En su carta desde la cárcel, el exgerente denuncia «la injusticia que está recibiendo» y que siente que «lo usaron como carnada para favorecer posiblemente a otras personas».
Milen Saavedra
Fuente: Red Uno/Que no me pierda
La defensa de Félix Cruz Taca, exgerente de YPFB Logística y único detenido en el Caso Botrading, calificó la investigación como una «farsa» y un proceso con graves irregularidades, donde se ha «invertido» la lógica procesal. Paralelamente, el investigado envió una carta desde el penal de San Pedro denunciando ser víctima de racismo y discriminación en el manejo de su caso.
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El abogado Eduin Lenis Nina, defensor de Cruz Taca, denunció en Que No Me Pierda que el Ministerio Público cometió un «mal trabajo» al apresurar la detención de su cliente, alegando que «primero ha metido a la cárcel a Cruz Taca y después se está investigando».
Injusticia y ausencia de firma en contratos
El argumento central de la defensa se basa en la prueba documental. El abogado aseguró que el Ministerio Público ya posee los 12 procesos de contratación y contratos con la empresa Botrading, y que la revisión de estos documentos, incluso certificada por YPFB Corporación, demuestra que su defendido «no ha suscrito ningún contrato».
Según el letrado, la firma de los contratos recae en otros funcionarios, quienes habrían sido delegados por la presidencia ejecutiva de Yacimientos y quienes, a pesar de estar plenamente identificados, no han sido investigados con el mismo rigor.
Discriminación: «Lo usaron como carnada»
La denuncia más grave proviene directamente de Cruz Taca. En su carta desde la cárcel, el exgerente denuncia «la injusticia que está recibiendo» y que, indignado, siente que «lo usaron como carnada para favorecer posiblemente a otras personas».
El abogado de la defensa apoya esta postura, alegando que la detención preventiva de su cliente, a diferencia de otros involucrados, obedece a un patrón de racismo y discriminación. «Mi defendido apellida Cruz Taca, no apellida Dorgathen, no apellida Delgadillo», sentenció el jurista, insinuando que el apellido y el origen de su cliente lo habrían convertido en un blanco fácil, a pesar de la ausencia de pruebas directas en su contra. Esta denuncia de trato desigual se refuerza al contrastar la situación de Cruz Taca con la de otra persona implicada en el proceso de contratación, quien sí fue beneficiada con detención domiciliaria.
Directorio y ministros ausentes en la investigación
La defensa criticó la selectividad de la investigación, argumentando que si la misma fuese «seria» debería haber empezado por quienes autorizaron los procesos de contratación.
El abogado detalló que las resoluciones del Directorio de YPFB—que según su Estatuto son quienes aprueban los procesos—involucran a representantes de varios ministerios (Planificación del Desarrollo, Presidencia, Economía y Finanzas) y gobiernos autónomos, además de la participación del actual Ministro de Hidrocarburos en una de las resoluciones clave.
La defensa lamenta que ninguno de estos actores haya sido investigado como co-denunciado o involucrado, sino que uno de ellos solo lo hizo en calidad de testigo.
Pese a la negativa a la cesación de la detención preventiva en las últimas audiencias, la defensa anunció que están acumulando más elementos de prueba y que optarán por una acción constitucional o una nueva solicitud de cesación en los próximos días.