Las cárceles bolivianas guardan historias de encierro más allá de los barrotes. A la falta de espacio, higiene y seguridad se suma un problema que pasa inadvertido: la ausencia casi total de atención psicológica para las personas privadas de libertad.
Por: Wara Braulia Mamani Choquecahuana, periodista de LA PATRIA.
Fuente: La Patria
Mientras el Estado mantiene a más de 33.000 personas privadas de libertad, apenas tres psiquiatras y 22 psicólogos intentan cubrir una demanda que supera cualquier límite posible. La consecuencia es un sistema colapsado, donde el encierro agrava enfermedades mentales, multiplica los riesgos de suicidio y reduce las posibilidades de volver a la sociedad con dignidad.
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UNA CRISIS QUE ASFIXIA AL SISTEMA PENITENCIARIO
De acuerdo con el informe “Alerta temprana sobre la situación penitenciaria en Bolivia”, elaborado por la Defensoría del Pueblo a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2025), el país enfrenta un hacinamiento superior al 105 por ciento (%). A julio de 2025, la población penitenciaria alcanzaba las 33.058 personas, de las cuales el 55,9% se encontraba en detención preventiva. Este uso excesivo de la prisión preventiva, advierte la Defensoría, es una de las principales causas de la sobrepoblación y refleja fallas estructurales en el sistema judicial.
El mismo informe revela un panorama crítico: existen apenas 45 médicos, 16 odontólogos, tres psiquiatras y 22 psicólogos para toda la población penitenciaria. Esta escasez de personal especializado impide brindar atención adecuada a los internos, que viven en condiciones precarias de salud física y mental. Las cifras son alarmantes: el 90,64% de las muertes en custodia son por enfermedad, muchas de ellas prevenibles si se contara con atención oportuna.
La situación en Oruro ejemplifica la magnitud del problema. La directora Departamental de Régimen Penitenciario, Benigna Paredes, informó a LA PATRIA que el penal de San Pedro alberga 1.712 personas privadas de libertad, de las cuales unas 600 permanecen con detención preventiva, mientras que en el centro penitenciario femenino de La Merced hay 260 mujeres, el 10% también sin sentencia.
“Tenemos un médico, un odontólogo y una psicóloga del régimen penitenciario que atienden ambos centros. Además, alrededor de 20 personas entre pasantes, voluntarios y personal de apoyo colaboran en las áreas de salud, trabajo social y educación”, explicó.
La funcionaria admitió que los recursos son insuficientes. “No contamos con psiquiatra ni con psicólogos forenses. Tampoco existen lugares de rehabilitación para personas con drogodependencia o problemas psiquiátricos”, señaló. El trabajo psicológico se enfoca en terapias grupales y talleres ocupacionales, pero no logra abarcar a todos. “Sería bueno clasificar a los internos según su estado psicológico o tipo de trastorno, pero el hacinamiento no lo permite. En el futuro, con más infraestructura, esto debería considerarse”, añadió.
VOCES DESDE DENTRO: LA MIRADA DE LOS VOLUNTARIOS
Para Elina Carretero, voluntaria de la Pastoral Carcelaria del Obispado de Oruro, la situación que describe Paredes tiene un rostro humano visible todos los días. Ella lleva más de tres décadas acompañando a los internos de San Pedro y La Merced, brindando apoyo educativo y espiritual. “Desde que empezamos, hemos visto cómo los talleres de trabajo se han convertido en celdas. El espacio se redujo a tal punto que ya no hay lugar para respirar”, relató.
Carretero, abogada y educadora, considera que el problema va más allá del encierro físico. “Muchos de los privados de libertad son víctimas de la mala administración de la justicia. En Bolivia, la justicia no castiga la culpa, castiga la pobreza”, afirmó en una entrevista con LA PATRIA.
Según su testimonio, la falta de clasificación de delitos y el ingreso de jóvenes sin condena agravan el trauma psicológico. “Los que entran por primera vez, especialmente los jóvenes, sufren un impacto profundo. Son mezclados con reos peligrosos y salen peor de lo que entraron”, indicó.
La voluntaria también denunció las carencias estructurales en los penales: “Hay un psicólogo, una trabajadora social y un médico para cientos de personas. Es imposible que todos sean atendidos adecuadamente”.
