A pocos días de que Rodrigo Paz asuma la presidencia de Bolivia, la economía nacional enfrenta un escenario complejo que combina recesión e inflación.
Fuente: ANF
Los analistas consultados coinciden en que el país atraviesa una etapa de estanflación, un fenómeno que combina el estancamiento del aparato productivo con un aumento sostenido de precios. Según los expertos, la salida de esta crisis podría tardar entre dos y cinco años, dependiendo de la rapidez y eficacia de las medidas que adopte el nuevo gobierno.
El analista económico Alberto Bonadona advirtió que la proyección de la recesión boliviana “es un problema complicado debido a que viene acompañada de inflación”. Explicó que el país vive un proceso de achicamiento del aparato productivo, mientras enfrenta una presión inflacionaria “relativamente elevada”. Estimó que Bolivia podría cerrar el año con una inflación del 20%, lo que refleja el deterioro del poder adquisitivo y la fragilidad del mercado interno.
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Bonadona subrayó que combatir al mismo tiempo la recesión y la inflación es una tarea de doble filo. “Las políticas para frenar la inflación, como la reducción del gasto público o la contracción monetaria, pueden agravar el desempleo y profundizar la recesión”, señaló a ANF. Por ello, considera urgente aplicar un plan de estabilización equilibrado que permita atender ambos frentes sin sacrificar el crecimiento.
En cuanto a los tiempos de recuperación, Bonadona planteó dos escenarios. En el más optimista, con apoyo internacional y políticas acertadas, Bolivia podría estabilizar su economía en un periodo de uno y medio a dos años. En el escenario pesimista, si las medidas se retrasan o se aplican de forma inadecuada, la recuperación podría demorar hasta cinco años, dejando al país “cavando en el mismo hueco sin poder salir”.
Desde una perspectiva más estructural, Bonadona sostuvo que el nuevo gobierno debe enfocarse en la obtención de financiamiento externo y en la reprogramación de la deuda. “Bolivia necesita alrededor de 3.000 millones de dólares, y el único organismo capaz de ofrecer esa magnitud de recursos es el Fondo Monetario Internacional”, afirmó. Añadió que la coordinación con el FMI podría abrir las puertas a otros fondos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, que aportarían hasta 1.500 millones de dólares adicionales.
Además, advirtió que levantar abruptamente las subvenciones a los combustibles generaría un efecto inflacionario inmediato y una mayor presión sobre el dólar. “El gobierno deberá administrar ese dilema con prudencia, porque cada decisión tiene costos sociales importantes”, indicó. Su recomendación principal: generar confianza ciudadana y credibilidad internacional para atraer recursos y estabilizar la economía.
El analista Fernando Romero, expresidente del Colegio de Economistas de Tarija, coincidió en que Bolivia ya se encuentra en recesión. “La situación se caracteriza por precios elevados, informalidad, pobreza en aumento y un déficit fiscal significativo que ha afectado al sector privado”, explicó a ANF. El desabastecimiento de carburantes y la escasez de dólares han golpeado con fuerza a la producción y al comercio.
Romero advirtió que el gobierno entrante deberá enfrentar un “dragón de tres cabezas”: recesión, falta de carburantes y escasez de divisas. “El tema de los carburantes es el más sensible para la población y el que más está impulsando la inflación”, aseguró. Planteó que las medidas iniciales deberán ser paliativas, ya que las reformas estructurales —como la reducción del gasto o la modificación del tipo de cambio— tendrían efectos sociales negativos inmediatos.
En materia de financiamiento, Romero recordó que existen más de 1.660 millones de dólares en créditos aprobados, pero no desembolsados por la Asamblea Legislativa. Considera que su ejecución inmediata podría aliviar las presiones fiscales del Estado y permitir al gobierno “ganar tiempo” para diseñar una estrategia de recuperación. También ve con buenos ojos un eventual apoyo del gobierno norteamericano para complementar ese financiamiento.
Respecto al horizonte temporal, Romero estimó que Bolivia necesitará al menos dos años para estabilizar su economía y entre cinco y diez años para generar un flujo sostenible de divisas que permita reactivar el aparato productivo. “Este (el de Rodrigo Paz) será un gobierno de transición, de recuperación. Su reto es rediseñar la política económica con pragmatismo, sin dogmas”, resumió.
El analista Martín Moreira coincidió en que Bolivia ha entrado en una crisis que combina bajo crecimiento con inflación y pérdida de reservas. Detalla que, aunque el PIB de 2024 creció un 0,73% y alcanzó los 50 mil millones de dólares, las exportaciones cayeron en 4.500 millones y la inflación se acercó al 10%. “Tenemos un déficit privado de dólares que bordea los 12 mil millones, lo que ha frenado la economía”, precisó en contacto con ANF.
Moreira advirtió que el país podría enfrentar una recesión técnica en 2026, aunque confía en que el nuevo equipo económico tome medidas que amortigüen el impacto. Su plan ideal contempla la obtención de 1.600 millones de dólares adicionales de organismos como el BID y la CAF, además de los créditos pendientes en la Asamblea. Con ese respaldo, sería posible estabilizar el tipo de cambio y reactivar sectores estratégicos.
Entre las medidas previstas, mencionó la devaluación controlada del boliviano o la instalación de una “banda de precios” para regular el dólar. “No superaría el 80 o 90%, pero permitiría sincerar el tipo de cambio y reducir la especulación”, explicó. Aunque reconoció que el costo de vida aumentaría, considera que la medida “sentaría las bases de una economía más transparente y sostenible”.
En un escenario favorable, Moreira proyectó que a fines de 2026 Bolivia podría registrar una contracción mínima de apenas 0,5%, con el dólar estabilizado, y que para 2027 el PIB volvería a crecer. Sin embargo, advirtió que, si las promesas de financiamiento y reforma no se cumplen, el país podría sufrir una caída del 2% del PIB y un agravamiento de la crisis de hidrocarburos.
El economista recalcó que para alcanzar una recuperación sostenible se necesitan reformas urgentes en leyes clave: minería, hidrocarburos, aduanas e impuestos. “Sin seguridad jurídica y reglas claras, no habrá inversión ni generación de divisas”, subrayó.
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