Fuente: eldeber.com.bo
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La exvocal Claudia Castro y la abogada Suleika Lanza intercambiaron acusaciones, respecto de quiénes serían los responsables del “homicidio – suicidio” del que presuntamente fue víctima el exjuez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, entorno del denominado caso consorcio.
Por otro lado, el “testigo clave” de los casos de presunto golpe de Estado I y II, Antonio de la Fuente, quien a su vez se encuentra en calidad de prófugo en el caso consorcio, declaró a EL DEBER que se considera uno de los más perjudicados con el fallecimiento de Lea Plaza.
“Lamento mucho por lo que pasó en el señor juez, pero creo que yo soy el más perjudicado con su muerte, porque él tenía que declarar en mi favor. (El juez Lea Plaza) tenía que declarar que no nos conocíamos y que no fui yo quien presentó esa acción de cumplimiento. Han adulterado mi firma y a mí no me notificaron con la fecha y hora de la audiencia”, afirmó De la Fuente, en contacto con este medio.
Declaró que teme por su vida y por su seguridad jurídica, por lo que mantiene su decisión de mantenerse oculto “en la casa de un militar”. Sin embargo, afirmó que está dispuesto a declarar de forma virtual, si el fiscal a cargo del caso lo dispone así.
Contradicciones
De la Fuente, quien cuenta con un historial de varias denuncias de estafa y extorsión, desde mayo, hizo gestiones para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspenda del cargo a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
De acuerdo a los antecedentes. De La Fuente acusó a la magistrada de falsear los documentos que presentó ante la Asamblea Legislativa, sobre el ejercido como docente en la Universidad Bolivariana, un dato que le permitió calificar para los comicios judiciales en los que fue electa en 2024.
Una de esas últimas gestiones, fue la contratación del abogado José Ramiro Uriarte, a quien le encomendó redactar una acción de cumplimiento, para presentarla ante el juzgado de Coroico, en donde ejercía Lea Plaza. No obstante, ahora niega que el haya presentado ese documento y exige que se haga un análisis grafológico de la firma.
Asimismo, señala a Uriarte por redactar el documento sin mostrarle su contenido; además , asegura que no fue notificado para la audiencia que se realizó de forma virtual, en la que Lea Plaza emitió el fallo en su favor. De la Fuente sostiene que se enteró de la audiencia “de casualidad” y la siguió mientras estaba de viaje a Santa Cruz.
Las acusaciones
La exvocal Castro, afirmó que la imputación por la cual ahora debe cumplir una detención preventiva en la Centro de Orientación Femenina de Obrajes, es una “confabulación” en su contra, a raíz de las denuncias que recibió por parte de un grupo de “víctimas de Eduardo León”, mientras ella era parte del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).
Castro sostiene que León no cumple con los requisitos académicos para ejercer como abogado, por lo cual varios de los casos en los que participó son nulos. Las declaraciones de la exvocal surgen luego de que se conoció que revocaron su detención domiciliaria, en audiencia de apelación, el martes.
Asimismo, señaló a la pareja del jurista, Suleika Lanza, quien a su vez fue abogada de Lea Plaza, como la persona que lo orilló a que este tome la decisión de atentar contra su vida, debido a que, supuestamente, el exjuez pretendía “decir la verdad” y dejar en claro que ella, como vocal, no tuvo participación en el caso consorcio.
En respuesta, Lanza afirmó que no pretendía “perder su tiempo” con una respuesta a los dichos de Castro, a quien calificó de una persona sin credibilidad, pero remarcó que existen motivos para creer que fue la exvocal y otros implicados, quienes con ayuda de funcionarios del Régimen Penitenciario, agredieron y amenazaron a su cliente, mientras este estaba preso en la cárcel de San Pedro, con el fin de que cambie su declaración y libre de responsabilidad al exministro de Justicia, César Siles y a Castro.
Indicios
Lanza mencionó los elementos que implican a la exvocal, al exministro y a otras exautoridades judiciales. En el caso de Castro, remarcó que existen mensajes de texto, por WhatsApp, con el exjuez Lea Plaza, en los que se evidencia que fue ella quien redactó la resolución, e incluso le envió las correcciones y enmiendas que la defensa de la magistrada Coaquira interpuso en audiencia.
Recordó que Lea Plaza reveló ante la Fiscalía, el audio de una llamada con una voz atribuida a Siles, en la que le prometen protección ante un proceso penal o una represalia por parte de Coaquira.
En esa conversación, el exministro afirma que todo se hacía bajo la coordinación de fiscales, el magistrado suplente de Coacquira, Iván Campero y el entonces presidente del TDJ, Yván Córdova. De la misma forma, Lanza recordó que existen registros de reuniones coordinadas por Castro y otros vocales.