Entre el Tribunal Constitucional, la flamante Asamblea Legislativa y el Ejecutivo entrante resurge el debate por la continuidad o suspensión de los cinco magistrados del TCP y dos del Tribunal Supremo de Justicia. Se perfilan cambios.
Fuente: eldeber.com.bo
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Con la nueva Asamblea Legislativa que empezará sus funciones el 8 de noviembre, vuelve a la mesa de debate la situación de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que continúan en funciones desde la elección judicial del 3 de diciembre de 2017. En ese marco, surgen al menos tres corrientes para definir esta situación:
Entre ellas, que el nuevo Legislativo apruebe una ley de convocatoria para la elección judicial complementaria como lo pidió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que tiene el respaldo del TCP; que en el marco de la ‘Cumbre de justicia’, que se realizará entre el 9 y 10 de noviembre en Sucre, se reforme la modalidad para la elección de magistrados, o que se reponga en agenda legislativa el proyecto de ley que suspende de sus funciones a los cinco magistrados del TCP y esas vacancias sean ocupadas por los magistrados suplentes.
En ese caso, ya no sería necesaria ninguna convocatoria para un proceso de selección y elección de postulantes para la elección judicial complementaria y así, las autoridades de este nuevo periodo constitucional 2025-2030, pondrían toda su atención en ejecutar esa reforma estructural de la justicia, tal como anunciaron en sus promesas de campaña.
Desde el TCP
Ante este escenario que plantea esas posibilidades, el presidente del TCP, el magistrado Gonzalo Miguel Hurtado, se mostró firme en su postura en sentido de que mientras la Asamblea Legislativa no apruebe una ley para lanzar la convocatoria a la elección judicial complementaria, él y sus cuatro colegas, continuarán en sus cargos.
“La declaración constitucional que realizó el Tribunal Constitucional, en forma clara y precisa señaló de que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia necesariamente tendría que hacer una preselección, selección (de postulantes) -obviamente – previo a un acuerdo de reglamento de convocatoria”, afirmó Hurtado a EL DEBER.
En noviembre de 2024, en medio de un accidentado proceso de preselección y selección de postulantes al Órgano Judicial y al TCP, los magistrados del Tribunal Constitucional dieron curso a dos sentencias constitucionales: la 770 y la 777, mediante las cuales se declaró desierta la convocatoria de las elecciones judiciales para magistrados del TCP en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Cochabamba y de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando.
Asimismo, la declaración constitucional instruye al Legislativo realizar otra convocatoria para las elecciones complementarias. Pasó un año de esa disposición, la actual Asamblea termina su periodo constitucional de mandato y cierra sesiones sin haber tocado el proceso de las judiciales complementarias.
¿Entonces, usted como magistrado del TCP y sus otros cuatro colegas van a permanecer en sus cargos hasta que el Legislativo apruebe una ley de convocatoria a elecciones judiciales complementarias?, preguntó este medio al magistrado Hurtado, y éste respondió:
“La forma democrática que establece la Constitución Política del Estado es a través del voto y con esa forma democrática, el Órgano Legislativo tiene que convocar a una preselección. Ese es el mecanismo adecuado”, subrayó Hurtado.
Los nuevos actores
Desde el nuevo gobierno presidido por Rodrigo Paz y los flamantes asambleístas que se alistan a tomar sus curules para legislar, se presentan distintos planteamientos, desde cambios estructurales a todo el sistema judicial y por consiguiente a la manera de elegir a los altos magistrados y jueces, hasta poner en vigencia una ley promulgada en 2024 que establece como prioridad suspender de sus cargos a los cinco magistrados del TCP que están por cumplir nueve años en el cargo y habilitar como titulares a los suplentes de los tribunos electos en diciembre de 2024.
Las distintas opiniones y corrientes que se forman coinciden en un punto: que es una de las prioridades del nuevo Ejecutivo y Legislativo, solucionar este tema, aunque más urgente que la cuestión judicial, es solucionar la crisis económica por la falta de combustibles y la ausencia de dólares.
El diputado Carlos Alarcón quien concluye su gestión con Comunidad Ciudadana y empieza otro periodo con la alianza Unidad, recordó que ya existe una ley que se aprobó y sancionó en el Legislativo y se promulgó en 2024. Se trata de la Ley 075 que establece el “cese de mandato de los magistrados autoprorrogados” del TCP y del TSJ.
“Se tiene que poner en vigencia la Ley 075 – yo fui el proyectista de esa ley – para que apenas se la publique en la Gaceta Oficial, estos usurpadores se vayan a su casa y rindan cuentas ante la justicia y ante el pueblo”, dijo Alarcón a EL DEBER.
El 19 de noviembre de 2024, Andrónico Rodríguez, el presidente saliente del Senado, ante la ausencia del presidente Luis Arce que había viajado al exterior, y la presidencia en ejercicio de David Choquehuanca, asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa y promulgó la Ley 075 que cesa las funciones de los cinco magistrados del TCP y dos del TSJ.
“Cumplimos con la promulgación de la Ley 075 que reestablece la plena vigencia de los artículos 183, 188 y 200 de la Constitución Política que tiene por objeto cesar en sus funciones a las autoridades auto prorrogadas. Sus funciones concluyeron en enero de 2024”, decía Andrónico.
Si esto se cumple, ¿cómo se cubrirá esas cinco acefalías?, preguntó EL DEBER a Alarcón y éste respondió: “Se tiene que hacer que los cuatro suplentes elegidos sesionen con los cuatro titulares y de esa manera vamos a tener un Tribunal Constitucional con ocho magistrados elegidos por voto popular”, argumentó.
Para el diputado José Luis Porcel, que empieza una nueva gestión con Libre, la solución a este tema parte porque el Legislativo reestablezca el tratamiento para cesar a los magistrados, o la otra opción es que en la Cumbre de justicia que anunció el presidente Paz, se trate también la situación de estos tribunos.
“Sería muy oportuno que se aborde este tema y se busque una solución a corto plazo para que tengamos magistrados electos y que el Tribunal Constitucional esté conformado democráticamente”, dijo Porcel a EL DEBER.
Para el diputado Rodrigo Antonio (Libre), el tema parte por convocar a elecciones judiciales complementarias y de forma paralela impulsar una reforma constitucional para cambiar la forma de elegir a altos magistrados. “Es una tarea urgente que se tiene que tratar para garantizar la institucionalidad en el país”, dijo Antonio a EL DEBER.