En caso de llegar a la presidencia, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) adelantó que, desde 2026, la Renta Dignidad se incrementará de 350 bolivianos a 500 bolivianos; y que la fuente de financiamiento para esta mejora del beneficio será el presupuesto de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del Ministerio de la Presidencia.
El asesor económico del PDC, Gabriel Espinoza, durante la presentación esta mañana del plan económico “Capitalismo para Todos”, indicó que se ha planteado y se quisiera que este beneficio para las personas mayores de 60 años, sea más alta, pero no es posible en este momento. “Pero vamos a mover los 2.100 millones de bolivianos del presupuesto de la UPRE, que no tiene sentido en un Ministerio de la Presidencia y es un gasto político, a la Renta Dignidad. Ese presupuesto nos permite incrementar la renta de 350 a 500 bolivianos desde 2026”, puntualizó.
De esa manera, dijo no se aumenta gastos del Estado, sino que se elimina una erogación de recursos política para destinarlo a las personas de la tercera edad.
Según Espinoza, en la actualidad, la Renta Dignidad demanda el pago de 800 millones de dólares, pero la UPRE maneja 2.100 millones de bolivianos, que es más de lo que tiene la Alcaldía de La Paz como presupuesto de infraestructura; es decir que esa Unidad administra más dinero que el burgomaestre Iván Arias.
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El pago de este beneficio se financia con el 30% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que perciben gobernaciones, alcaldías, TGN y Fondo Indígena, dividendos de empresas capitalizadas; 10% de los ingresos de Entel; 4% de lo recaudado por la ATT; y 5% de los ingresos de empresas eléctricas por servicios de transmisión.
Según datos publicados por la Gestora, en 2008, cuando se comenzó a dar la Renta Dignidad a las personas mayores de 60 años, el número de beneficiarios era de 752.338 personas y los pagos demandaron un gasto de 1.616 millones de bolivianos.
En 2024, quienes percibían la renta eran 1,2 millones de personas y se tuvo que erogar 5.288 millones de bolivianos. A julio de este año, los beneficiarios se mantienen en 1,2 millones y el pago demandó 2.787 millones de bolivianos.
Sin embargo, los recursos del IDH han ido disminuyendo los últimos años. De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, las transferencias corrientes del TGN aumentaron de 15.214 millones de bolivianos en 2022 a 18.831 millones de bolivianos en 2024. En 2012, solo eran de 6.123 millones de bolivianos.
Las cifras revelan, además, que las transferencias al sector privado pasaron de 6.313 millones de bolivianos en 2014 a 9.644 millones de bolivianos en 2024.
De este monto, resaltan las transferencias realizadas del TGN, destinadas principalmente al pago de la Renta Dignidad en 4.349 millones de bolivianos. Este desembolso comenzó en 2022 con 1.378 millones de bolivianos y en 2023 aumentó a 3.764 millones de bolivianos y mucho más el año pasado.
Al Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), que financia la Renta Dignidad, se traspasaron en la pasada gestión 880 millones de bolivianos, un aporte que en los últimos años ha comenzado a declinar gradualmente.
En comparación, en 2014, estas transferencias al FRUV alcanzaban a 4.001 millones de bolivianos, en 2015 descendieron a 2.846 millones de bolivianos y en los siguientes años esta tendencia se mantuvo a la baja al punto que en 2023 y 2024 se registraron los niveles mínimos, solo 1.091 millones de bolivianos y 880 millones de bolivianos.
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