A través de la pastoral, Carretero y un equipo de 18 voluntarios impulsaron espacios que hoy son fundamentales para la rehabilitación: la carpintería, la serigrafía y la biblioteca nacieron como proyectos voluntarios. “Ofrecemos cursos cortos, enseñanza de lengua quechua y talleres jurídicos. También acompañamos a las familias, aunque no logramos abarcar a todos. Nos preocupa mucho la salud mental de los jóvenes, muchos de los cuales, al salir, caen en adicciones o terminan en la calle”, contó.
Uno de esos casos la marcó profundamente. “Un muchacho entró a los 20 años por una acusación injusta. Salió a los 27, con un trauma tan fuerte que hoy vive alcoholizado, tirado en la calle Bolívar. Es el reflejo del daño psicológico que causa el sistema”, relató.
EL DETERIORO INVISIBLE
La psicóloga Yoselin Ponce, quien trabajó en el penal de San Pedro de La Paz, explicó que el encierro constante genera “hipervigilancia y tensión permanente”. Los internos desarrollan ansiedad, depresión severa, ataques de pánico e incluso conductas autolesivas. “La invasión del espacio personal y la falta de intimidad incrementan la irritabilidad y la violencia. En un ambiente donde nadie confía en nadie, la mente colapsa”, señaló.
Ponce advirtió que sin intervención psicológica el daño es irreversible. “Muchos internos desarrollan lo que se llama dependencia institucional. Al salir, no logran adaptarse a la libertad, necesitan que alguien los supervise o decida por ellos”. Si bien en Bolivia existen programas estatales de acompañamiento psicológico postpenitenciario, su implementación depende en gran medida del apoyo de organizaciones no gubernamentales y aún enfrenta limitaciones estructurales.
El informe de la Defensoría del Pueblo confirma que la sobrepoblación impide garantizar condiciones mínimas de dignidad y atención. La escasez de personal especializado, sumada a la falta de protocolos de evaluación psicológica, ha derivado en una desatención generalizada.
ENTRE LA REHABILITACIÓN Y EL ABANDONO
A pesar de las carencias, algunos centros penitenciarios intentan mantener programas educativos. Paredes explicó que “cada año entre 15 y 20 internos logran titularse como bachilleres con apoyo de la ONG Nueva Esperanza. Actualmente 11 estudian Derecho de forma virtual con la Universidad Autónoma del Beni”. En La Merced se reactivó un invernadero con apoyo de la Universidad Técnica de Oruro, lo que permite capacitar a las internas en producción agrícola.
Estos avances, sin embargo, no alcanzan. “El Estado debería garantizar más espacio, personal y programas de rehabilitación”, sostuvo Paredes. Las cárceles bolivianas siguen siendo más punitivas que preventivas, y los programas de reinserción apenas logran sostenerse con recursos limitados.
La voluntaria Carretero reconoció que existen esfuerzos institucionales, pero insuficientes: “Hay buena voluntad, pero el penal tenía capacidad para 300 personas y hoy sobrepasa las mil. Aunque hay talleres de carpintería o marroquinería, son pocos los que pueden acceder. Dentro del penal, el dinero sigue marcando diferencias: quien puede pagar obtiene una mejor celda o atención, y quien no, queda relegado”.
CORRUPCIÓN Y DESIGUALDAD TRAS LOS MUROS
Carretero también denunció irregularidades que, según ella, son parte del sistema. “Los internos deben pagar para salir a una audiencia o incluso para acceder a una celda. Nosotros sabemos que muchas familias pagan sumas extraoficiales por mejores condiciones. Quien tiene dinero vive mejor dentro del penal”, afirmó.
Esta afirmación refleja un patrón que la Defensoría ha documentado en años anteriores: la desigualdad económica dentro de las cárceles genera jerarquías informales y refuerza la exclusión social. Los más pobres, que no pueden pagar por espacio o defensa legal, son quienes permanecen más tiempo tras las rejas.
Sin embargo, el problema no es solo numérico. Según la psicóloga Ponce, los profesionales en salud mental carecen de reconocimiento legal dentro del sistema estatal. Aclaró que trabajó en el penal de San Pedro de La Paz debido a un convenio entre el centro penitencio y el Colegio Nacional de Psicólogos.
“Los psicólogos no cuentan con ítems propios y muchas veces figuran como personal administrativo”, señaló. El Colegio Nacional de Psicólogos de Bolivia impulsa desde 2020 un proyecto de ley sobre el ejercicio profesional de la Psicología, aprobada por el Senado, pero rechazada recientemente por la Cámara de Diputados, lo que retrasa su aplicación.
