De acuerdo con los datos proporcionados por la máxima autoridad del Ministerio Público, de los 119 casos atendidos a nivel nacional, 50 corresponden al departamento de Santa Cruz, 33 a La Paz, 9 Chuquisaca, 9 Beni, 7 Cochabamba, 4 Tarija, 3 Oruro, 3 en Pando y 1 en Potosí.
eju.tv
Fuente: Fiscalía General del Estado
El fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó este martes que, durante el domingo 19 de octubre, cuando se realizó el balotaje para elegir al presidente de Bolivia, se atendieron 119 casos a nivel nacional y, en coordinación con la Policía Boliviana y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), se ejecutaron 169 mandamientos de aprehensión en contra de personas declaradas en rebeldía.
“El Ministerio Público ha dispuesto que las fiscalías departamentales, en coordinación con la Policía, activen los mecanismos necesarios para garantizar la atención e investigación de todo hecho delictivo que se registre durante la jornada electoral, en ese marco, hemos recibido el informe de cada Fiscalía Departamental que dan cuenta de la existencia de 119 nuevos casos abiertos por distintos hechos que van desde delitos electorales, violencia familiar o doméstica, robo, hurto, entre otros”, informó Mariaca.
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De acuerdo con los datos proporcionados por la máxima autoridad del Ministerio Público, de los 119 casos atendidos a nivel nacional, 50 corresponden al departamento de Santa Cruz, 33 a La Paz, 9 Chuquisaca, 9 Beni, 7 Cochabamba, 4 Tarija, 3 Oruro, 3 en Pando y 1 en Potosí.
Asimismo, de los 169 mandamientos de aprehensión, 64 se ejecutaron en Tarija, 36 en Beni, 17 en Oruro, 13 Cochabamba, 10 La Paz, 9 Santa Cruz, 8 Pando, 6 Chuquisaca y 6 Potosí. Como resultado del trabajo interinstitucional, se logró la ejecución efectiva de nueve órdenes de aprehensión de personas que contaban con notificaciones de Interpol, de los cuales 5 son con fines de extradición y 4 deberán asumir defensa por delitos investigados en el país.
Este trabajo se desarrolló durante la jornada electoral bajo estrictos protocolos legales y respetando los derechos fundamentales de las personas involucradas.