Identifican al menos tres regiones de Bolivia donde se concentra la violencia: el trópico de Cochabamba, principal productora de la hoja de coca para un uso distinto al tradicional; el departamento de Beni y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Fuente: ANF
Por Nancy Vacaflor Gonzales, ANF, para la #LaHoraDeBolivia
Entre las huellas que deja la actividad ilícita de narcotráfico están los crímenes llamados ajustes de cuentas, que se dan cuando hay pelea entre bandas criminales por el territorio. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, identificó al menos tres regiones del país donde se concentra la violencia: el trópico de Cochabamba, principal productora de la hoja de coca para un uso distinto al tradicional; el departamento de Beni y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Desde el mes de julio hubo al menos 15 asesinatos y secuestros a cargo de sicarios. Los hechos ya ocurren a plena luz del día y en zonas céntricas o residenciales de ciudades capitales e intermedias.
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“Hay una guerra que se está librando por tomar el control de este santuario de la cocaína”, afirma Tomás Monasterio, exdiputado que ha estudiado el problema. Sostiene que son grupos criminales que están en pugna por el control del transporte de la cocaína que entra del Perú y se envía a Brasil con destino a Europa.
El problema no ha nacido en la gestión del presidente actual de Bolivia, Luis Arce, pero se ha profundizado y ahora está descontrolado. “Nació hace 20 años cuando Evo Morales asumió una posición absolutamente permisiva en función de la criminalidad en nuestro país”, añade.
“Brasileños que cometen delitos en su país ingresan hacia nuestro territorio nacional. Envían emisarios, y de igual forma lo hacen desde Argentina, Chile y Paraguay. Por eso se cometen asesinatos en nuestro territorio. Eso lo demuestran los antecedentes”, afirmó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en agosto a varios medios de comunicación, cuando hubo una seguidilla de crímenes característicos de los ajustes de cuentas.
Hay coca excedentaria
Bolivia se mantiene en el podio como productor mundial de coca, materia prima de la cocaína, después de Colombia y Perú. En los últimos 20 años, la actividad ilícita del narcotráfico ha crecido y es cada vez más violenta, promovida por la presencia de capos del Primer Comando de la Capital (PCC), originario de Brasil y una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas de Sudamérica, además de mafias europeas, especialmente en el departamento de Santa Cruz.
Desde el año 2008, durante el gobierno de Evo Morales, se expulsó a la DEA (Agencia contra la Droga y el Delito de EE. UU.). En ese momento, el primer mandatario proclamó la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico. En ese lapso, a pesar de su responsabilidad pública nacional, Morales se mantuvo como máximo líder de los sembradores de coca en el trópico de Cochabamba.
La Ley 1.008, aprobada antes de la gestión del MAS, establecía que los cultivos de coca debían tener una extensión máxima de 12.000 hectáreas y solo en la región de Yungas de La Paz. Sin embargo, la norma fue modificada por el expresidente Carlos Mesa, que autorizó el cultivo de 1.600 metros cuadrados por familia en el trópico de Cochabamba. Más adelante, en 2017, el Gobierno de Evo Morales aprobó la Ley General de la Coca, con la que los cultivos permitidos se incrementaron a 22.000 hectáreas en los Yungas y en el Trópico de Cochabamba, mientras que en otras zonas se fueron expandiendo de manera ilegal.
El Gobierno del MAS justificó la ampliación bajo el argumento de que son para el uso tradicional, pero la oposición remarcó que en realidad la coca del trópico cochabambino y de los otros cultivos excedentarios se destina al narcotráfico.
En 2023, el último monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) presenta un incremento del 4 % de la superficie con cultivos de coca en comparación con el 2022, estimándose una superficie de 31.000 hectáreas.
La demanda de sustancias controladas en el mundo repercute en la expansión de los cultivos de coca. A escala global el consumo de diferentes tipos de droga creció de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en 2023, según datos del organismo de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El informe del organismo señala que los traficantes de cocaína abren nuevos mercados en Asia y África. Un escenario de violencia y competencia de este ilícito, que antes estaba confinado a América Latina, se extiende a Europa Occidental a medida que los grupos de delincuencia organizada de los Balcanes Occidentales aumentan su influencia en el mercado.
“Capos” internacionales en Bolivia
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, afirmó que el departamento de Santa Cruz se ha convertido en un “santuario” para los narcotraficantes. Entre el año pasado y este se ha detectado la presencia de al menos tres narcotraficantes muy buscados viviendo en este país con documentación falsa. Un ejemplo es el de Sérgio Luiz de Freitas, considerado líder del Primer Comando de la Capital (PCC) que vivió por más de 10 años en el país. Tuvo una vida pública y de lujos. Usó un certificado de matrimonio, con identidad falsa, para obtener la nacionalidad.