MEDIDAS PALIATIVAS: EL INDULTO PRESIDENCIAL
En un intento por aliviar la sobrepoblación, el Gobierno promulgó recientemente un decreto presidencial de indulto. El director nacional de Régimen Penitencia, Juan Carlos Limpias, considero que el indito beneficiara a aproximadamente 5.000 privados de libertad.
Paredes informó que en Oruro beneficiará a entre 400 y 500 internos del penal de San Pedro y a cerca del 50% de las mujeres en La Merced. “El indulto va a descongestionar los penales, pero no resuelve las causas del hacinamiento”, aclaró.
La funcionaria propuso aprobar proyectos de ley complementarios, como el uso de manillas electrónicas, la ampliación de la libertad condicional y la modificación de la Ley 2298, que regula la ejecución penal. Estas medidas, junto con una mejor infraestructura y más personal especializado, podrían reducir la presión sobre el sistema penitenciario.
LECCIONES DEL EXTERIOR
El problema de salud mental en cárceles no es exclusivo de Bolivia, pero las diferencias en la respuesta estatal son evidentes. Un estudio publicado en 2024 en la revista The Lancet, titulado “Incidencia mundial de suicidios en prisión: una revisión sistemática con análisis de meta-regresión”, realizado por investigadores de Chile, Reino Unido y la Universidad de Oxford, reveló que Bolivia posee una de las tasas de suicidio más altas de Latinoamérica: 442 casos por cada 100.000 internos, muy por encima del promedio regional.
El psiquiatra chileno Adrián Mundt, coautor del estudio, explicó que el riesgo de suicidio aumenta cuando no existe intervención psicológica ni clasificación adecuada de los internos. Según explicó la psicóloga Ponce, en países como Estados Unidos, los acusados son sometidos a evaluaciones psicológicas antes de recibir sentencia, lo que permite distinguir a quienes padecen trastornos mentales graves y derivarlos a instituciones especializadas.
Para Ponce, Bolivia debería adoptar políticas similares. “Si se demuestra clínicamente que una persona tiene un trastorno mental, debe ser enviada a otro sistema. En nuestro país eso no ocurre, y se mezclan entre personas con problemas psicológicos con reos comunes, lo que representa un gran riesgo como generar violencia”, advirtió.
En América Latina existen ejemplos alentadores. En Chile y Uruguay, la implementación de programas de tamizaje psicológico, control de medicación y seguimiento terapéutico postliberación ha reducido los índices de violencia y reincidencia, según reportes de las dependencias gubernamentales de estos países.
Los programas en estos países, según indican la administración de los mismos, incluyen entrevistas clínicas obligatorias y la derivación de casos críticos a hospitales psiquiátricos. En Bolivia, estos procesos aún dependen de convenios universitarios y de esfuerzos voluntarios, sin respaldo sostenido del Estado.
HACIA UNA POLÍTICA PENITENCIARIA HUMANIZADA
Los informes coinciden en que las cárceles bolivianas carecen de un enfoque integral de salud mental. La Defensoría del Pueblo propone medidas concretas: aplicar alternativas a la detención preventiva, aumentar los programas de reinserción social y garantizar mayor personal médico, incluyendo especialistas en salud mental.
Ponce sostiene que la clave está en incorporar evaluaciones psicológicas antes, durante y después del proceso judicial. Por su parte, Carretero, desde su experiencia pastoral, cree que la rehabilitación solo será posible cuando se recupere la dimensión humana del sistema penitenciario. “No todo en la cárcel es malo. Existe mucha solidaridad entre los privados de libertad, pero esa humanidad se pierde cuando las instituciones los abandonan”, reflexionó.
UNA DEUDA PENDIENTE CON LA SALUD MENTAL
Las conclusiones de los informes y testimonios son claras: el hacinamiento y la falta de atención psicológica no solo vulneran derechos humanos, sino que perpetúan un ciclo de exclusión. Sin atención integral, los internos salen de las cárceles con heridas invisibles que la sociedad no sabe curar.
A medida que el país intenta aliviar la sobrepoblación mediante indultos o convenios temporales, la verdadera tarea pendiente sigue siendo la más profunda: sanar las mentes que el encierro enferma.
Porque una justicia que encierra sin curar no rehabilita; solo repite el castigo una y otra vez.
/LA PATRIA intentó ingresar a los penales de San Pedro y La Merced; sin embargo, las autoridades competentes denegaron el permiso argumentando que el acceso resultaba complejo por la resistencia de algunos internos a ser grabados y por la falta de garantías de seguridad para el personal periodístico dentro de los recintos.