comentó Condori, quien insistió en la necesidad de una ley de biotecnología y su reglamento.
Esta nueva ley, precisó, debe fomentar la investigación y el fortalecimiento institucional, y darles a las entidades las herramientas y condiciones para realizar un control y fiscalización efectivos, más aún en el caso de un mayor uso de este tipo de eventos.
Esto es urgente en un mundo en el que la ciencia avanza y en el que ya hay nuevas tecnologías como la biología sintética, la edición génica, el impulso genético (gen drive) y la mutagénesis.
En este marco, el investigador propone que las instituciones públicas de investigación de Bolivia sean elevadas a rango de ley, lo que dará a sus funcionarios mayor estabilidad y autonomía. De esta manera, “pase el gobierno que pase, estas unidades de investigación serán inamovibles. Así funciona en Argentina y Brasil. En cambio, en Bolivia, cambia el ministro o el director y todos salen. Entonces, (el modelo local) no está pensado para hacer ciencia, no estamos preparados”.
Además, opinó, es “muy importante que la gente que esté ocupando esos cargos sean conocedores del sector. Si no conocen, harán cualquier cosa (…), como normar la edición génica como si fuera transgénico”.
¿Qué más necesita el nuevo escenario?
Mientras se toman decisiones para definir el futuro de los transgénicos en el país, el debate sobre su uso continúa.
Los productores los demandan para producir más en una misma superficie; afrontar el cambio climático que origina sequías más prolongadas; ahorrar combustible; bajar costos de producción y mejorar el manejo agronómico. Desde la otra acera, agricultores ecológicos y otros sectores alertan sobre impactos para la salud y el medio ambiente; plagas que se vuelven más resistentes por el uso de los mismos agroquímicos; daño a la fauna y riesgos para la salud por los residuos de plaguicidas que quedan en alimentos como la soya y sus derivados, los cuales llegan luego hasta las mesas de los hogares.
Espinoza, que se reunió con ambos candidatos a la presidencia, espera que el nuevo gobierno permita un uso “pleno” de esta tecnología.
Para dar este paso –subrayó Condori– el Gobierno tiene que estar convencido de que esta tecnología le sirve al país y autorizar estos eventos; si no lo está, siempre quedarán dudas.
A decir de Laime, las nuevas medidas que se aprueben para el control de transgénicos deberían valorar “el riesgo real”, es decir, que no sólo se evalúe “de manera más integral” el riesgo de la semilla, sino también del plaguicida que siempre acompaña a este tipo de producto.
Como un factor importante, Laime planteó que la autorización de este tipo de tecnología sea fruto de una “evaluación científica rigurosa y pública”, hecha por científicos en agricultura, salud y otras áreas. Todo como parte de un proceso transparente, “para que la ciudadanía conozca cuáles son los riesgos y beneficios” del nuevo producto.
Al respecto, puedes leer más en el siguiente artículo sobre la posición de la ciencia: Cinco expertas señalan el camino de Bolivia hacia un agro sostenible
En este tema, “no debería participar el tema político”, mencionó el experto, quien admitió “presiones” de “políticos” y “empresarios” para aprobar un determinado producto.
Nogales coincidió. “Todo lo que ha entrado al Comité Nacional de Bioseguridad ha salido; aunque está prohibido en otros países, como la tecnología HB4 en soya que es resistente al glufosinato de amonio”, un herbicida vetado en Europa desde 2018 tras encontrarse evidencias de que es un disrruptor endócrino.
Condori hizo notar que aprobar un mayor uso de transgénicos con el actual marco regulatorio y con la capacidad institucional que hay representará “un retroceso”. “Si el país no va a normar, siempre vamos a estar con lo clandestino, con lo ilegal, porque la gente no usa estas herramientas (hoy ilegales), porque son más baratas, sino porque funcionan (…). Técnicamente, todos sabemos que funcionan”.
El Frente de Acción por la Salud, por su lado, estará atento a las nuevas medidas que autoricen el mayor uso de transgénicos y agroquímicos en Bolivia. “El paquete de estas normas serán las primeras en entrar (al Legislativo). Entonces, los que tenemos años en este caminar, debemos estar atentos”, manifestó Nogales.
Texto de Wálter Vásquez y caricatura de portada de Javier Menchaca para la Red de Medios Digitales (Guardiana, La Nube y Acceso Investigativo)