Debates electorales: Una deuda pendiente con la democracia


El debate presidencial de este domingo entre Paz y Quiroga se realiza a solo una semana de la segunda vuelta.

Por Daniel Zenteno

Un debate entre candidatos a la Presidencia antes de la primera vuelta. Foto: APG.

Un debate entre candidatos a la Presidencia antes de la primera vuelta. Foto: APG.



Fuente: La Razón

El pasado domingo, el país fue testigo del primer debate vicepresidencial rumbo al balotaje. El encuentro, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), reunió a Edmand Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y a Juan Pablo Velasco, de Libre.

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Sin embargo, lejos de consolidarse como un espacio de intercambio democrático, el evento desató una ola de críticas contra la moderación, las temáticas abordadas, la falta de control en ciertos momentos del encuentro y la brevedad del formato que apenas tuvo una hora de discusión.

El debate dejó una sensación de vacío. Para varios analistas y actores políticos, no hubo contraste de ideas, propuestas claras, ni profundidad en los temas. La principal observación recayó sobre el formato, que limitó la interacción entre los candidatos y condicionó la calidad del evento.

Debates

Por ello antiguas y actuales autoridades del Órgano Electoral Plurinacional consideran que los debates todavía son una deuda con la democracia y los electores.

Este domingo es el turno de los presidenciables Rodrigo Paz Pereira, del PDC, y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre. El evento llega con mayores expectativas, pero también con la sombra del desencanto. ¿Por qué en Bolivia los debates todavía no logran consolidarse como parte esencial del proceso democrático?

El exvocal del TSE José Luis Exeni sostiene que el problema no es solo de formato o tiempo, sino de concepción. “Es fundamental garantizar no solo la realización de debates, sino también su calidad. El formato y la metodología deben estar orientados a privilegiar debates propositivos, que contrasten ideas y expongan posicionamientos. Claro que es inevitable que se presentan también momentos de confrontación, a veces ríspidos, entre quienes debaten”, afirmó el exvocal en un contacto con La Razón.

En ese sentido, considera que estos espacios deberían ser concebidos como un derecho para el ciudadano y no como una concesión de los candidatos ni como un show mediático para los mismos.

Cultura

Para Exeni, los debates son esenciales para impulsar la participación informada de la ciudadanía, pues permiten conocer no solo las promesas sino la visión de país y los métodos para concretarlas. “No basta decir qué hará un futuro gobierno, sino también cómo piensa hacerlo”, subrayó. Por eso, insiste en que su realización debe ser obligatoria y regulada por ley, con sanciones para los candidatos que se nieguen a participar y bajo condiciones de plena igualdad para todos.

“Los debates electorales deben ser responsabilidad exclusiva del Órgano Electoral Plurinacional”, recalcó, al señalar que delegar la organización a canales de televisión o entidades o instituciones privadas abre espacio a sesgos y posibles conflictos de intereses.

Para garantizar la transparencia, propone que el debate se difunda a través de la red estatal de medios, con posibilidad de retransmisión libre por todos los canales privados, “para que nadie sienta que hay cancha inclinada”.

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi coincide en que Bolivia llega con décadas de retraso respecto a las democracias consolidadas. “En Estados Unidos, su punto de inflexión en debates fue en 1960, con el encuentro entre Kennedy (John F.) y Nixon (Richard); desde entonces, forma parte de la cultura democrática. Pero en Bolivia, esto recién está sucediendo en este 2025”, reflexionó en una entrevista con este medio.

Tahuichi reconoce que el país aún carece de una cultura de debate político, a diferencia de lo que se ve en algunos países vecinos, pero afirma que el TSE está impulsando una ley de obligatoriedad de debates en todos los niveles: presidencial, vicepresidencial, legislativo y subnacional.

Impulsar ley de debates

“La Asamblea Legislativa tiene que aprobar con carácter de urgencia esta ley. Estoy hablando de candidatos a presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales”, explicó sobre el alcance de la ley.

La propuesta del TSE incluye también la transmisión obligatoria por el canal estatal, con el fin de garantizar neutralidad y evitar susceptibilidades entre medios o candidatos. “Nuestro proyecto de ley señala que sea el canal estatal el que transmita en señal abierta, y de eso deben colgarse todos los demás medios que quieran. Así no habrá ningún celo”, explicó el vocal respecto a una problemática que se vio en los últimos días.

Este hecho se evidenció en el caso del debate vicepresidencial, en el cual Lara condicionó su participación debido a que las moderadoras del encuentro pertenecían a medios que el candidato a la Vicepresidencia consideraba que estaban abiertamente en su contra. Por ello, el TSE decidió añadir un par de moderadores más para que haya mayor neutralidad.

Para los entrevistados por La Razón, ésa fue una prueba más del rezago del país en lo que respecta al tema, pues a diferencia de otros países de la región, donde los debates están institucionalizados por ley —como en México, Argentina o Chile—, en Bolivia los encuentros entre candidatos han sido esporádicos y marcados por la improvisación. Tanto Tahuichi como Exeni recordaron cómo en el pasado los encuentros para exponer las propuestas electorales quedaban en manos de algunos medios de comunicación o instituciones y, debido a que no era obligatorio participar en ellos, los candidatos podían simplemente no presentarse.

Fue lo que ocurrió en 2020, cuando la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) lograron reunir a todos los candidatos para las elecciones de ese año, pero no se trató de una iniciativa impulsada por el Órgano Electoral.

Formato

Desde entonces, los debates se redujeron a iniciativas dispersas, sin coordinación ni reglas comunes. Exeni considera que esa falta de continuidad ha debilitado el rol ciudadano del debate. “El debate entre los candidatos no es un favor o una concesión, sino un principio democrático de respeto a la ciudadanía”, señaló.

Por ello, insiste en que se deben garantizar condiciones de “equidistancia, transparencia y calidad” en los formatos, evitando la “espectacularización o farandulización de la política”.

La apuesta del TSE por una norma que haga obligatorios los debates marca un paso importante en esa dirección. Sin embargo, los retos son múltiples. Se requiere financiamiento público, criterios técnicos claros, moderadores imparciales y la disposición real de los partidos para confrontar ideas. Tahuichi lo resume en que, si hay obligatoriedad, también tiene que haber sanción para quien decida no asistir. De esa manera, los debates dejarían de depender de la voluntad de los candidatos y pasarían a ser una obligación democrática frente al electorado y los votantes.

Exeni agrega otro punto clave: la centralidad debe ser el ciudadano. “Los debates no son privilegio de los partidos, ni del organismo electoral, ni de los medios. Son parte del derecho ciudadano a acceder a información plural.”

Sin embargo, el TSE también va aprendiendo en el proceso y apunta a corregir algunos aspectos. Tras el debate vicepresidencial, Tahuichi anunció que para el encuentro entre Paz Pereira y Quiroga se cambiará el formato, se incluirán mayores ejes temáticos y se ampliará la duración del evento a dos horas. Además, ahora el tiempo de respuesta aumenta de 30 segundos a 1 minuto, aunque a él le hubiera gustado que fueran al menos 2 minutos.

A una semana de la segunda vuelta electoral, existen grandes expectativas por el encuentro entre los candidatos del PDC y de Libre, aunque Exeni duda que influya en la decisión final del votante.

Mientras el país se prepara para el último debate presidencial antes del balotaje, la sensación es que Bolivia se encuentra dando apenas sus primeros pasos en una tradición que en otras democracias lleva más de medio siglo.

Fuente: La Razón