Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025, el Ministerio Público atendió 34.412 casos relacionados con delitos contemplados en la Ley N° 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”.
“Estos datos nos deben llamar la atención como sociedad, la violencia de género no se detiene y solo con una respuesta firme, coordinada e integral podremos garantizar a las víctimas un acceso real a la justicia, protección efectiva y reparación al daño”, expresó Mariaca, citado en una nota de prensa en el sitio web de la entidad.
De los 34.412 casos registrados a nivel nacional, Santa Cruz concentra la mayor cantidad de hechos con 11.785, seguido de La Paz con 8.653, Cochabamba con 5.507, 2.325 casos en Tarija, 2.103 Potosí, 1.589 Chuquisaca, 1.073 Beni, 946 Oruro y 431 Pando.
El delito con mayor incidencia sigue siendo la violencia familiar o doméstica, que representa 25.716 casos, reflejando una preocupante persistencia de agresiones dentro del núcleo familiar.
Otros delitos relevantes son: Abuso sexual (2.423); violación (2.240); violación de infante, niña, niño o adolescente (1.721); estupro (1.366); y otros delitos contemplados en la Ley 348 (946).
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“Hacemos un llamado a todas las instituciones del Estado y la sociedad civil a redoblar esfuerzos para enfrentar de manera integral estos problemas”, instó Mariaca.
Otro tipo penal que debe llamar la atención, dice el reporte, es el feminicidio en grado de tentativa, que alcanzó los 127 casos en todo el país, de los cuales 44 fueron reportados en La Paz, 30 en Cochabamba, 14 en Santa Cruz, 13 en Tarija, 10 en Chuquisaca, 7 en Oruro, 4 en Beni, 4 en Potosí y 1 en Pando.
En cuanto a los avances normativos, Mariaca recordó que el 10 de septiembre de 2025 se promulgó la Ley 1636, para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. Desde entonces, se registraron dos casos de Producción de Material de Abuso Sexual de Niña, Niño o Adolescente; uno en el departamento de Chuquisaca y otro en Cochabamba, donde el agresor ya fue sancionado con una sentencia de 30 años de prisión.
El fiscal indicó que se continuará trabajando en la formación especializada de fiscales, el uso de tecnología en la investigación penal, así como las alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado con la finalidad de fortalecer la atención de estos casos.