Un tiempo antes, en mayo, Marcos Roberto de Almeida, alias ‘Tuta’, otro de los líderes del PCC, fue detenido también en Santa Cruz cuando pretendía obtener su documento de identidad en la sección Extranjería del Servicio General de Identificación Personal (Segip).
El Primer Comando de la Capital (PCC) ha extendido sus tentáculos a Bolivia. Durante los últimos años su presencia es cada vez mayor. Un informe del Ministerio Público de Brasil señala que 146 miembros de esta organización criminal están en territorio nacional.
Pero no son los únicos casos; en Bolivia también vivió Sebastián Marset buscado por tráfico de sustancias controladas y por el asesinato de un exfiscal en Paraguay. Huyó del país producto de un operativo fallido. Pese a la búsqueda que desplegó, la Policía nunca dio con su paradero. El propio Marset en una entrevista dijo que funcionarios del gobierno le ayudaron a huir e incluso se burló del entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
La penetración en las instituciones del Estado se refleja en que, en una década (2011-2022), cinco exjefes policiales y antinarcóticos fueron detenidos dentro y fuera de Bolivia por actividades ilícitas, entre ellos: René Sanabria (preso durante nueve años en EE. UU. por vínculos con redes de narcotráfico); Oscar Nina (detenido en Bolivia por enriquecimiento ilícito y nexos con el tráfico de drogas); Omar Rojas (detenido en Colombia y extraditado a EE. UU.); Maximiliano Dávila (preso en Bolivia y después extraditado a EE. UU.) y Gonzalo Medina, acusado de tener nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro. Las investigaciones de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) fueron determinantes.
Son muy dicientes casos como el caso de Felipe Cáceres, quien pasó de ser el ‘zar’ antidrogas a estar detenido por narcotráfico.
Cáceres, como Evo Morales, era líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba. Durante el primer gobierno del MAS fue viceministro de Defensa Social y lo llamaban el “zar antidrogas”. Fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en su propiedad, ubicada en esa zona. En el lugar hallaron una poza de maceración de cocaína y precursores químicos para la producción de droga. La Policía informó que el lugar tenía capacidad de producir más de 60 kilos de pasta base de cocaína cada día.
Cáceres era un hombre poderoso que gozaba de la confianza de Morales. Su patrimonio según su declaración jurada en 2019 estaba por encima de los 9 millones de bolivianos (1,3 millones de dólares).
Dos días antes de su detención, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico dio otro golpe aprehendiendo a Elba Terán, hermana de una exdirigente cocalera cercana al exmandatario, con 10 kilos de cocaína. Ella misma ya había recibido una sentencia de 15 años de cárcel también por narcotráfico.
Incautación de droga. Foto: FELCN
Criminales atraídos por el escaso control
Para el gobierno del Movimiento Al Socialismo (2006-2019), antes de 2020 Bolivia estaba clasificado como un país de tránsito, pero desde 2022 fue reclasificado además como país de producción y comercialización, comenta Carlos Romero, que fue ministro de Gobierno de Evo Morales.
“Bolivia es un hub (centro de conexión) donde se produce, se envía, se procesa la droga y se la hace transitar vía Brasil a Europa”, sostiene al caracterizar que el “hub” es atractivo para que se instalen las mafias y cárteles porque se ha relajado la presión del control institucional.
Sin embargo, el presidente Luis Arce mantiene la teoría de que “no hay presencia de cárteles en el país”, sino emisarios que llegan para promocionar su negocio. El exdiputado Tomás Monasterio, que hace seguimiento a este ilícito, cuestiona esta postura diciendo que estas organizaciones criminales operan en “sus narices con total impunidad. Han transformado a Bolivia y especialmente a Santa Cruz en un gran santuario del narcotráfico”.
Paralelamente a los cuestionamientos sobre el rol del Gobierno contra este ilícito, Estados Unidos una vez más ha descertificado a Bolivia en su lucha contra las drogas, junto a Colombia y Venezuela por “haber incumplido manifiestamente, durante los últimos 12 meses, sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos”.
Manuel Morales, autor del libro Tomografía del Estado narco, sostiene que es evidente la fuerte presencia de las organizaciones criminales de Brasil, pero también de países del Cono Sur como Argentina, Chile y Paraguay.
En su criterio, los líderes de organizaciones criminales llegan al país como “compradores (que) vienen a aprovisionarse y a proteger su santuario, Bolivia”.
La débil institucionalidad, la falta de independencia de las instituciones y en particular de la Justicia han creado las condiciones para que el país sea atractivo para los capos del narcotráfico porque “aquí (en Bolivia) no manda la ley, el Estado ni la Constitución, aquí mandan las organizaciones criminales de muy grueso calibre”, añade Monasterio.
El exministro Romero añade que si bien en Bolivia están operando los cárteles, también operan organizaciones locales como los clanes familiares, por ejemplo, los Lima Lobo, los Roca Suárez, las hermanas Terán y otros.
Operativos en Beni. Foto: FELCN