Defensoría: no hay un mecanismo para garantizar que instituciones contraten a funcionarios con discapacidad


“En realidad son 4% que debe cumplirse en las entidades públicas. Efectivamente no hay un mecanismo estatal que controle el cumplimiento de este porcentaje”, señaló Callisaya en conferencia de prensa.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya en conferencia de prensa. Foto: Captura de la Defensoría del Pueblo

Fuente: Brújula Digital 

 



 

 

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El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó este lunes que en el país no existen mecanismos que aseguren que las instituciones públicas cumplan con la normativa que establece la contratación de al menos un 4% de personas con discapacidad.

 “En realidad son 4% que debe cumplirse en las entidades públicas. Efectivamente no hay un mecanismo estatal que controle el cumplimiento de este porcentaje”, señaló Callisaya en conferencia de prensa.

El defensor realizó el comentario durante una conferencia en la que se refirió a la ley sancionada por la Cámara de Diputados que reconoce la Lengua de Señas Boliviana (LSB) como idioma oficial del país.

Callisaya explicó que desde la Defensoría se realizaron gestiones con el Ministerio de Trabajo para habilitar espacios de supervisión que permitan verificar el cumplimiento de la contratación de personas con discapacidad.

Agregó que también se presentó un proyecto de ley, elaborado con la participación de representantes de este sector, para promover su inclusión laboral tanto en el ámbito público como privado.

 “Hemos impulsado un proyecto de ley, donde a través de esa ley, se cree una instancia de control, no solamente en el espacio estatal, sino en el espacio privado donde debe hacer la inclusión de las personas con discapacidad en los porcentajes ya mencionados”, dijo.

Lengua de señas

La semana pasada, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que reconoce la LSB como idioma oficial y garantiza los derechos lingüísticos de las personas sordas en todo el país.

La norma busca asegurar que las personas sordas puedan participar de manera plena y efectiva en todos los ámbitos y etapas de la vida, tanto individual como colectivamente, según una nota de Diputado.

Además, garantiza el ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos, promoviendo una inclusión social real y duradera.

BD/MC/JA