Fuente: El País.bo
prorrogó como presidente de la Brigada Parlamentaria y permitió que las oficinas de la entidad se cerraran, dejando a la población sin un espacio dónde coordinar con los parlamentarios, sino porque lo apuntan de alquiler su vivienda a una entidad estatal.
La denuncia surgió en la ciudad de Villa Montes, donde presuntamente Maraz le alquila su casa a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El hecho ha desatado críticas y sospechas sobre un posible uso indebido de bienes públicos para beneficio personal.
La denuncia se conoció por redes sociales, tras una publicación que hizo una dirigente de organización de mujeres locales. “Y hasta las oficinas de la ANH te lo llevaste a tu casa…”, dice el posteo de la representante, apuntando directamente al diputado Maraz.
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El comentario acompañado de imágenes, encendió el debate entre decenas de ciudadanos que exigen explicaciones y cuestionan la transparencia de la gestión del legislador. “Ganó sueldo de arriba todos estos cinco años”, se lee en una de las publicaciones más compartidas, reflejando el descontento con el desempeño del parlamentario.
Al hecho se sumaron denuncias de presuntas designaciones irregulares en empresas estatales desconcentradas, donde, según los reclamos, Maraz habría ubicado a personas externas de la región.
“Metiste gente de otro lado a trabajar en las empresas desconcentradas del gobierno aquí en Villa Montes…”, expresó una usuaria de las redes identificada con las iniciales V.A.
También hubieron personas que defendieron al diputado chaqueño, indicando que esa denuncia hoy se ventila en represalia porque Maraz fiscaliza a las plantas industriales y la carretera Isiri – La Central, donde se habría observado “supuestas irregularidades o retrasos”.
Hasta la fecha, ni Maraz ni la ANH han emitido un pronunciamiento oficial sobre la supuesta utilización de su vivienda como sede institucional.
Normativa lo prohíbe
La legislación boliviana impide que un funcionario público alquile su vivienda o propiedad al Estado, ya que esta acción se considera un conflicto de interés. El Artículo 11 del Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027) establece que los servidores deben abstenerse de celebrar contratos con entidades estatales que puedan comprometer su imparcialidad o generar beneficios personales.
Fuente: El País.bo