Tras los resultados de las elecciones, Bolivia ha iniciado un nuevo ciclo histórico, marcado por la fortaleza de su sistema democrático y la extrema debilidad de su economía. La contundencia de las cifras del balotaje y el ejemplar comportamiento ciudadano durante la prolongada campaña concluyeron en la elección de un nuevo presidente, que asumirá el mando en medio de grandes expectativas y con el apoyo de un sistema político que podría asegurarle una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa.
En contrapartida, el nuevo mandatario deberá lidiar con una economía colapsada: desequilibrio fiscal, crisis energética, alta inflación, escasez de dólares, caída de la productividad y erosión de la confianza pública. Todo ello puede derivar en una crisis social si los problemas no se abordan con rapidez y decisión.
Si asumimos que la economía es el problema más urgente e importante, es previsible que las primeras medidas del gobierno entrante estén dirigidas a enfrentar la crisis terminal que nos agobia. Pero también es indudable que las decisiones en esta materia deben ser producto de un consenso nacional y, sobre todo, estar coordinadas y articuladas con el sector privado.
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Esto es necesario porque el rol de las empresas será decisivo para reconstruir las bases de un crecimiento sostenible, inclusivo y moderno. Esa tarea exige, a la vez, una reorientación del empresariado y un cambio real en la visión del Estado hacia la iniciativa privada.
Durante las dos últimas décadas, el masismo gobernante concibió al sector privado como un actor subordinado y un escollo para sus objetivos hegemónicos. La narrativa del “Estado productor” y del “empresario especulador” justificó políticas que debilitaron la inversión, la seguridad jurídica y la libertad económica. La presión impositiva, la discrecionalidad regulatoria y la falta de condiciones para competir en igualdad de oportunidades erosionaron el tejido productivo nacional. Se desincentivó la formalidad, se promovieron monopolios estatales y se desarticuló la cooperación pública privada. Como resultado, el sector empresarial formal terminó fragmentado, profundamente debilitado y excluido de las decisiones, justo cuando más se necesitaba su presencia para defender el desarrollo productivo, el empleo y la innovación.
En este largo periodo, que se extendió por casi 20 años, la cantidad de empresas vigentes disminuyó, el PIB industrial decreció, aumentaron la informalidad y el contrabando, la seguridad jurídica es casi inexistente; el número de grandes empresas es ínfimo, predomina en comercio en pequeña escala, la innovación tecnológica es escasa, el acoso tributario, la presión salarial y los bloqueos son insostenibles, ha caído la inversión privada extranjera y en general el sector privado boliviano no es competitivo frente al de los países vecinos.
Hoy, en el inicio de un nuevo ciclo económico y político, tanto el Estado como el sector privado deben repensar sus roles. El empresariado necesita recuperar su protagonismo. No basta con reclamar estabilidad o seguridad jurídica: es tiempo de asumir una agenda de transformación profunda, con más innovación, más dinamismo y más inclusión. Las nuevas realidades del mercado exigen reconocer a las micro y pequeñas empresas, a los emprendedores, a las mujeres y a los jóvenes como actores plenos del tejido empresarial. La diversidad empresarial ya no es una tendencia: es la base del nuevo modelo productivo.
Por su parte, el nuevo gobierno debe comprender que sin un sector privado fuerte no habrá recuperación posible. La estabilidad macroeconómica requiere inversión, y la inversión sólo surge cuando existe confianza y reglas claras. El Estado debe dejar de ver al empresario como adversario o como sujeto funcional a sus intereses, y entenderlo como un aliado estratégico en la generación de empleo, riqueza y bienestar.
La sostenibilidad debe ocupar un lugar central en esta agenda renovada. Las empresas del futuro no solo producen bienes y servicios: generan valor social y ambiental. Incorporar criterios de sostenibilidad y gobernanza no es una moda, sino una condición para competir y sobrevivir. El empresariado boliviano tiene la oportunidad de liderar este cambio hacia un modelo responsable, moderno y conectado con las tendencias globales.
Fortalecer la institucionalidad empresarial es esencial. No habrá sector privado fuerte si sus organizaciones gremiales no son sólidas ni representativas, o si se limitan solamente a repetir demandas sectoriales. Las instituciones empresariales deben volver a ser espacios de pensamiento estratégico, incidencia política y articulación social, no meros instrumentos de defensa corporativa.
Bolivia necesita un nuevo pacto entre el Estado, las empresas y la sociedad, un compromiso renovado y conjunto que trascienda lo económico y reconozca que el crecimiento sostenible solo es posible con libertad, responsabilidad y cooperación. El nuevo ciclo económico debe ser la oportunidad para reconstruir la confianza y demostrar que el sector privado es una fuerza indispensable para el desarrollo nacional.
No es momento de debates ideológicos que estanquen el desarrollo, sino de asumir con responsabilidad que un empresariado boliviano fuerte y dinámico es indispensable para generar empleo, inversión y bienestar sostenible. Este es el camino irreversible hacia el progreso y la estabilidad que el país exige y merece.
Ronald Nostas Ardaya
Industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia