Cochabamba. Luis Edgar Cabezas Condori fue aprehendido acusado del feminicidio de su esposa, Benita Quispe, desaparecida desde junio. Una década antes ya había sido condenado por el asesinato de la hermana mayor de ella. La familia vive una búsqueda desesperada y exige justicia.
Ligia Portillo
Fuente: Red Uno
Tras casi seis horas de audiencia, un juez determinó la detención preventiva indefinida de Luis Edgar Cabezas Condori, acusado por el presunto feminicidio de su pareja, Benita Silvia Quispe, desaparecida desde junio. La familia celebra el cambio de tipificación de Trata y Tráfico de Personas a Feminicidio, pero exige justicia también por el crimen de Ana María Quispe, hermana mayor de Benita, asesinada en 2014.
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2014: Un crimen que marcó a la familia Quispe
Hace once años, Luis Edgar Cabezas fue sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de Ana María Quispe, hermana mayor de Benita. La víctima fue hallada muerta en un barranco con un disparo en la cabeza. En ese mismo hecho, desapareció su hijo de apenas tres años, de quien nunca más se supo nada.
Pese a la sentencia, el acusado solo estuvo recluido cuatro meses en el penal de El Abra, ya que la condena nunca fue ejecutoriada. Fue la propia Benita quien, con el dinero de la venta de la casa familiar, ayudó a liberarlo.
Junio de 2025: Desaparición de Benita Quispe
Benita Silvia Quispe, de 37 años y madre de tres hijos, desapareció el 16 de junio, luego de una llamada con su hermana en la que llorando le confesó: “Me he enterado de muchas cosas de Luis, quiero hablar contigo en persona”.
Al día siguiente, ya no contestó más el teléfono. Su pareja, Luis Cabezas, dijo que había viajado a Oruro, pero las versiones eran contradictorias. La familia denunció la desaparición, pero la investigación inicialmente fue abierta como Trata y Tráfico de Personas, no como feminicidio.
Julio – Octubre de 2025: Investigación y contradicciones
Durante los meses siguientes, la familia y la abogada Aidé Carachi presionaron para reabrir el caso como feminicidio.
Las investigaciones de la FELCV y Cibercrimen revelaron que los mensajes enviados desde el teléfono de Benita después del 16 de junio provenían de la red WiFi del domicilio de Luis, lo que indica que él manipuló el celular para simular que ella seguía viva.
Además, una de las ex amantes del acusado declaró que él había planificado “deshacerse de Benita” y que incluso buscó ayuda de su padre para hacerlo. Los móviles, según la defensa de la familia, serían económicos, ya que todos los bienes y vehículos estaban a nombre de Luis, y él se negaba a compartir el patrimonio o registrar los bienes a nombre de sus hijos.
30 de octubre de 2025: La audiencia clave
Tras más de seis horas de audiencia cautelar, un juez de Cochabamba determinó la detención preventiva indefinida en el penal de El Abra para Luis Cabezas.
La defensa de la familia logró cambiar la tipificación del caso a Feminicidio, sustentando que existen suficientes elementos de convicción que indican que Benita ya no está con vida.
“Se encontró su cédula de identidad vigente en la casa; una mujer que viaja no deja su documento. Además, su teléfono nunca salió del domicilio. Todo apunta a que la última persona que la vio con vida fue él”, explicó la abogada Carachi.
El Ministerio Público sostuvo que el acusado obstaculizó la investigación, modificó pruebas y mintió reiteradamente sobre el paradero de su pareja.
Exigen justicia por dos hermanas y un niño desaparecido
La familia Quispe celebra el avance judicial, pero exige pena máxima para Luis Cabezas y la reactivación del caso de Ana María Quispe, cuya sentencia de 30 años sigue sin ejecutarse.
“Queremos que esta vez no vuelva a salir libre. Que cumpla las dos condenas: por mi hermana mayor, que mató en 2014, y por Benita, que desapareció en junio. No queremos otro encubrimiento ni impunidad”, expresó entre lágrimas una de las hermanas de las víctimas.
También piden que se investigue nuevamente la desaparición del hijo de Ana María, de quien no se sabe nada desde el 2014.
Mientras tanto, la defensa de Cabezas anunció que apelará la decisión y solicitará detención domiciliaria, argumentando falta de pruebas materiales y biológicas. Sin embargo, la jueza fue clara al determinar que el acusado representa riesgo de fuga y de obstaculización.