Fuente: Bloomberg Línea
El nuevo gobierno de Bolivia, que asumirá funciones el próximo 8 de noviembre, deberá enfrentar una economía con déficit fiscal alto, deuda creciente, una inflación elevada y bajo dinamismo productivo.
La nueva administración también tendrá que sortear la dependencia de hidrocarburos, una escasa inversión extranjera y una población afectada por pobreza y empleo informal.
La eficiencia fiscal, la estabilidad institucional y reformas para atraer inversión serán clave, de acuerdo a un análisis publicado por Luis Fernando Romero Torrejón, economista e investigador boliviano.
“Quien reciba el gobierno el 8 de noviembre va a recibir una economía desequilibrada y desestabilizada, tanto en lo económico como en lo político”, dijo Romero a Bloomberg Línea, expresidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, quien comparó la situación con “cambiar de médico en medio de una operación riesgosa”.
Los electores bolivianos han expresado en las urnas su descontento con el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y en la segunda vuelta definirán al nuevo presidente entre el senador centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y el expresidente conservador Jorge Quiroga.
Paz Pereira ganó la primera vuelta con el 32,06% de los votos y Quiroga fue segundo con el 26,70%, de acuerdo con el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la jornada del pasado 17 de agosto.
El reporte de Romero Torrejón, titulado Bolivia: a un mes del cambio de gobierno ¿cómo está su economía?, dice que Bolivia vivirá un momento histórico, no sólo por la asunción del nuevo presidente del país, sino por el cambio de un modelo económico y político socialista, de casi 20 años.
Indica que “se traspasará una economía golpeada y con serios problemas, donde prácticamente los nuevos gobernantes agarrarán un hierro caliente, en una coyuntura de crisis y bajos recursos. Tendrán que resolver problemas complejos en un corto tiempo”.
Un dragón de tres cabezas
Romero Torrejón advirtió que el nuevo presidente enfrentará “un dragón de tres cabezas: inflación, dólares y carburantes”, en un contexto de serios problemas de liquidez, desequilibrios fiscales y posible recesión económica en los próximos tres años.
Señaló que uno de los pocos caminos disponibles será buscar financiamiento externo pues “al menos para los primeros ocho meses del nuevo gobierno se va a requerir alrededor de US$3.000 millones para la importación de diésel y gasolina, pagar la deuda externa y cumplir otras obligaciones que se deriven de operaciones anteriores, como las que se han comprometido con las reservas de oro».
Sobre los riesgos sociales y económicos, destacó que “una crisis por falta de carburantes generaría mayor presión inflacionaria y menos dinamismo económico de lo que existe”.
El riesgo, a su juicio, es que “una inflación que siga en avance puede ser totalmente corrosiva para el nuevo gobierno”.
El éxito dependerá de la gobernabilidad en las calles y la gobernanza en el parlamento.
La prioridad del nuevo Ejecutivo será “estabilizar la economía con el menor costo social posible, cuidando especialmente la pobreza y el desempleo”.
El estado de la economía boliviana
Crecimiento económico: Bolivia atraviesa una desaceleración marcada. Tras crecer apenas un 0,73% en 2024, el Gobierno tiene como meta una expansión del PIB de 3,51%. Recientemente, “el Banco Mundial ha reajustado las proyecciones de crecimiento económico de la región, en cuyo informe indica que Bolivia entraría en una recesión económica de 3 años, teniendo un decrecimiento en su PIB real del -0,5%, -1,1% y del -1,5% desde el 2025 al 2027″, indicó Romero Torrejón.
PIB y modelo productivo: El PIB nominal fue de US$46.967 millones en 2024, pero la economía sigue concentrada en sectores primarios y con poca diversificación. Según el autor del reporte, “un dato llamativo, y preocupante a la vez, es que hasta la fecha el INE (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia) no ha publicado el crecimiento económico del país ni siquiera al primer trimestre de 2025″. Para Romero, “con seguridad no es una cifra alentadora, pero esta información es clave para orientar en la toma de decisiones de los diferentes agentes económicos del país”.
Déficit fiscal: El país acumula 11 años consecutivos de déficit, que podría alcanzar el 11% del PIB este año, financiado con deuda y emisión monetaria. Reducir el gasto improductivo será clave para estabilizar las finanzas públicas.
Deuda pública: Se estima en torno al 90% del PIB, impulsada por la necesidad de cubrir gasto estatal, importaciones de combustibles y pagos externos. La deuda interna crece más rápido que la externa. “Recientemente, el ministro de Economía indicó que la deuda interna fue del 19% del PIB, hasta agosto 2025, aunque no indicó el dato. A pesar de unas cifras subestimadas o poco precisas, sin duda la deuda interna es mucho mayor”.
Inflación: En septiembre, la inflación interanual fue de 23,3%, una de las más altas de la región. La pérdida del poder adquisitivo supera el 50% en un año, afectada por la escasez de dólares, emisión monetaria y bajos niveles de producción. “Se estima que podríamos llegar al menos al 20% de inflación anual al cierre de este año, debido a la continuidad de problemas tales como la falta de carburantes, escasez de dólares (precio elevado), excesiva emisión monetaria, bajo dinamismo productivo nacional, otros”, dijo Romero.
Reservas internacionales netas: Alcanzan los US$3.275 millones (a septiembre de 2025), de los cuales el 95% corresponde a oro. La liquidez en divisas es mínima —unos US$103 millones— suficiente solo para 20 días de importaciones de diésel y gasolina, según Romero.
Reservas de oro: Se redujeron un 43% en volumen a septiembre de 2024, de 42,5 a 24,1 toneladas después de la aplicación de la ley del oro (ley 1503). El Banco Central las ha usado para obtener liquidez, aumentando la vulnerabilidad ante shocks externos.
Empleo: Aunque la tasa oficial de desempleo urbano es de 3,1% (al segundo de trimestre de 2025), la informalidad laboral llega al 80%, con crecimiento del subempleo y la precariedad salarial.
Pobreza: Afecta al 40,1% de la población y el 70% tiene necesidades básicas insatisfechas. La inflación podría elevar la pobreza moderada a cerca del 40% para finales de 2025.
Comercio exterior: En 2024, el déficit comercial fue de US$845 millones y hasta agosto de 2025 suma US$580 millones. Las exportaciones siguen dominadas por minerales e hidrocarburos (67%) y afectadas por la falta de dólares y combustibles.
Inversión extranjera: La IED apenas alcanzó US$247 millones en 2024 (0,1% del total regional). Bolivia (1.362 puntos) es percibida como una de las economías más riesgosas para invertir, después de Venezuela, según JP Morgan. Según el informe, “para los inversores y capitalistas mundiales, Bolivia es muy poco atractiva para invertir, por lo cual, para el próximo gobierno será clave dar seguridad económica y jurídica a los inversionistas, y hacer reformas institucionales y normativas, como en el tema laboral e impositivo, para revertir esta tendencia negativa”.
Hidrocarburos: La producción de gas cayó 46% desde 2014 y las exportaciones 73%. El reporte señala que “el sector hidrocarburífero (petróleo y gas natural) fue la actividad económica de peor rendimiento económico la gestión 2024, con un decrecimiento del 13,41%. Y desde hace 2 años, existe un desbalance comercial y energético en el sector hidrocarburífero”.